Santa Fe reglamentó la capacitación obligatoria sobre Malvinas para todos los empleados públicos

El Gobierno de Santa Fe reglamentó la ley que establece una capacitación obligatoria, periódica y permanente sobre la Cuestión Malvinas para quienes se desempeñen en la función pública provincial.

La medida alcanza a trabajadores y funcionarios de todos los niveles, jerarquías y modalidades de contratación. Quedan incluidos los agentes de la administración pública central, organismos descentralizados, entes autárquicos, instituciones de la seguridad social, fuerzas de seguridad provinciales, empresas y sociedades estatales y aquellas compañías con participación mayoritaria del Estado.

La reglamentación se implementó a partir de la adhesión de Santa Fe a la normativa nacional que dispone la formación obligatoria sobre la cuestión de las Islas Malvinas. La provincia había aprobado su propia ley de adhesión en marzo de 2024 y ahora avanzó con las disposiciones necesarias para ponerla en funcionamiento.

De acuerdo con el decreto, la capacitación tendrá carácter obligatorio y continuo, mientras que sus contenidos deberán actualizarse de manera periódica conforme a los nuevos estándares y principios vinculados con la temática.

El curso tendrá una duración total de 20 horas, distribuidas durante cuatro semanas. Será dictado de manera virtual, autogestionada y asincrónica, a través de la plataforma oficial que determine la Provincia.

Para los trabajadores y funcionarios del Poder Ejecutivo, las horas destinadas a completar la capacitación serán consideradas parte de la jornada laboral. Quienes aprueben el curso recibirán además una certificación oficial individual emitida por la Secretaría de Recursos Humanos y Función Pública.

Uno de los aspectos centrales de la reglamentación es que acreditar la capacitación se convertirá en un requisito vinculante para diferentes instancias de la carrera administrativa. Entre ellas se encuentran las promociones, ascensos, concursos, asignación de subrogancias y procesos de titularización.

La Secretaría de Recursos Humanos y Función Pública deberá informar periódicamente a las distintas áreas de personal qué agentes completaron y certificaron la capacitación, con el objetivo de identificar a quienes todavía tengan pendiente el cumplimiento.

Los contenidos que deberán estudiar los agentes

La Secretaría de Relaciones Internacionales del Ministerio de Gobierno tendrá a su cargo la implementación del programa y deberá elaborar los contenidos mínimos obligatorios.

El material deberá incluir aspectos históricos, geográficos y jurídicos vinculados con los fundamentos de los derechos de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, además de los espacios marítimos correspondientes.

También se incorporarán los marcos constitucionales nacional y provincial, las resoluciones de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales relacionados con la disputa de soberanía.

El programa contemplará además una mirada sobre la dimensión geopolítica y estratégica del Atlántico Sur, sus recursos naturales y la importancia de la región. A esto se sumarán contenidos relacionados con la memoria, la identidad y el reconocimiento a los veteranos y caídos durante la Guerra de Malvinas.

La normativa establece asimismo que la Secretaría de Relaciones Internacionales deberá coordinar la implementación del programa, determinar mecanismos para actualizar los contenidos y establecer un procedimiento para evaluar y eventualmente homologar capacitaciones similares realizadas previamente en universidades, institutos u otros organismos estatales.

La Secretaría de Políticas Sociales e Integración Social tendrá participación para garantizar que los contenidos y las modalidades de enseñanza puedan ser adaptados cuando resulte necesario, de acuerdo con los principios establecidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La capacitación también alcanza a los otros poderes

La legislación provincial establece que la formación debe implementarse en los tres poderes del Estado. En el caso del Poder Legislativo, las autoridades de ambas cámaras deberán definir los mecanismos para llevar adelante la capacitación.

En el ámbito judicial, será la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe la encargada de establecer cómo se aplicará el programa dentro de ese poder.

El decreto también invita a los demás órganos constitucionales y a los gobiernos locales de la provincia a adherir a las disposiciones y coordinar las instancias de formación con la Secretaría de Relaciones Internacionales.

El nuevo lugar de Malvinas en la Constitución santafesina

La reglamentación se produce después de que la nueva Constitución de Santa Fe incorporara una referencia específica a la cuestión Malvinas.

El artículo 4 de la Carta Magna provincial ratifica la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, además de los espacios marítimos e insulares correspondientes, la proyección antártica y la plataforma continental.

El texto constitucional establece además como objetivos permanentes la recuperación de esos territorios, la restitución de la integridad territorial, el ejercicio pleno de la soberanía y el respeto por el modo de vida de sus habitantes, en el marco del derecho internacional.

La Constitución también dispone que la provincia impulse políticas destinadas a la protección de los veteranos de guerra y acciones educativas orientadas a mantener una memoria activa sobre el conflicto.

La incorporación de esta cláusula se produjo después de la sanción de la ley provincial que estableció la capacitación permanente sobre la Cuestión Malvinas. Con la reglamentación recientemente firmada, Santa Fe dio ahora el paso administrativo necesario para comenzar a aplicar el sistema de formación obligatoria dentro del Estado provincial.