




Por RICARDO ZIMERMAN
x: @RicGusZim1
La política económica suele encontrar refugio en los grandes indicadores. La inflación general baja algunas décimas, el riesgo país retrocede, las reservas mejoran o el equilibrio fiscal se convierte en la bandera de un discurso oficial. Sin embargo, existe otra contabilidad menos complaciente, una que no se expresa en conferencias de prensa ni en gráficos optimistas. Es la que se escribe todos los días frente a la góndola del supermercado, en la farmacia del barrio o en la cuenta que una familia hace antes de decidir qué gasto puede postergar. Allí aparece una verdad incómoda: el costo de vivir sigue creciendo más rápido que el promedio de los precios.
Los números de agosto dejaron expuesta esa contradicción. Mientras el Índice de Precios al Consumidor mostró una variación menor, las dos referencias que determinan cuánto necesita una familia para alimentarse y para no caer bajo la línea de pobreza avanzaron un 2,6%. La diferencia puede parecer pequeña cuando se expresa en décimas porcentuales, pero adquiere otra dimensión cuando se traduce en pesos. Una familia tipo necesita ya más de 1,6 millones de pesos mensuales para no ser considerada pobre, mientras que cubrir únicamente la alimentación exige más de 726 mil pesos.
La distancia entre esas cifras y los ingresos de millones de argentinos revela un fenómeno más profundo que una simple oscilación estadística. Lo preocupante no es únicamente que las canastas hayan aumentado por encima del índice general durante agosto. Lo verdaderamente inquietante es que esa diferencia se haya convertido en una tendencia persistente.
Desde comienzos del año, tanto la Canasta Básica Alimentaria como la Canasta Básica Total acumulan aumentos superiores a la inflación promedio. En la comparación con el mismo mes del año anterior, la brecha resulta todavía más elocuente: mientras el IPC interanual ronda el 33,5%, la canasta alimentaria supera ampliamente ese registro y la canasta que define la pobreza también se ubica varios puntos por encima. Cuando esa diferencia se mantiene durante meses, deja de ser una anomalía para convertirse en una señal estructural.
Esa dinámica golpea especialmente a quienes destinan casi todo su ingreso a bienes esenciales. Una familia de ingresos medios puede resignar una compra de electrodomésticos o posponer vacaciones. Un hogar vulnerable no dispone de ese margen. Cada aumento en alimentos, transporte, medicamentos o vivienda se convierte en una reducción inmediata del consumo cotidiano.
La economía argentina conoce demasiado bien esa lógica. Durante décadas, distintos gobiernos celebraron indicadores agregados mientras la vida diaria contaba otra historia. Hoy el riesgo consiste en repetir ese error desde otra narrativa. El descenso gradual de la inflación general constituye un objetivo legítimo y, para muchos economistas, imprescindible. Pero reducir el problema económico exclusivamente al comportamiento del IPC equivale a observar una fotografía parcial del deterioro social.
El verdadero termómetro de una recuperación no debería ser únicamente cuánto desaceleran los precios promedio, sino cuánto mejora efectivamente la capacidad de compra de quienes trabajan, cobran una jubilación o dependen de ingresos informales. Allí aparecen las preguntas más incómodas.
¿Qué significa que una familia necesite más de un millón seiscientos mil pesos para no ser considerada pobre? Significa que el umbral de la normalidad económica se desplazó mucho más rápido que la realidad salarial de numerosos sectores. La línea de pobreza deja de ser una categoría estadística para convertirse en una frontera que muchas personas cruzan sin advertirlo plenamente.
Todavía más dramático resulta el caso de la indigencia. Más de 726 mil pesos mensuales representan hoy el costo mínimo para cubrir únicamente la alimentación de una familia tipo. Ese dato expone la velocidad con la que el alimento perdió accesibilidad relativa. Cuando comer consume una porción creciente del ingreso, desaparecen inevitablemente otros gastos indispensables: medicamentos, ropa, transporte, educación o mantenimiento del hogar.
Las diferencias entre los distintos tipos de familia refuerzan esa conclusión. Un hogar de cinco integrantes necesita casi 1,69 millones de pesos para mantenerse por encima de la pobreza, mientras uno de tres personas supera ampliamente el millón doscientos mil. Detrás de esas cifras no hay únicamente cálculos técnicos. Hay hogares concretos que reorganizan permanentemente sus prioridades para adaptarse a un piso económico que no deja de elevarse.
El problema tampoco puede explicarse únicamente por episodios aislados. Los registros de los últimos doce meses muestran momentos de aceleración particularmente fuertes, como los incrementos observados durante el verano pasado, seguidos luego por aumentos mensuales aparentemente moderados. Sin embargo, cuando esos incrementos cercanos al 2% o al 3% se repiten una y otra vez sobre bienes indispensables, el efecto acumulado resulta devastador.
Existe además un componente político que merece atención. Toda administración necesita construir un relato sobre el rumbo económico. Es comprensible que destaque aquello que considera sus logros. Lo peligroso aparece cuando la comunicación comienza a reemplazar la observación de la realidad. Ningún gobierno puede sostener indefinidamente un discurso de recuperación si la experiencia cotidiana de millones de personas contradice esa percepción.
La historia argentina ofrece suficientes ejemplos de esa desconexión. Cuando los indicadores oficiales empiezan a perder contacto con la sensación social, la confianza se erosiona con rapidez. Y la confianza constituye un recurso mucho más difícil de recuperar que cualquier variable financiera.
El desafío actual consiste precisamente en evitar esa fractura entre el relato macroeconómico y la experiencia doméstica. La estabilidad no puede medirse únicamente desde los despachos oficiales o los mercados financieros. Debe verificarse también en la posibilidad concreta de llenar un changuito sin resignar otros gastos esenciales.
La economía no fracasa solamente cuando la inflación se dispara. También lo hace cuando la desaceleración convive con una canasta básica que continúa alejándose del bolsillo de la mayoría. Esa diferencia, aparentemente técnica, define buena parte del humor social.
Porque al final, las familias no viven dentro del índice general de precios. Viven dentro de una canasta concreta que incluye comida, transporte, salud, vivienda y educación. Y esa canasta sigue enviando una advertencia que ningún porcentaje promedio consigue ocultar: para demasiados argentinos, llegar a fin de mes continúa siendo una carrera que el salario corre siempre unos metros detrás.







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