La pulseada interna por la reforma laboral redefine el vínculo entre el Gobierno y la CGT

• El Gobierno cedió y mantuvo las cuotas solidarias, pese a la presión de Sturzenegger y Bullrich.
• La interna libertaria definió una versión más moderada del proyecto.
• La CGT sigue en alerta por cinco artículos sensibles de la reforma.
• El texto limita la ultractividad, reglamenta el derecho de huelga y ordena las asambleas laborales.
• Persisten tensiones por los convenios por empresa y la personería gremial.
• La reforma combina concesiones y endurecimientos en un clima de creciente conflictividad sindical.

El Gobierno terminó de cerrar el texto definitivo de la reforma laboral con una señal que busca descomprimir un frente de conflicto que comenzaba a tomar temperatura: la decisión de no avanzar con las restricciones a las cuotas solidarias que impulsaba Federico Sturzenegger. El gesto, interpretado como un acercamiento hacia la CGT, llega en un momento en que el sindicalismo analiza los primeros pasos de un plan de acción contra los cambios estructurales que propone Javier Milei. Aunque la nueva versión del proyecto mantiene artículos que la central obrera rechaza, la eliminación de ese punto clave alivió parcialmente las tensiones.

La consolidación del texto final expone, además, la interna dentro del propio oficialismo. Durante el fin de semana, y a lo largo del feriado, se dio una intensa discusión entre el ala dura —representada por Sturzenegger y Patricia Bullrich— y el sector más “político” del espacio libertario, donde confluyen el asesor Santiago Caputo, Martín Menem, “Lule” Menem y el secretario de Trabajo, Julio Cordero. La disputa se centró especialmente en la continuidad de las cuotas solidarias, un mecanismo que permite a los sindicatos recibir aportes de todos los trabajadores de una actividad, estén afiliados o no.

El ministro de Desregulación insistió hasta el final en restituir la versión original, que calificaba estos aportes como “peajes sindicales”, pero la posición moderada terminó imponiéndose. En la central obrera, la incertidumbre había escalado al punto de que Gerardo Martínez, líder de la UOCRA, decidió no participar de la reunión final del Consejo de Mayo en la Casa Rosada. La CGT convocó de urgencia a su Consejo Directivo para evaluar la reforma y planificar una eventual reacción. Por la tarde, la confirmación del texto acercó algo de calma, aunque no despejó las diferencias de fondo.

El proyecto mantiene cinco aspectos que el sindicalismo considera conflictivos. En primer lugar, la redefinición de los servicios esenciales, que fija pisos de cobertura del 75% en actividades críticas y del 50% en las trascendentales, implica una reglamentación más estricta del derecho de huelga en sectores estratégicos como transporte, educación y salud. En segundo lugar, la limitación a la ultractividad automática de los convenios colectivos: mientras se preservan las cláusulas normativas, las obligacionales caerán al vencimiento del acuerdo, lo que para la CGT constituye una pérdida de poder de negociación.

Otro punto sensible es la obligación de que las asambleas de trabajadores cuenten con autorización previa del empleador, una exigencia que los gremios ven como una traba para la organización en los lugares de trabajo. También genera rechazo la prelación de los convenios por empresa por sobre los de actividad, un cambio que descentraliza la negociación y puede diluir el poder histórico de los sindicatos, aunque la versión final reincorpora la representación exclusiva de los gremios con personería, conservando parte del esquema actual.

La flexibilización de los requisitos para que los sindicatos de empresa obtengan personería gremial se suma a esta lista de objeciones. El Gobierno sostiene que la medida democratiza la representación; la CGT alerta por una eventual fragmentación del mapa sindical. En paralelo, aunque se sostuvieron las cuotas solidarias, el Ejecutivo introdujo una modificación relevante: los empleadores ya no estarán obligados a actuar como agentes de retención de ese aporte. Ese cambio, según advierten en Azopardo, podría generar dificultades prácticas para garantizar el financiamiento de los gremios.

Otras concesiones incluyeron la eliminación de la reducción del número de delegados y la fijación de un límite de 10 horas mensuales para tareas gremiales, con la condición de que no interrumpan la actividad laboral. No obstante, persisten tensiones por la incorporación de sanciones severas ante bloqueos o tomas de establecimientos, un punto que puede derivar en conflictos judiciales entre empresas y sindicatos.

El texto final mantiene además la derogación de estatutos y leyes especiales —como el de teletrabajo o el del viajante de comercio— e incorpora la anulación del Estatuto del Periodista, mientras deja afuera la eliminación del régimen laboral de los encargados de edificios. La combinación de concesiones y endurecimientos refleja una estrategia que busca equilibrar internas y avanzar en una reforma que el Ejecutivo considera central para su programa económico.

Con la CGT en alerta y un Congreso dividido, el cierre de la reforma laboral marca apenas el primer capítulo de una disputa que promete extenderse más allá del trámite legislativo. El oficialismo apuesta a mostrar flexibilidad sin renunciar al núcleo de su proyecto, mientras el sindicalismo se prepara para dar batalla en todos los frentes posibles.