Los concejales opositores del PJ también reclaman por la inseguridad creciente en Rafaela

• Los concejales Caruso, Senn, Racca y Soltermam presentaron tres iniciativas para mejorar la seguridad en Rafaela.
• La propuesta busca instar al Departamento Ejecutivo Municipal a tomar medidas frente a la creciente inseguridad y la falta de respuesta de la Intendencia.
• Se solicita la reincorporación de la Policía de Acción Táctica (PAT), despedida por la Provincia, que era fundamental para la seguridad local.
• El Ministerio de Seguridad indicó que la PAT podría regresar si es necesario, pero los concejales enfatizan que la situación ya lo justifica.
• Se demanda la implementación efectiva de la Ordenanza N.º 5436 sobre videovigilancia público-privada, aprobada en 2022, que aún no ha sido ejecutada.
• Existe una preocupación sobre la falta de transparencia y progreso en el cumplimiento de la normativa.
• También se exige el cumplimiento de la Ordenanza N.º 5536, que regula la compra y venta de metales no ferrosos para evitar el comercio de bienes robados.
• Los ediles advierten sobre la ineficacia de las ordenanzas si no se ejecutan adecuadamente.
• La concejal Soltermam asegura que la ciudadanía no debe resignarse a un clima de abandono municipal y que la gestión debe asumir responsabilidades.

Los cuatro concejales opositores del PJ, María Paz Caruso, Juan Senn, Martín Racca y Valeria Soltermam, presentaron tres iniciativas legislativas para instar al Departamento Ejecutivo Municipal a que implemente medidas concretas ante la creciente inseguridad en la ciudad.
Los concejales, del bloque opositor, destacan la falta de respuesta de la Intendencia en materia de seguridad y su incumplimiento con las demandas dirigidas al gobierno provincial. En particular, solicitaron la reincorporación de la Policía de Acción Táctica (PAT), que retiró su base operativa en la ciudad, lo que limitó el apoyo a la Unidad Regional V y la Guardia Urbana Rafaelina. La respuesta del Ministerio de Seguridad indica que el retiro fue para toda la provincia, aunque está abierto a revaluar la situación. Sin embargo, los ediles consideran que la inseguridad actual ya justifica su retorno.
“No se trata de un simple ajuste de recursos, sino de la seguridad de miles de vecinos”, afirmó Senn, destacando la ausencia de la PAT como un problema creciente en la comunidad.
Otra de las propuestas se refiere a la implementación de la Ordenanza N.º 5436, que creó un Programa de Videovigilancia Público-Privada en 2022. A más de dos años de su aprobación, no ha habido avances significativos en la incorporación de cámaras al sistema de monitoreo municipal, algo que genera desconfianza en la ciudadanía. Racca expresó que “la videovigilancia no puede quedar en el olvido, y la falta de acción del Ejecutivo socava la confianza en las instituciones”.
Finalmente, solicitaron el cumplimiento de la Ordenanza N.º 5536, que regula la compra y venta de metales no ferrosos para prevenir el comercio de bienes robados. Hasta la fecha, los concejales advierten que no hay información sobre su aplicación, lo que limita su efectividad.
Caruso enfatizó que “las ordenanzas necesitan ser ejecutadas”, y alertó sobre la percepción de desinterés en el cumplimiento normativo. Soltermam, por su parte, subrayó la necesidad de que la gestión municipal asuma sus responsabilidades y no ignore las demandas de seguridad, independientemente de las alineaciones políticas. 
“Buscamos un cambio; no permitiremos que la inseguridad se normalice”, concluyó.