El oficialismo busca aprobar el paquete de seguridad de pullaro

Pese a los cuestionamientos de especialistas en derecho, constitucionalistas y abogados, la mayoría oficialista de la Cámara de Diputados de Santa Fe prevé dar media sanción este jueves al paquete de seguridad impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro.

La vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, defendió la reforma de las leyes vinculadas con la seguridad que el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura y aseguró que “es algo que necesitan los santafesinos”. Antes de su tratamiento en Diputados, pidió una mirada que “trascienda a las fuerzas políticas” y que se escuche “lo que dice la gente”.

Las declaraciones llegaron en medio de fuertes cuestionamientos de la oposición y de especialistas que advierten que la iniciativa podría vulnerar garantías constitucionales y abrir el camino a un Estado policial con rasgos autocráticos.

La mayoría oficialista prevé avanzar esta semana con el proyecto, aunque las expectativas están puestas en la redacción final de un texto que, desde sus primeros esbozos públicos, recibió críticas de organizaciones sociales, asociaciones civiles, defensorías e integrantes de la Corte Suprema provincial.

“El consenso en Unidos es que este jueves haya ley”, anticipó el diputado radical José Corral en declaraciones a LT10.

Entre las medidas contempladas se encuentran los controles preventivos del IMEI de los teléfonos celulares, la posibilidad de tomar declaraciones a testigos sin la presencia de un abogado defensor, la declaración de zonas de riesgo con restricciones a derechos como la libre circulación y la realización de allanamientos sin una orden judicial previa.

abogados penalistas advierten sobre la vulneración de garantías

El presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, José Nanni, sostuvo que el proyecto atenta contra las garantías constitucionales y la división de poderes.

“Nosotros entendemos que el proyecto enviado por el Ejecutivo atenta contra numerosas garantías constitucionales y atenta también contra la división de poderes”, señaló a un portal de noticias.

Además, consideró que la iniciativa resulta “sumamente abusiva en cuanto a los derechos de todos los ciudadanos” y que otorga “exorbitantes facultades a la policía, al Ministerio Público de la Acusación, a los fiscales”.

Nanni también cuestionó que la propuesta elimina prácticamente el control de determinados actos jurídicos y reduce el control jurisdiccional, una función que corresponde a los jueces para garantizar la legalidad de los procedimientos.

Por su parte, el abogado Guillermo Munné, integrante del Foro Contra la Impunidad y por la Justicia, advirtió que el proyecto incorpora herramientas que podrían vulnerar derechos y garantías constitucionales.

“Se cree que por portar determinados estereotipos ya debe declararse la culpabilidad y acelerar los tiempos para encarcelar”, señaló en declaraciones a un medio local.

El abogado también alertó que las medidas podrían aumentar las tasas de encarcelamiento sin afectar a las organizaciones criminales complejas. En ese sentido, cuestionó el enfoque de la iniciativa y lo calificó como una forma de “efectismo y demagogia” contra los sectores más vulnerables, destinada a ocultar la falta de resultados frente a las mafias.

cuestionamientos por las zonas de riesgo y los allanamientos

Munné también puso el foco en la facultad de declarar determinadas zonas como áreas de riesgo y restringir derechos a partir de una decisión ministerial, sin necesidad de una orden judicial.

“Sabemos en qué barrios va a pasar esto”, advirtió el abogado, quien trazó un paralelismo con los procedimientos represivos de la última dictadura militar.

En tanto, el Foro Contra la Impunidad y por la Justicia y Tramas Derecho en Movimiento expresaron su rechazo al proyecto y cuestionaron especialmente la posibilidad de realizar interrogatorios policiales durante períodos de detención sin la presencia obligatoria de un abogado.

Para estas organizaciones, habilitar ese mecanismo representa un retroceso respecto de los límites institucionales que la democracia argentina construyó después de la última dictadura.

Desde la Agrupación Hijos Rosario, Romina Marucco también manifestó su preocupación por el alcance de las reformas.

“Entendemos que es darle más poder a la Policía y restar a las y los ciudadanos menos garantías constitucionales. Ya no tendría que haber la presencia de un defensor cuando estén tomando la declaración, pueden hacer allanamientos automáticos. Es de un nivel de gravedad que ni en la época de la dictadura se animaron a tanto”, sostuvo.

Marucco remarcó que la situación debe generar preocupación en democracia y explicó que las organizaciones de derechos humanos buscaron analizar el proyecto desde una perspectiva técnica, además de política.

En ese marco, recordó la realización de un conversatorio con especialistas, entre ellos la constitucionalista Matilde Bruera, el exministro de Justicia Juan Lewis y la abogada penalista Candela De Marchi. También mencionó los aportes de Oscar Lupori, quien plantea una perspectiva alternativa basada en el concepto de seguridad humana.

negociaciones contrarreloj en la legislatura

Este miércoles volvían a reunirse las comisiones de Seguridad y de Asuntos Constitucionales con la intención de emitir dictamen. Sin embargo, varios legisladores consideraban que no habría dictamen durante la jornada y que las negociaciones continuarían hasta el jueves 29, antes del inicio de la sesión.

Los aliados socialistas de Pullaro todavía no definieron su posición sobre el paquete de reformas y mantienen conversaciones para introducir modificaciones.

Por su parte, la Unión Cívica Radical (UCR) acercó cambios al proyecto original. Según trascendió desde la Legislatura, el acuerdo podría cerrarse sobre el límite del inicio de la sesión de este jueves.

Así, el oficialismo busca avanzar con una de las principales iniciativas de su agenda de seguridad, en medio de las advertencias de abogados, organizaciones sociales y referentes de derechos humanos sobre las posibles consecuencias de las nuevas facultades previstas para las fuerzas policiales y los organismos judiciales.