



La disputa entre el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y los principales clubes de Brasil por la regulación de las apuestas online sumó un nuevo capítulo. Flamengo y Fluminense exhibieron en sus camisetas el mensaje “Proibir não é proteger” (“Prohibir no es proteger”), en rechazo al decreto que prohíbe las apuestas por internet y su publicidad en el país.
La consigna, promovida por distintas entidades del sector, se hizo visible durante el clásico carioca y expuso un conflicto que combina regulación estatal, contratos comerciales y preocupación por los ingresos de las instituciones deportivas.
El reclamo no se limita a la pérdida de patrocinadores. Los clubes cuestionan la implementación de la medida y piden un período de transición que les permita renegociar los acuerdos comerciales que ya están en vigencia. Para las instituciones, una prohibición aplicada de manera abrupta podría afectar una fuente importante de financiamiento sin garantizar la desaparición de las apuestas ilegales.
Los clubes recurren a la Justicia para frenar la medida
Flamengo, Fluminense, Botafogo, São Paulo y otras instituciones acudieron al Supremo Tribunal Federal (STF) para cuestionar la normativa. Además, 23 clubes de las dos principales categorías del fútbol brasileño presentaron escritos para intervenir en las acciones judiciales vinculadas con la medida.
La postura de los equipos es que restringir el mercado regulado no necesariamente elimina la actividad, sino que podría desplazarla hacia circuitos ilegales. Por eso, solicitan que se revisen los alcances de la prohibición o que se establezca un plazo razonable para adaptar sus estructuras comerciales.
El conflicto también pone en discusión el peso que adquirieron las casas de apuestas en el financiamiento del fútbol brasileño durante los últimos años.
El impacto económico: estiman pérdidas de US$480 millones
Las cifras permiten dimensionar la preocupación de los clubes. Durante 2025, los equipos de la Serie A brasileña recibieron alrededor de 1.000 millones de reales, equivalentes a unos US$192 millones, en publicidad directa de casas de apuestas. Ese monto representó casi el 10% de sus ingresos recurrentes.
Sin embargo, el impacto potencial no se limitaría a los contratos de patrocinio de cada institución. También podría alcanzar los acuerdos comerciales de los torneos, la publicidad en los estadios y otros negocios relacionados con la actividad.
El presidente de Flamengo estimó que su club podría perder hasta 400 millones de reales en 2027. A su vez, una proyección presentada por la institución calculó que el perjuicio para el conjunto del fútbol brasileño podría alcanzar los 2.500 millones de reales, cerca de US$480 millones.
De concretarse ese escenario, los clubes deberían buscar nuevas fuentes de financiamiento para compensar la eventual salida de uno de sus principales sectores de patrocinio.
Lula, el Congreso y la Justicia, en el centro de la disputa
Con Lula confirmado para un nuevo mandato, la atención se concentra en el Congreso y en la Justicia, que deberán definir el futuro de la medida provisoria y sus consecuencias para la industria deportiva.
Mientras los clubes buscan frenar la aplicación de la norma o conseguir un plazo para renegociar sus contratos, el Gobierno sostiene que las restricciones responden a la necesidad de enfrentar el endeudamiento de las familias y los problemas de salud pública asociados al juego.
La controversia deja en evidencia el choque entre dos objetivos: por un lado, la intención oficial de limitar los efectos negativos de las apuestas y, por otro, la preocupación de las instituciones por preservar sus ingresos.
El fútbol brasileño advierte que la prohibición podría poner en riesgo cientos de millones de dólares y reclama que se contemplen sus consecuencias económicas antes de avanzar con la medida. La definición del conflicto será clave tanto para el futuro del mercado de apuestas como para el financiamiento de los principales clubes del país.


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