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El culto a la intransigencia política gana terreno entre los libertarios y desorienta tanto a aliados como opositores

OPINIÓN 03/01/2024 Mariano Spezzapria*
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El vocero presidencial Manuel Adorni se despachó ayer con tres frases elocuentes en plena conferencia de prensa en la Casa Rosada. “No se negocia estar con la Argentina libre”; “no termino de entender qué es esto de ir para el costado o para atrás”; “el presidente no se va a mover ni una línea de esa postura”. Fiel al libreto que le baja Javier Milei, el funcionario no hizo más que oficializar el culto libertario a la intransigencia que tanto se comenta en este incipiente 2024. 

En efecto, la idea de la no negociación que emana desde la mesa chica del gobierno mantiene desorientados a propios y extraños. Tanto los aliados aspiracionales del presidente -aquellos que le piden que “se deje ayudar”- como los que ya tienen claro que estarán en la vereda de enfrente de su administración, no logran comprender la lógica que guía al pequeño grupo gobernante para avanzar con mega-reformas sobre las cuales no genera un consenso previo.

Los “desorientados” no son actores menores del sistema político-institucional: desde los gobernadores de todos los colores, que deben pagar salarios y se preguntan por qué no los llaman a negociar; los “gordos” de la CGT que no se sienten cómodos convocando a un paro; los bloques legislativos que imaginan cambios a la ley ómnibus pero no reciben ninguna señal de la Casa Rosada; hasta los jueces que prefieren que el destino del mega DNU lo decida la política y no los tribunales.

Todos esos actores se preguntan -también lo hace el campo que está “decepcionado” con la suba de retenciones- cómo piensa hacer Milei para que efectivamente pueda instrumentarse la catarata de cambios que chorrean el DNU y la ley ómnibus, más allá de sus apelaciones a la “catástrofe económica” de “proporciones bíblicas” que se desatará en caso de que los otros poderes del Estado -el Congreso y la Justicia- le pongan un dique de contención a sus demandas.

El discurso de fin de año del presidente Milei y las respuestas del vocero Adorni no ofrecieron ninguna señal favorable al diálogo político que sería necesario para que las reformas se corporicen más allá de la voluntad oficial. De hecho, el mandatario volvió a apelar al apoyo de “los argentinos de bien” frente a la “casta” que -de acuerdo a su razonamiento- intenta mantener sus “privilegios”. Para el Presidente, el Congreso de la Nación es la representación más palmaria de la casta.

No por casualidad su primer discurso oficial lo dio de espaldas al palacio legislativo, al que considera uno de los problemas del país, antes que un facilitador de potenciales soluciones. En su avanzada “a todo o nada”, Milei cuenta con una aliada incondicional: su ministra Patricia Bullrich, a quien derrotó en las urnas pero que le hizo igualmente un inmenso favor al apoyarlo de cara al balotaje. Aún se recuerda la consigna “es todo o es nada” de la excandidata de Juntos por el Cambio.

Con larga experiencia en el trasiego de la negociación política, Bullrich ya salió a reclamar a los diputados y senadores que entraron al Congreso en las listas de JxC que piensen bien a quién representan. Su razonamiento es que la gran mayoría del electorado de la coalición se volcó favorablemente a Milei en la segunda vuelta contra Sergio Massa y que entonces el mandato recibieron sus integrantes es el de apoyar el cambio político, aunque ahora lo encarne un libertario.

Pero una parte de lo que fue esa coalición -ahora desparramada en bloques de Pro, la UCR y Cambio Federal- no está dispuesta a cederle a Milei las facultades legislativas excepcionales que reclama en la ley ómnibus -hasta 2025, prorrogable al final de su mandato en 2027- sin antes asegurarse que serán atendidas algunas de sus demandas políticas y económicas. En ese marco, la Cámara de Diputados inició las sesiones extraordinarias pero está lejos de sesionar.

La indefinición legislativa no es reprochable solamente al inexperto presidente de la Cámara baja, Martín Menem, sino también a la nula voluntad de la Casa Rosada de habilitar negociaciones para conformar mayorías parlamentarias. En este escenario, ya hay especulaciones en torno a los plazos del “primer fracaso” de Milei para avanzar con la ley ómnibus y en la apertura de una segunda etapa en la que el presidente se vería forzado a terminar con la “estudiantina libertaria”.

También en el campo opositor florecen las especulaciones políticas. El peronismo, en sus ramales ejecutivos, legislativos y sindicales, entiende que no puede forzar la marcha -salvo manifestar su descontento en las calles y diferenciarse en el plano discursivo- porque el clima social no toleraría un nuevo fracaso gubernamental tras los de JxC y del propio Frente de Todos que catapultaron la emergencia de Milei. “Si eso pasa, vamos a 2001 y eso nos lleva puestos a todos″, advierten en el PJ.

Con Massa alejado de los primeros planos tras la derrota electoral y Cristina Kirchner en ritmo estival, es Axel Kicillof el que se planta frente al espejo de Milei como un rival directo, incluso en las reuniones con los gobernadores. Y al contrario que el presidente, no vacila en tejer acuerdos políticos para ganar gobernabilidad: tanto la UCR como el Pro le votaron la ley impositiva y el endeudamiento, luego de asegurarse un fondo especial para las intendencias municipales.

Pero para Milei y los libertarios ese “toma y daca” es uno de los problemas de fondo que afronta el país. No conciben la política como “el arte de lo posible”, como paradójicamente solía definirla Carlos Menem, el ídolo noventista del presidente. Por el contrario, invocan a las “fuerzas del cielo” cuando les hacen notar que están en minoría en el Congreso y que la Justicia podría frenar el mega DNU por inconstitucional. En ese punto, la postura política muta en una causa metafísica.

Dentro del gobierno, hay un ala dura que se está imponiendo sobre los funcionarios considerados como dialoguistas. El asesor estrella Federico Sturzenegger -el autor intelectual del plan de desregulación de la economía- y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, se cuentan entre los intransigentes, según coinciden en señalar diversas fuentes políticas y sindicales. En cambio, el ministro del Interior, Guillermo Francos, es un interlocutor válido para los gobernadores y la CGT.

Pero la balanza interna en el gobierno está notablemente inclinada: la hermana del presidente, Karina Milei, que hace las veces de secretaria general, también está señalada como parte del sector más duro de la administración libertaria. Y no solo tiene influencia en la agenda del mandatario o en cuestiones logísticas como los traslados y los viajes, sino que también participa intramuros de las conversaciones con los diputados oficialistas que buscan sancionar la ley ómnibus.

En definitiva, es el propio Milei quien está convencido de que si cede ante sus aliados y la oposición en la primera de cambio, entonces quedará marcado para el resto de su mandato. El presidente quiere resetear el sistema político, pero lo hace desconociendo las más elementales reglas de la negociación. Eso no hace más que inquietar a gobernadores, legisladores y sindicalistas acostumbrados a tener influencia a la hora de las decisiones trascendentes.

 

 

* Para La Nación

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