El desgaste interno del Gobierno

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

Hay un momento en la vida de todo gobierno en el que el verdadero problema deja de ser la oposición y pasa a ser la conversación que ocurre puertas adentro. No es la discusión pública la que anticipa una crisis, sino esa llamada de madrugada, esa incredulidad expresada con bronca, ese dirigente que descubre que una negociación que daba por cerrada fue modificada sin aviso. El episodio alrededor del Presupuesto 2027 dejó al descubierto algo más profundo que una diferencia sobre discapacidad: reveló que el oficialismo ya no discute únicamente qué hacer, sino quién tiene derecho a decidir.

El proyecto económico continúa siendo el principal activo del Gobierno. Nadie dentro del oficialismo parece dispuesto a cuestionar seriamente esa hoja de ruta. Sin embargo, mientras la economía intenta consolidar señales de estabilidad, la política empieza a exhibir una fractura silenciosa que amenaza con convertirse en un problema mucho más difícil de administrar. Porque las diferencias económicas suelen resolverse con números; las disputas de poder rara vez encuentran una calculadora que las ordene.

El episodio protagonizado por Patricia Bullrich no puede leerse como un simple gesto de rebeldía. Durante mucho tiempo fue una de las dirigentes que aceptó disciplinarse detrás del liderazgo presidencial incluso cuando eso implicó resignar protagonismo propio. Esta vez el reclamo tuvo otro significado. No apuntó contra el rumbo general, sino contra el método. La diferencia es enorme. Cuestionar la forma en que se toman las decisiones implica cuestionar el corazón mismo del funcionamiento del Gobierno.

Ese detalle explica por qué el conflicto generó tanta inquietud dentro de Balcarce 50. Los desacuerdos sobre nombres, candidaturas o proyectos pueden administrarse. La sospecha de que existen decisiones que cambian en la última instancia sin conocimiento de quienes deben defenderlas políticamente resulta mucho más corrosiva. La confianza es el combustible invisible de cualquier estructura de poder. Cuando comienza a escasear, todo el mecanismo empieza a hacer ruido.

En el universo libertario conviven hoy dos concepciones diferentes del ejercicio del poder. Una privilegia la construcción política como herramienta indispensable para sostener las reformas. La otra considera que negociar demasiado termina desdibujando el mandato transformador que recibió Javier Milei. Ninguna de esas visiones nació ahora. Lo novedoso es que dejaron de convivir discretamente para empezar a competir abiertamente.

La discusión sobre discapacidad terminó funcionando como un símbolo. Para algunos representaba la necesidad de preservar acuerdos con bloques aliados que permitieran garantizar gobernabilidad. Para otros expresaba la obligación de avanzar sin demasiadas concesiones hacia reformas más profundas. El problema no fue solamente el contenido de esos artículos. El verdadero problema apareció cuando unos descubrieron que otros habían intervenido sobre el texto sin compartir previamente esas modificaciones.

Allí aparece otro dato relevante. En cualquier administración existen revisiones técnicas de último momento. Lo excepcional es que esas revisiones sean interpretadas como maniobras deliberadas para alterar negociaciones políticas ya encaminadas. Cuando semejante sospecha circula entre funcionarios del mismo gobierno significa que el nivel de desconfianza alcanzó una dimensión que excede el episodio puntual.

La figura de Karina Milei ocupa un lugar inevitable en esta discusión. Su esquema de conducción partidaria consolidó una estructura altamente centralizada que le permitió construir territorialidad con disciplina. Ese modelo funcionó mientras el objetivo principal era organizar un espacio político en expansión. Gobernar, sin embargo, introduce una variable distinta. Los acuerdos legislativos, la relación con gobernadores y la administración cotidiana del poder requieren dosis crecientes de flexibilidad. Allí es donde aparecen las tensiones con quienes creen que el exceso de centralización termina dificultando la propia gobernabilidad.

Resulta llamativo que incluso dirigentes acostumbrados a sostener posiciones duras comiencen a describir problemas de coordinación antes que diferencias ideológicas. Esa elección del lenguaje tampoco parece casual. Criticar el método permite expresar malestar sin romper completamente con el liderazgo presidencial. Es una forma de marcar límites sin cruzar todavía el punto de no retorno.

