La CGT celebra la postergación de la reforma laboral y reclama diálogo al Gobierno

• La CGT celebró la postergación de la reforma laboral como un triunfo sindical
• Jorge Solá cuestionó el intento de tratar el proyecto sin consensos amplios
• El sindicalismo alertó por el cierre de más de 18.000 pymes desde el inicio del Gobierno
• Criticaron la carga impositiva que enfrentan las pequeñas y medianas empresas
• Rechazaron que la flexibilización laboral sea la solución al empleo informal
• Advirtieron que algunos puntos de la reforma podrían derivar en conflictos judiciales

La decisión de postergar hasta febrero el tratamiento del Proyecto de Modernización Laboral fue leída por la Confederación General del Trabajo (CGT) como una señal política relevante y, sobre todo, como un freno a una iniciativa que, según el sindicalismo, avanzaba sin los consensos necesarios. Así lo expresó Jorge Solá, uno de los cotitulares de la central obrera y secretario general del sindicato del Seguro, quien calificó la demora como “un gran triunfo de los trabajadores” y reclamó al Gobierno nacional que amplíe la instancia de diálogo antes de impulsar cambios estructurales en el régimen laboral.

Para Solá, la postergación del debate evitó que una reforma de alto impacto se tratara de manera apresurada. Sostuvo que discutir un proyecto de estas características “entre gallos y medianoche” no solo era un error político, sino también institucional, y valoró que en el Congreso se haya tomado nota de esa advertencia. En la mirada sindical, el aplazamiento abre una ventana para revisar el contenido de la iniciativa y evaluar sus consecuencias económicas y sociales.

El dirigente remarcó que la CGT desplegó en las últimas semanas un trabajo intenso de articulación política para explicar los alcances de la reforma. Ese esfuerzo incluyó contactos con gobernadores, senadores y senadoras, además de intercambios directos con integrantes del Poder Ejecutivo. Según señaló, las advertencias también fueron transmitidas a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el marco de las conversaciones informales que se dieron antes del freno parlamentario.

Más allá de la coyuntura legislativa, Solá aprovechó la oportunidad para cuestionar el rumbo general de la política económica del gobierno de Javier Milei. En ese sentido, alertó sobre el impacto que las medidas de ajuste estarían teniendo sobre el entramado productivo. De acuerdo con su diagnóstico, desde el inicio de la gestión dejaron de existir más de 18.000 pequeñas y medianas empresas, un dato que, a su entender, refleja las dificultades que enfrenta el sector para sostener la actividad.

El sindicalista puso el foco en la carga impositiva que enfrentan las pymes, a las que describió como uno de los principales motores del empleo formal. Señaló que abrir y mantener una pequeña o mediana empresa implica destinar cerca del 40% de los ingresos al pago de impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales, una presión que, combinada con la caída del consumo y el encarecimiento del crédito, termina empujando a muchas firmas al cierre o a la informalidad.

En ese contexto, Solá cuestionó el enfoque oficial sobre el empleo no registrado. Frente a la narrativa del Gobierno, que vincula la informalidad con un exceso de regulaciones laborales, el dirigente sindical sostuvo que los trabajadores en negro “tienen derechos, pero no los pueden ejercer”. Desde su perspectiva, flexibilizar las reglas entre empleador y trabajador no garantiza la creación de empleo si no existe un proyecto económico que estimule la inversión y el crecimiento.

El debate de fondo, planteó, no debería centrarse únicamente en modificar leyes laborales, sino en generar condiciones macroeconómicas que permitan sostener la actividad productiva. En esa línea, advirtió que cambiar unilateralmente el equilibrio de derechos y obligaciones puede profundizar la precarización sin resolver el problema estructural del trabajo informal.

Solá también lanzó una advertencia jurídica. Afirmó que algunos puntos de la reforma impulsada por el Ejecutivo “rozan la inconstitucionalidad” y anticipó que, de avanzar sin correcciones, el Gobierno podría enfrentar nuevos conflictos judiciales y sociales. En su análisis, no se trata solo de una discusión política, sino de un riesgo institucional que podría derivar en fallos adversos y en un aumento de la conflictividad.

La postergación del debate, así, no solo fue interpretada como una victoria táctica del sindicalismo, sino también como una oportunidad para reabrir una discusión más amplia sobre el modelo laboral y productivo. Desde la CGT insisten en que cualquier reforma de fondo requiere acuerdos previos y una mirada integral que contemple tanto la protección de los trabajadores como la viabilidad de las empresas. El desafío para el Gobierno será, en ese escenario, lograr avances sin profundizar las tensiones con un actor que vuelve a mostrar capacidad de incidencia política.