El comercio ilegal ya equivale al 5% del PBI y preocupa por su impacto en la economía argentina

• El comercio ilícito ya representa cerca del 5% del Producto Bruto Interno de Argentina.
• El mercado ilegal moviliza aproximadamente u$s32.000 millones al año y podría seguir creciendo hacia 2028.
• La pérdida del poder adquisitivo, la presión tributaria y la informalidad favorecen la expansión de estas actividades.
• Los alimentos, bebidas, cigarrillos y prendas de vestir figuran entre los productos más afectados por la falsificación y el contrabando.
• El fenómeno genera pérdidas para el Estado, las empresas formales y también representa riesgos para los consumidores.
• El informe propone reforzar los controles aduaneros, mejorar la trazabilidad de las mercaderías y fortalecer la protección de la propiedad intelectual.

El comercio ilícito continúa expandiéndose en Argentina y ya representa cerca del 5% del Producto Bruto Interno (PBI), consolidándose como uno de los principales desafíos para la economía formal. Un estudio elaborado por la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI) estimó que el mercado ilegal moviliza alrededor de u$s32.000 millones anuales, una cifra que refleja el crecimiento de actividades vinculadas con la falsificación, el contrabando y la comercialización de productos fuera de los canales legales.

El informe advierte que el fenómeno va mucho más allá de la venta callejera de mercadería falsificada. Detrás de esos circuitos operan organizaciones que aprovechan las diferencias de precios entre los productos originales y los ilegales, los menores costos de producción y las dificultades de control para obtener elevados márgenes de rentabilidad.

Además, las proyecciones indican que el peso del comercio ilícito podría continuar creciendo en los próximos años. De mantenerse la tendencia actual, su participación alcanzaría el 5,22% del PBI hacia 2028, profundizando el impacto sobre la recaudación tributaria, la generación de empleo formal y las inversiones.

El trabajo identifica una combinación de factores económicos, sociales e institucionales que favorecen la expansión de estas actividades. Entre ellos sobresalen la pérdida del poder adquisitivo, la elevada presión tributaria sobre determinados productos, la persistencia de altos niveles de informalidad laboral y las dificultades para controlar y sancionar las maniobras ilegales.

Según el estudio, la inflación y la inestabilidad cambiaria registradas durante los últimos años ampliaron la brecha entre los precios del mercado formal y las alternativas ilegales. En ese contexto, una parte de los consumidores prioriza el menor costo de los productos por encima de su origen o de las garantías de calidad y seguridad.

La carga impositiva también aparece como un factor determinante, especialmente en sectores como el tabaco y las bebidas alcohólicas, donde los impuestos representan una parte significativa del precio final. El informe señala que, en el caso de los cigarrillos, algunos productos llegan a costar en Argentina hasta tres veces más que en Paraguay, situación que incentiva el ingreso de mercadería de contrabando.

A ello se suma la elevada informalidad laboral, que alcanza al 46,5% de los trabajadores. Para ASIPI, este escenario facilita el desarrollo de circuitos comerciales que operan al margen de los controles fiscales, sanitarios y laborales.

El documento también pone el foco en las debilidades institucionales. Argentina ocupa el puesto 94 entre 125 países en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad y apenas un reducido porcentaje de la población manifiesta confianza en el sistema judicial, un contexto que, según el informe, dificulta la persecución y sanción de este tipo de delitos.

Los productos comercializados ilegalmente se concentran principalmente en bienes de consumo masivo. Alimentos, bebidas, cigarrillos y prendas de vestir encabezan el listado por tratarse de artículos de alta demanda y rotación permanente.

También presentan una importante presencia las autopartes y los artículos de cuero falsificados, mientras que cosméticos, medicamentos, juguetes y bebidas sin alcohol aparecen entre los rubros con mayor incidencia.

Además del perjuicio económico que ocasionan al Estado y a las empresas que operan dentro de la legalidad, muchos de estos productos representan un riesgo para los consumidores debido a la ausencia de controles sobre sus procesos de fabricación, calidad o composición.

El informe extiende el análisis al resto de América Latina y muestra que el fenómeno tiene una dimensión regional. En Brasil, el comercio ilícito representa alrededor del 4% del PBI, mientras que en México alcanza el 8,8% y podría elevarse hasta el 13,7% hacia 2028, convirtiéndose en uno de los mercados con mayor incidencia de la piratería y el contrabando.

Frente a este escenario, ASIPI sostiene que la expansión del comercio ilegal responde también al crecimiento de las plataformas digitales, que facilitaron la oferta y comercialización de productos falsificados mediante canales cada vez más difíciles de controlar.

Como respuesta, la entidad recomienda fortalecer los controles aduaneros, mejorar los sistemas de trazabilidad de las mercaderías y reforzar la aplicación de las normas vinculadas con la protección de la propiedad intelectual. Asimismo, considera indispensable modernizar los mecanismos de fiscalización para adaptarlos al crecimiento del comercio electrónico y reducir el margen de acción de las organizaciones que operan en la economía informal.