La fiscalía impulsa el decomiso de bienes en la causa Vialidad tras el incumplimiento del resarcimiento

• La fiscalía pidió el decomiso de más de 140 bienes en la ejecución de la causa Vialidad.
• El planteo responde al presunto incumplimiento del resarcimiento económico ordenado.
• El pedido incluye inmuebles, vehículos y fondos financieros.
• El tribunal deberá evaluar el alcance de las medidas solicitadas.
• La Corte Suprema ratificó la actualización del monto del decomiso.
• El proceso apunta a garantizar la recuperación de activos para el Estado.

La causa judicial conocida como Vialidad sumó un nuevo capítulo con el pedido de decomiso de más de un centenar de bienes atribuidos a los condenados en el expediente. Los fiscales federales solicitaron al tribunal interviniente que avance sobre inmuebles, vehículos y activos financieros vinculados a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al empresario Lázaro Báez, en el marco de la ejecución de la sentencia que ordenó un resarcimiento económico al Estado.

El planteo fue formulado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola ante el Tribunal Oral Federal N°2. Según la presentación, los condenados no cumplieron con el depósito de la suma fijada como reparación económica, pese a que el plazo legal para hacerlo habría vencido meses atrás. En ese contexto, el Ministerio Público solicitó la ejecución patrimonial mediante el decomiso de 141 inmuebles —vinculados a sociedades de la familia Kirchner y a Báez— junto con otros bienes registrables y fondos depositados en entidades financieras.

Entre los activos señalados figura un departamento ubicado en la ciudad de Buenos Aires, además de automotores y montos en moneda extranjera que, de acuerdo con la fiscalía, integran el universo patrimonial alcanzado por la condena. El objetivo del pedido es asegurar el recupero de los recursos que la sentencia consideró producto de maniobras ilícitas contra la administración pública.

En su argumentación, los fiscales sostuvieron que la falta de pago del resarcimiento configura un incumplimiento que habilita la ejecución de bienes. Señalaron que la conducta procesal de los condenados evidenciaría una demora en la restitución ordenada judicialmente, lo que —según su criterio— afecta la eficacia de la sentencia firme. El planteo subraya la necesidad de avanzar con medidas concretas para garantizar el cumplimiento del fallo.

La instancia actual se inscribe en una etapa de ejecución que comenzó tras la confirmación de la condena. A fines de 2025, el tribunal dispuso el decomiso de un conjunto inicial de bienes identificados como instrumentos o productos del delito o como activos incorporados durante el período investigado. Posteriormente, peritajes contables actualizaron el monto del decomiso a cifras superiores a las estimaciones originales, en función de parámetros económicos vigentes.

La intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina consolidó el marco para la ejecución patrimonial, al ratificar la actualización del monto resarcitorio. De acuerdo con las disposiciones vigentes, los bienes decomisados deberán ser administrados y eventualmente subastados bajo supervisión judicial, con destino a la reparación económica establecida por la sentencia.

El avance del trámite dependerá ahora de las resoluciones que adopte el tribunal oral, que deberá evaluar el alcance de los decomisos solicitados y su adecuación a lo dispuesto en el fallo. El proceso forma parte de una etapa técnica orientada a hacer efectiva la recuperación de activos, un mecanismo previsto para casos en los que la restitución directa no se concreta.

Más allá de la dimensión patrimonial, la ejecución de la sentencia reabre el debate sobre los tiempos y herramientas del sistema judicial para garantizar el cumplimiento de condenas económicas. La resolución que adopten los jueces marcará el curso de un expediente que continúa generando repercusiones jurídicas y políticas, en una causa que ya atraviesa su fase de aplicación práctica del fallo.