Espert apeló su procesamiento por lavado de activos y pidió que se levanten el embargo y la prohibición de salir del país

• Espert apeló su procesamiento por lavado de activos y el de Varianza S.A. ante la Justicia Federal.
• La defensa pidió el sobreseimiento o, de manera alternativa, la falta de mérito hasta que se incorporen nuevas pruebas.
• El caso investiga una transferencia de US$ 200.000 vinculada con Federico Machado y un contrato de consultoría para una minera guatemalteca.
• El ex diputado cuestionó la interpretación judicial sobre el origen del dinero y la supuesta simulación del contrato.
• También solicitó que se levanten el embargo de $1.000 millones y la prohibición de salir del país.
• Espert denunció una presunta persecución política y la Cámara Federal de San Martín deberá revisar los planteos de la defensa.

José Luis Espert presentó dos recursos de apelación contra su procesamiento por lavado de activos y el de la empresa Varianza S.A., y solicitó a la Cámara Federal de San Martín que revoque la decisión judicial y dicte su sobreseimiento. La defensa cuestionó los fundamentos del fallo, al que calificó de contradictorio y carente de pruebas suficientes, y reclamó que se revisen las medidas cautelares impuestas en la causa.

Las presentaciones fueron realizadas el 27 de octubre ante el Juzgado Federal N.º 2 de San Isidro. Entre los pedidos, los abogados solicitaron que se deje sin efecto el embargo de $1.000 millones dispuesto sobre Espert y se levante la prohibición de salir del país. Como alternativa, reclamaron que se dicte la falta de mérito hasta que se incorporen elementos que, según sostienen, todavía están pendientes en el expediente.

El eje de la impugnación es la información solicitada a Estados Unidos mediante un exhorto judicial para determinar el origen de los fondos investigados. La defensa considera que esa respuesta resulta central para establecer si el dinero recibido estaba vinculado con una actividad delictiva.

“Se me procesa por un delito cuya prueba el juzgado todavía espera”, sostuvo Espert al cuestionar la decisión. El ex diputado también afirmó que apeló su procesamiento y el de su empresa porque considera que el fallo presenta contradicciones, está sesgado y tiene connotaciones políticas.

El procesamiento fue dictado el 22 de octubre por el juez federal Lino Mirabelli, quien atribuyó a Espert y a Varianza S.A. el presunto delito de lavado de activos. La resolución no incluyó prisión preventiva, aunque dispuso medidas patrimoniales y restricciones para el ex legislador. En el caso de la sociedad de consultoría, constituida en 2019 junto con su esposa, se fijó un embargo de $500 millones.

La transferencia de US$ 200.000, en el centro de la investigación

La causa gira en torno a una transferencia de US$ 200.000 vinculada con Federico “Fred” Machado y a un contrato de asesoramiento para Minas del Pueblo, una empresa minera de Guatemala. La hipótesis investigada sostiene que el acuerdo de consultoría habría sido simulado y que la operación financiera estaría relacionada con fondos de origen delictivo.

Espert cuestionó esa interpretación y señaló que, a su entender, el juez tuvo por acreditado que el dinero provenía de un delito y que el contrato era ficticio, pero descartó otros aspectos que habían sido planteados durante la investigación.

En su apelación, sostuvo que la resolución no encontró relación entre la transferencia y otros elementos mencionados durante el proceso, como un fideicomiso vinculado con la costa y un vehículo adquirido a fines de 2024. También remarcó que el fallo rechazó agravantes solicitadas por la acusación y reconoció que no existían motivos para poner en duda su capacidad profesional para prestar el servicio contratado.

Según la lectura del ex legislador, la imputación quedó concentrada en la recepción del dinero desde Estados Unidos, su utilización para comprar dos automóviles y el tratamiento contable de la operación dentro de la sociedad.

La defensa también argumentó que la transferencia se realizó mediante el sistema bancario, ingresó a una cuenta a nombre de Espert y que los vehículos fueron adquiridos con facturas y pagos electrónicos. Además, afirmó que el contrato no fue presentado ante bancos ni organismos públicos y que Machado no recibió una devolución del dinero.

Otro de los cuestionamientos apunta a la valoración del conocimiento que Espert habría tenido sobre la situación de Machado al momento de firmarse el acuerdo. El ex diputado consideró contradictorio que el fallo describiera al empresario como alguien sin sospechas aparentes en aquella época y, al mismo tiempo, le atribuyera la obligación de conocer un supuesto origen ilícito de los fondos.

El planteo de persecución política

La apelación también cuestiona las referencias del fallo a la financiación de dirigentes y campañas electorales. Espert sostuvo que no fue indagado por esos hechos y consideró que su inclusión en la resolución introduce elementos ajenos al núcleo de la imputación.

En ese contexto, afirmó que el proceso tiene una motivación política y que se lo busca perseguir y proscribir. Se trata de una interpretación planteada por su defensa en el marco del recurso, cuya procedencia deberá ser evaluada por la instancia judicial correspondiente.

El ex legislador también señaló que distintos organismos estatales que tuvieron contacto con Machado contaban con herramientas para detectar eventuales irregularidades, pero, según su planteo, no advirtieron anomalías.

La Cámara Federal de San Martín deberá analizar los argumentos presentados y resolver si confirma o modifica el procesamiento. Mientras tanto, la defensa pidió que se complete la investigación y que las decisiones se adopten sobre la base de las pruebas incorporadas al expediente.