Crisis económica y política: la pulseada por el dólar, las tasas y la sostenibilidad del plan económico de Milei

• El gobierno de Javier Milei enfrenta una crisis económica y política, con dificultades para controlar el dólar, las tasas de interés y mantener el superávit fiscal.
• Tras derrotas legislativas y vencimientos de deuda millonarios, el oficialismo busca incentivos para aumentar la entrada de divisas, especialmente del sector agroexportador.
• El ministro Luis Caputo advierte sobre una desaceleración económica y mayores dificultades para refinanciar deuda, con vencimientos equivalentes al 12,3% del PBI hasta enero de 2026.
• Las tasas de interés se mantienen muy altas para controlar la expansión monetaria, pero esto encarece el crédito y profundiza la recesión.
• Datos recientes muestran un fuerte impacto social, con el 64% de los hogares argentinos enfrentando estrés económico y dificultades para cubrir gastos básicos.
• Políticamente, Milei lucha por mantener su narrativa de ajuste fiscal, pero enfrenta desconfianza y críticas, mientras negocia con gobernadores para sostener su plan.
• El escenario proyecta una recesión estructural con consecuencias sociales graves, poniendo en riesgo la estabilidad financiera y social del país.

En un contexto de crecientes tensiones políticas y económicas, el gobierno de Javier Milei enfrenta una crisis que pone en jaque su plan económico. La pelea por controlar el dólar y las tasas de interés sigue siendo el epicentro de un conflicto donde, tras derrotas legislativas y vencimientos de deuda millonarios, el oficialismo se encuentra acorralado, sin herramientas claras para mantener el superávit fiscal prometido.

El viernes por la noche, el presidente Milei recurrió a una cadena nacional para responder a la serie de derrotas sufridas en el Congreso, donde la oposición bloqueó varias iniciativas clave del oficialismo. Detrás del discurso público, en el equipo económico se percibe una creciente sensación de que el plan está en caída libre.

La secuencia es alarmante: una fuerte devaluación del peso, seguida por un aumento abrupto de las tasas de interés y encajes bancarios, y un mega-vencimiento de deuda que se acerca rápidamente. Frente a esto, el Banco Central implementó la Comunicación A 8296, un mecanismo que flexibiliza las condiciones para que los exportadores acumulen fondos en moneda extranjera en el exterior. La medida busca incentivar la entrada de dólares del sector agroexportador, clave en un semestre con escasas expectativas de liquidación de divisas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sabe que la situación es delicada. En sus cálculos, la desaceleración económica se profundizará y las complicaciones para refinanciar la deuda serán crecientes. En efecto, entre agosto y septiembre se deben renovar vencimientos equivalentes a casi el 9% del Producto Bruto Interno (PBI), y para enero de 2026 esa cifra llega al 12,3% del PBI. La Casa Rosada apuesta a que acuerdos políticos en el Congreso permitan aliviar la presión sobre las tasas y el tipo de cambio, aunque la confianza en el esquema de bandas cambiarias sigue siendo escasa.

El desafío financiero inmediato es un vencimiento de deuda en pesos cercano a los $15 billones, con tasas de interés que se mantienen en niveles altísimos: rendimientos reales de bonos del Tesoro por encima del 20% anual y costos financieros que para empresas y particulares superan el 50% o incluso el 70% anual, agravados por impuestos adicionales. Este escenario tensa aún más la actividad económica y eleva el riesgo de una recesión prolongada.

Caputo justifica la suba de tasas como necesaria para controlar la expansión monetaria, que en lo que va del año creció un 35%, muy por encima de la inflación. La necesidad de atraer inversores para renovar la deuda crítica obliga a encarecer el crédito, aunque eso enfríe la economía. Se trata de un ajuste monetario y fiscal extremo que busca disciplinar la inflación, pero que ya genera efectos severos en la producción industrial, el comercio minorista y sectores estratégicos como Vaca Muerta.

Nuevos datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina evidencian la gravedad del impacto social: el 64% de los hogares enfrenta “estrés económico” severo, con dificultades crecientes para cubrir gastos básicos, pagar servicios esenciales y acceder a alimentos. La precariedad se acentúa, especialmente en el Gran Buenos Aires, donde gran parte de la población depende de ingresos informales o asistencia estatal, ambos debilitados por el ajuste.

Políticamente, Milei busca consolidar su narrativa de ajuste fiscal como eje central de su plan, pero las derrotas en el Congreso y las críticas a la falta de credibilidad en las cuentas públicas complican su estrategia. La oposición cuestiona que el superávit fiscal sea una “realidad” y señala que el costo de las políticas propuestas podría inflar el gasto público más allá de lo previsto, afectando la sustentabilidad del programa.

Para sostener la gobernabilidad, el oficialismo negocia con gobernadores y sectores provinciales utilizando fondos discrecionales, pero el desgaste político de Milei y un Congreso que podría fragmentarse aún más de cara a las elecciones legislativas de octubre hacen prever un escenario complicado para la continuidad del ajuste.

En definitiva, el plan económico que combina altas tasas de interés, recortes en el gasto público y políticas restrictivas está empujando a la economía hacia una recesión estructural, con consecuencias sociales alarmantes. La falta de herramientas fiscales y monetarias flexibles, sumada a la incertidumbre política, pone en riesgo no solo la estabilidad financiera, sino también la cohesión social y el futuro económico del país.