Van por la dolarización y resucitan el patacón

OPINIÓN 04/05/2023 Alejandro Rodríguez*
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La dolarización es, y ha sido, una extraordinaria excepción en América Latina. Y siempre se aplicó en países con sistemas de gobierno unitario, nunca en el federalismo, cuya gobernabilidad es más compleja y desafiante.

En noviembre de 1903, el proceso que culminó por independizar a Panamá de Colombia no estuvo disociado del interés de Estados Unidos por la construcción de un canal que conectara el Océano Atlántico con las aguas del Pacífico. La dolarización panameña, adoptada en 1904, tampoco fue ajena a los intereses comerciales que revolucionarían el comercio marítimo a través de lo que sería el Canal de Panamá. De esa manera, uno de los tres países de América Latina que adoptó el dólar estadounidense como moneda, lo hizo en el contexto de una estrategia comercial y geopolítica, no en el marco de una crisis, hace ya 120 años.

Casi cien años después, también El Salvador dolarizó su economía por razones distintas a las de una crisis. Intereses comerciales y la intención de buscar un tratado de libre comercio con Estados Unidos empujaron la decisión, puesta en marcha a partir del primer día del año 2001, con la entrada en vigencia de la denominada Ley de Integración Monetaria.

Sólo un país de la región adoptó el dólar en medio de una crisis profunda; fue Ecuador. Lo hizo el 9 de enero de 2001, bajo la presidencia de Jamil Mahuad, que pocos días después se vería obligado a dejar el poder.

Hay, sin embargo, un componente institucional medular que asimila a los tres “dolarizados” de América Latina: Panamá, Ecuador y El Salvador son países unitarios. Así lo establecen sus normas constitucionales. En los tres casos, las autoridades de los estados subnacionales, que equivalen a las provincias en el federalismo argentino, son designadas y conducidas por el poder central. Se trata de funcionarios delegados del poder ejecutivo nacional.

No es el caso de la Argentina, que “adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal” en el primer artículo de la Constitución Nacional.

Así, las decisiones del gobierno central “conviven” necesariamente con las políticas que formulan veintitrés provincias y una Ciudad Autónoma, cuyas autoridades ejecutivas son elegidas por el voto popular y cuentan -mayoritariamente- con el derecho de al menos una reelección, tienen poderes legislativos elegidos también democráticamente, poderes judiciales propios y organismos de control en sus jurisdicciones, así como sistemas tributarios y de recaudación diferentes a los nacionales.

Si bien la propia Constitución atribuye materias específicas al dominio decisorio del gobierno central y, en otros casos, al de las provincias, lo cierto es que existe una multiplicidad de casos en los que se requieren acuerdos explícitos entre los distintos niveles jurisdiccionales para que las decisiones adoptadas sean legítimas.

Cuestión aparte y no menos significativa resulta la imperiosa necesidad de coordinación entre Nación y provincias, especialmente en lo que concierne a la implementación de políticas. A ello contribuye una variedad de consejos federales y órganos ad-hoc por áreas, que reúnen a funcionarios del gobierno central y de las provincias.

En rigor, las diferencias entre los sistemas unitarios y los federales, a la hora de adoptar e implementar políticas, son tan profundas que ni siquiera los expertos terminan de dar cuenta completa de ellas.

En el federalismo argentino, la moneda y el manejo de la deuda exterior son potestad exclusiva de la Nación, lo que haría presumir que si un gobierno se embarcara en una política de dolarización no habría margen para que, desde las provincias, surjan interferencias o solapamientos de ningún tipo. Sin embargo, la dinámica realidad institucional argentina puede comportarse de un modo distinto a las presunciones que de ella se tienen.

La historia reciente merece ponderar algunas advertencias al respecto.

Hay que consignar que sobre finales de la Convertibilidad, en los años 2000 y 2001, llegaron a circular legalmente en Argentina más de una decena de cuasimonedas emitidas por los estados provinciales, que se multiplicaron en la medida que se mantenían las rigideces e insuficiencias de la política económica vigente.

Conviene destacar que inicialmente muchos de esos bonos sirvieron como medio de pago para abonar a proveedores, luego también se usaron para atender las remuneraciones al personal y a los jubilados y, más tarde, se extendió su uso a todo tipo de transacciones comerciales, cumpliendo parcialmente el rol análogo a una moneda en términos transaccionales.

Algo queda por advertir y su importancia es vertebral: en algunos días de 2001 y de 2002, con la cuasimoneda de la Provincia de Buenos Aires denominada “Patacón”, que por distintas razones -extensas de desarrollar aquí- logró cotizar 1 a 1 con el peso, se podían comprar dólares en el mercado informal del microcentro de la ciudad de Buenos Aires. Sí, se compraban billetes de dólares -al tipo de cambio informal- con “billetes” de patacones.

Lograda la normalización de la situación económica argentina, se generaron las condiciones para terminar con las cuasimonedas.

Sobre el final del gobierno de Eduardo Duhalde, con Roberto Lavagna al timón de la economía, el crecimiento económico rozaba el 9% anual, la producción y el empleo aumentaban exponencialmente y la inflación estaba seriamente controlada, mientras la soja todavía cotizaba a menos de la mitad de lo que llegó a valer durante las presidencias de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner y de Mauricio Macri.

En ese marco, al iniciar el proceso de canje por pesos de todas las cuasimonedas circulantes, el propio Lavagna -junto al Secretario de Hacienda Jorge Sarghini- anunciaba la vigencia plena de la moneda nacional destacando que la “reunificación monetaria significará que quienes cobran salarios y jubilaciones en las administraciones provinciales podrán hacerlo en una moneda de circulación única y, sin duda, eso tendrá un efecto positivo sobre las economías provinciales”.

En esa época, también andaban dando vueltas los promotores de la dolarización. Viudos de la Convertibilidad, financistas empedernidos o académicos voluntariosos pero siempre extraviados, varios de ellos combinaban la receta dolarizadora con la desaparición de los bancos en el país, dando paso a una banca off shore.

Hubo quienes llegaron a considerar la propuesta de establecer en el país un gobierno de tecnócratas extranjeros que asumieran directamente el manejo de áreas críticas como el control del gasto público, la administración impositiva y tributaria, y la emisión. Luego de un período de “intervención”, los “cráneos” nos pondrían a merced de una asistencia de organismos internacionales, pero con la garantía de haber realizado ellos “el trabajo previo”.

Veinte años después, la ola dolarizadora recupera bríos y enamora a desprevenidos o desesperanzados. Habría que advertirles, con respeto, que Panamá, Ecuador y El Salvador no pueden compararse con Argentina. Que aquí, en el federalismo, las provincias son gobernadas por autoridades elegidas por el voto popular y en ocasiones toman decisiones distintas o contrapuestas al gobierno central.

Habrá que recordarles que en el pasado reciente muchas provincias reaccionaron al corset de la Convertibilidad emitiendo bonos provinciales, que cumplieron funciones similares a las de la moneda oficial.

En fin, que gobernar el federalismo es significativamente más complejo que mandar en los sistemas unitarios. Y que una política de dolarización requeriría algo más que tener ganas de hacer promesas.

No sea cosa que yendo por lana terminemos esquilados. Van por la dolarización, pueden resucitar el Patacón.

 

 

* Para www.infobae.com

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