Santa Fe abre una agenda legislativa histórica tras la entrada en vigencia de su nueva Constitución

• La reforma constitucional santafesina obliga a sancionar al menos 20 leyes para reglamentar artículos y disposiciones transitorias.
• Prioridades inmediatas: nueva Ley Electoral y régimen de partidos para las elecciones de 2027.
• Se deberá aprobar antes de septiembre de 2027 una nueva Ley de Coparticipación y, en un año, una nueva Ley Orgánica de Municipios.
• Se amplían derechos: podrán votar mayores de 16 años y extranjeros en comicios provinciales.
• Se evaluarán cambios en la autoridad electoral, pisos mínimos para bancas y diseño de la Boleta Única.
• La agenda incluye leyes sobre servicios públicos, participación ciudadana, Poder Judicial y Defensoría del Pueblo.

Con la reciente reforma constitucional en Santa Fe, el tablero político provincial se prepara para un período de intensa actividad legislativa. La entrada en vigencia del nuevo texto obliga al dictado de al menos una veintena de leyes reglamentarias y transitorias. Entre ellas, destacan por su peso político y social la futura Ley Electoral y el régimen de partidos políticos, así como una renovada Ley de Coparticipación y una nueva Ley Orgánica de Municipios.

El cambio más urgente se vincula al régimen municipal. Los intendentes y presidentes comunales lograron incluir en las cláusulas transitorias el compromiso de sancionar, antes de septiembre de 2027, una nueva norma de coparticipación que redistribuya los fondos provinciales. Este reclamo se arrastra desde hace décadas: la actual Ley N.º 7457, sancionada en 1975, ha sufrido solo ajustes menores mientras los municipios asumieron mayores responsabilidades, desde servicios urbanos hasta salud y educación. El equipo económico que lidera Pablo Olivares comenzará a trabajar en las próximas semanas en una propuesta que, según adelantaron en Casa Gris, deberá ser discutida con el Ejecutivo y con los bloques legislativos de Unidos.

El gradualismo asoma como la estrategia probable: trasladar más recursos a los gobiernos locales a lo largo de varios mandatos para evitar desequilibrios financieros. Un antecedente ilustra la complejidad del proceso: en los años 90, un recorte en el reparto de Ingresos Brutos recién fue revertido años más tarde por una ley impulsada por el entonces diputado Carlos Fascendini. Ahora, la reforma constitucional va más allá: elimina la figura de comunas y plantea áreas metropolitanas y regiones como nuevos niveles de organización territorial. La nueva Ley Orgánica de Municipios deberá reflejar este esquema.

Otro punto clave será modernizar las reglas del juego electoral. La Constitución exige que las elecciones de 2027 ya se celebren bajo un nuevo sistema. Esto incluye la redefinición de la autoridad electoral, actualmente el Tribunal Electoral compuesto por el presidente de la Corte Suprema provincial y dos camaristas. Ministros de la Corte, como Rubén Weder, sugirieron trasladar esa competencia a la Cámara en lo Contencioso Administrativo para profesionalizar el proceso. También se estudia que el secretario electoral —figura clave en la organización de los comicios— requiera acuerdo legislativo.

Además, el nuevo texto amplía derechos: el padrón incorporará a los mayores de 16 años y a los extranjeros para votar en elecciones provinciales. Esta medida, que ya rige en el nivel municipal, profundiza la participación ciudadana y obligará a ajustar el sistema electoral. Los pisos mínimos para acceder a bancas, el diseño de la Boleta Única y la posible unificación de elecciones provinciales y municipales son debates abiertos que se activarán tras los comicios de octubre.

La agenda legislativa es ambiciosa. Incluye, entre otras, leyes para reglamentar el ordenamiento territorial, el funcionamiento del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y mecanismos de participación ciudadana como audiencias públicas, consultas populares o la revocatoria de mandato. También se prevén reformas en áreas sensibles como educación, salud y servicios públicos básicos (agua, saneamiento y energía eléctrica).

La magnitud del desafío no pasa desapercibida para el oficialismo ni para la oposición. “Es una oportunidad histórica para actualizar instituciones y dar mayor autonomía a los municipios, pero requiere consensos amplios”, señaló un legislador de Unidos. En paralelo, intendentes del PJ advirtieron que no aceptarán dilaciones: “Las cláusulas transitorias son un compromiso político y un mandato constitucional”, remarcaron.

Santa Fe, que no reformaba su Constitución desde hace casi 60 años, enfrenta ahora la prueba de convertir las palabras en hechos. Si logra sancionar estas normas con acuerdos sólidos, la provincia podría fortalecer su entramado institucional y redistribuir el poder territorial. Si, en cambio, los plazos se dilatan y los proyectos se traban, el riesgo es que la reforma quede como una promesa incumplida. La cuenta regresiva hacia 2027 ya comenzó, y los próximos meses marcarán si la política santafesina está a la altura del desafío.