Mientras tanto, Javier Milei parece adoptar una estrategia distinta. Lejos de escalar el enfrentamiento, optó por contenerlo. La decisión de evitar un ataque público contra Bullrich constituye una señal política significativa. El Presidente comprende que algunas batallas internas pueden producir más costos que beneficios. Después de todo, una dirigente con volumen propio no desaparece porque se la silencie durante una semana. A veces ocurre exactamente lo contrario.

El recuerdo de experiencias anteriores sobrevuela inevitablemente estas discusiones. Todo gobierno construye fantasmas alrededor de sus conflictos internos. Cuando aparecen figuras con autonomía política, el temor a repetir viejos enfrentamientos comienza a influir tanto como los hechos concretos. No importa solamente lo que sucede hoy. También pesa lo que algunos imaginan que podría ocurrir mañana.

Sin embargo, el conflicto interno no explica por sí solo todas las preocupaciones oficiales. Existe otra realidad que empieza a filtrarse incluso entre quienes celebran la desaceleración inflacionaria. Algunas reformas consideradas prioritarias quedaron relegadas. Otras perdieron intensidad durante la negociación parlamentaria. Y varias transformaciones estructurales que el oficialismo imaginaba impulsar aparecen ahora desplazadas hacia un eventual segundo mandato.

Esa postergación alimenta otro debate silencioso. Algunos consideran que el Gobierno desperdició una oportunidad para avanzar más rápido aprovechando el capital político acumulado. Otros sostienen que sin acuerdos esas reformas jamás habrían llegado siquiera al recinto. La paradoja consiste en que ambos diagnósticos conviven dentro del mismo oficialismo.

El mercado también observa esa contradicción. La estabilidad económica resulta indispensable, pero ya no alcanza por sí sola para disipar todas las dudas. Los inversores suelen prestar tanta atención a los indicadores financieros como a la capacidad política de sostener el rumbo elegido. Cuando la coordinación interna empieza a mostrar fisuras, esa incertidumbre también se incorpora a la evaluación sobre el futuro.

Mientras tanto, la Casa Rosada enfrenta otra clase de desafíos vinculados con la administración cotidiana del poder. Los cambios en Olivos, las revisiones sobre áreas sensibles y las discusiones alrededor de funcionarios de confianza reflejan una lógica que parece repetirse: reforzar los controles allí donde el Presidente percibe pérdida de confianza. Gobernar también implica administrar círculos de confianza, y esos círculos rara vez permanecen inmóviles durante mucho tiempo.

Quizás el dato más inquietante no sea ninguna de las peleas individuales. Lo verdaderamente preocupante es la naturalidad con la que distintos sectores del oficialismo describen escenarios de confrontación futura como si fueran inevitables. Algunos ya hablan de herederos para 2031 cuando todavía quedan desafíos mucho más inmediatos por resolver. Otros imaginan espirales de conflicto dependiendo del desenlace electoral. Esas conversaciones revelan que buena parte del oficialismo ya piensa simultáneamente en gobernar y en disputar el poder que vendrá después.

La política tiene una regla antigua que nunca pierde vigencia. Los gobiernos comienzan a debilitarse cuando sus dirigentes dejan de discutir exclusivamente cómo ganar la próxima votación y empiezan a calcular quién heredará el liderazgo dentro de varios años. Allí las lealtades se vuelven condicionales, las sospechas ocupan el lugar de las certezas y cada decisión empieza a interpretarse como una jugada de posicionamiento.

El Presupuesto fue apenas el escenario donde ese ruido quedó expuesto. La verdadera discusión no gira alrededor de un artículo modificado ni de una negociación parlamentaria alterada. Lo que está en juego es si el oficialismo consigue armonizar una conducción política tan consistente como la disciplina que intenta exhibir en materia económica. Porque ningún programa sobrevive demasiado tiempo si quienes deben ejecutarlo empiezan a desconfiar del cuarto donde se toman las decisiones.