Proponen incluir el derecho a la alimentación para indigentes en la Constitución de Santa Fe

• El Movimiento Los Sin Techo y el Colegio Mayor Universitario presentaron una propuesta para incluir en la reforma constitucional de Santa Fe un artículo que reconozca la indigencia como problema social y obligue al Estado a garantizar alimentación adecuada a quienes no pueden cubrirla.
• Actualmente, la Constitución provincial no menciona la indigencia; la propuesta busca llenar ese vacío con un mandato claro y operativo.
• La iniciativa plantea que el Estado cubra la diferencia entre los ingresos actuales de las familias indigentes y el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), calculada por el IPEC.
• Ejemplo: una familia tipo en Santa Fe necesita $420.101 mensuales para alimentarse, pero recibe $238.396, dejando una brecha de $181.705 que debería cubrir el Estado.
• Se enfatiza la importancia ética y política de transformar la ayuda alimentaria en una obligación jurídica vinculante.
• La propuesta pone especial atención en la infancia, donde la desnutrición tiene efectos irreversibles y limita el acceso a otros derechos fundamentales.
• Busca que la Constitución refleje un compromiso real y concreto con la seguridad alimentaria como base para el ejercicio pleno de los derechos humanos.

En el marco del proceso de reforma constitucional que atraviesa la provincia de Santa Fe, una propuesta concreta y de fuerte contenido social fue presentada por el Movimiento Los Sin Techo y el Colegio Mayor Universitario. El planteo, ingresado formalmente bajo el expediente EE-2025-00000034, busca saldar una deuda histórica: incorporar en la nueva Carta Magna provincial un artículo que reconozca la indigencia como una problemática específica y obligue al Estado a asegurar alimentación periódica, suficiente y de calidad a las personas en situación de pobreza extrema.

“La palabra ‘indigente’ no aparece en la actual Constitución de 1962. Es tiempo de reparar ese vacío”, señala el documento, que se apoya tanto en datos del INDEC como en la experiencia territorial acumulada durante más de 40 años por el Movimiento Los Sin Techo. La iniciativa define a la indigencia en términos concretos: la imposibilidad de acceder a una Canasta Básica Alimentaria (CBA). Y a partir de allí, propone una solución igual de concreta: que el Estado provincial cubra de forma directa y automática la brecha entre lo que perciben estas familias —por ejemplo, a través de la AUH o la Tarjeta Alimentar— y el costo actualizado de la CBA, calculado por el IPEC.

Una cláusula constitucional con efecto inmediato

La redacción propuesta para la nueva Constitución es clara y operativa:

“La Provincia de Santa Fe procurará eliminar la indigencia, asegurando la alimentación periódica, suficiente y de calidad a las personas y/o familias que estén impedidas de obtenerla por sí mismas.”
Además, especifica que el Estado deberá actuar sin dilaciones: la prestación debe ser “obligatoria, directa e inmediata” cada vez que una familia esté por debajo del umbral alimentario.

Según cifras presentadas por la organización, una familia tipo en la ciudad de Santa Fe necesita hoy $420.101 mensuales para cubrir sus necesidades alimentarias básicas. Pero los ingresos reales que perciben (sumando AUH y Tarjeta Alimentar) alcanzan solo $238.396, lo que deja una brecha de $181.705. Ese monto, afirman, debe ser cubierto por el Estado para garantizar una nutrición mínima adecuada.

Del imperativo moral a la obligación jurídica

La propuesta también incluye un fuerte componente ético. “El indigente es un ser sufriente, en emergencia alimentaria. Todos tenemos la responsabilidad de operar rápido y a escala masiva frente a este drama”, enfatizan desde el Movimiento Los Sin Techo. Y agregan: “Eliminar la indigencia no es una utopía, es una decisión política. Y puede convertirse en una obligación jurídica si queda plasmada en la Constitución.”

La iniciativa pone el foco especialmente en la infancia, subrayando que la falta de nutrición en los primeros años de vida genera consecuencias irreversibles en el desarrollo físico, cognitivo y emocional. Por eso, aseguran, garantizar el derecho humano a la seguridad alimentaria no es solo una medida paliativa, sino una base indispensable para el acceso pleno a otros derechos como la salud y la educación.

Una reforma con nombre y rostro

En medio de un proceso constitucional que muchas veces se percibe abstracto o distante, esta propuesta busca ponerle nombre y rostro a uno de los sectores más postergados de la sociedad. No se trata solo de un artículo más en la nueva Constitución, sino de una apuesta por convertir el principio de solidaridad en una herramienta de transformación real. Porque como sostienen sus impulsores, “sin pan no hay derechos”.