La “Ley de Inocencia Fiscal II” abre un debate sobre los alcances de la reforma tributaria impulsada por el Gobierno

• La “Ley de Inocencia Fiscal II” propone una amplia reforma del sistema tributario para pequeños y medianos contribuyentes.
• El proyecto crea un régimen simplificado para el Impuesto a las Ganancias y excluye de los principales beneficios a los Grandes Contribuyentes.
• La iniciativa limita las facultades de fiscalización de ARCA y modifica la carga de la prueba en los controles.
• El tratamiento previsto para determinados fondos incorporados al sistema financiero generó un debate entre especialistas.
• El proyecto contempla beneficios en materia de multas para quienes regularicen obligaciones tributarias.
• La reforma también endurece las sanciones por empleo rural no registrado y deberá ser debatida en el Congreso.

El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que propone una profunda modificación del régimen tributario argentino con el objetivo de simplificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales para pequeños y medianos contribuyentes. La iniciativa, denominada "Ley de Inocencia Fiscal II", introduce cambios en las leyes de Inocencia Fiscal, Procedimiento Tributario y Trabajo Rural, aunque varios de sus artículos ya generan un intenso debate entre especialistas, que discuten si las medidas constituyen únicamente una simplificación administrativa o si, en los hechos, configuran un nuevo mecanismo de regularización patrimonial.

El proyecto plantea un nuevo esquema para las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias correspondiente a los ejercicios iniciados a partir del 1° de enero de 2025. El régimen estará dirigido exclusivamente a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país durante todo el período fiscal, condición que será indispensable para acceder a los beneficios previstos.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la creación de una modalidad simplificada de presentación del impuesto. Sin embargo, el texto excluye de los principales beneficios a los Grandes Contribuyentes Nacionales, quienes podrán utilizar el mecanismo simplificado para presentar y abonar el tributo, pero no accederán a las presunciones especiales previstas para el resto de los contribuyentes.

Con esta diferenciación, el Gobierno busca concentrar los incentivos en pequeños y medianos contribuyentes, mientras mantiene un esquema de control más estricto sobre grandes empresas y patrimonios de mayor magnitud económica.

Otro de los aspectos que concentra la atención de los especialistas es la modificación de las facultades de fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El proyecto incorpora una presunción de veracidad sobre las declaraciones juradas presentadas bajo el nuevo régimen y establece que el organismo solo podrá impugnarlas cuando exista una "discrepancia significativa", concepto que queda expresamente definido dentro de la iniciativa.

De acuerdo con el texto, esa diferencia deberá superar simultáneamente determinados porcentajes del impuesto determinado y los umbrales previstos en el Régimen Penal Tributario. Además, el contribuyente podrá corregir la situación presentando una declaración rectificativa dentro del plazo establecido y cancelando las diferencias detectadas, evitando así mayores consecuencias administrativas.

La reforma también modifica el funcionamiento de los procesos de fiscalización al trasladar expresamente sobre ARCA la carga de demostrar la existencia de inconsistencias. El organismo únicamente podrá sustentar sus observaciones utilizando la información declarada por el propio contribuyente, los datos incorporados en sus sistemas y la documentación aportada por terceros habilitados.

Esta limitación sobre los elementos probatorios disponibles constituye uno de los puntos más discutidos del proyecto. Diversos especialistas consideran que el nuevo esquema podría dificultar las tareas de control sobre ejercicios anteriores, mientras que sus defensores sostienen que brinda mayor seguridad jurídica y previsibilidad a quienes cumplen regularmente con sus obligaciones fiscales.

La iniciativa también incorpora un nuevo tratamiento para los fondos que ingresen al sistema financiero formal. Determinadas operaciones deberán canalizarse mediante instrumentos autorizados por el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores, estableciéndose que esos recursos pasarán a integrar el patrimonio del contribuyente a los efectos del Impuesto sobre los Bienes Personales desde el momento en que se concrete la operación.

Este aspecto alimentó las interpretaciones acerca de una posible regularización patrimonial indirecta, ya que algunos tributaristas sostienen que permitiría incorporar activos previamente no declarados al circuito formal bajo condiciones más favorables que las vigentes en los procedimientos tradicionales.

En materia de prevención del lavado de activos, el proyecto prevé que la adhesión al régimen sea considerada un antecedente favorable por parte de bancos, agentes bursátiles, escribanos y demás sujetos obligados. Paralelamente, encomienda a la Unidad de Información Financiera la elaboración de normas complementarias para coordinar los controles correspondientes sin alterar las obligaciones previstas por la legislación vigente.

Otro capítulo de la iniciativa introduce beneficios en materia sancionatoria. Los contribuyentes que regularicen obligaciones tributarias derivadas de ajustes realizados por ARCA podrán quedar eximidos de determinadas multas previstas en la Ley de Procedimiento Tributario, siempre que acepten los ajustes y renuncien a iniciar acciones judiciales para reclamar posteriormente esos importes.

Mientras el capítulo tributario apunta a reducir cargas administrativas y otorgar incentivos para la formalización, el proyecto endurece las sanciones vinculadas al trabajo rural no registrado. La propuesta contempla un incremento significativo de las multas para empleadores que incumplan con las obligaciones de registración laboral, con montos que podrán alcanzar varios millones de pesos por trabajador y que serán actualizados mediante el índice UVA.

Con este conjunto de modificaciones, el Gobierno busca instalar una reforma integral que combina incentivos fiscales, cambios en los procedimientos de control y un endurecimiento de las sanciones laborales en el ámbito rural. No obstante, antes de su eventual aprobación, el proyecto deberá atravesar un debate parlamentario que ya anticipa fuertes diferencias entre quienes consideran que se trata de una herramienta de simplificación tributaria y quienes sostienen que sus efectos podrían asemejarse a una nueva amnistía fiscal.