Un juicio político a la república

En un contexto de rechazo general, y recién inaugurado el año, el Presidente de la República y once gobernadores oficialistas decidieron llevar adelante el pedido de juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema. La iniciativa de Fernández -fruto del conflicto con la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación y las innegables presiones internas -, intentó conseguir el respaldo de la mayoría de los jefes provinciales, pero frente a la endeblez argumental y los alcances políticos de la medida, muchos gobernadores decidieron tomar distancia .

En este punto es necesario entender el verdadero significado y preguntarnos: ¿Qué es un juicio político y cuál es su procedimiento?. El objeto o la finalidad del instituto es de, nada más y nada menos, establecer de forma efectiva la responsabilidad política (en este caso los ministros de la Corte). El notable constitucionalista Gregorio Badeni nos explicaba que el mal desempeño en el ejercicio de la función es la circunstancia donde un funcionario no poseen o este revela falta de idoneidad para proseguir en el ejercicio del cargo, mediante conducta acreditable objetivamente. Tal situación coloca a los Diputados y Senadores, frente a la mayor posibilidad de evaluar la IDONEIDAD de un funcionario público, poniendo a salvo este principio, esencial para el estado constitucional de derecho(Art. 16 CN).

Ingresado el pedido a la Cámara de Diputados, la “Comisión” llevará a cabo un “análisis previo”, antes de abrirse la instancia. El Presidente de la misma, o los miembros de ella, analizará si se dan las condiciones subjetivas del denunciado y objetivas de la causa para la apertura del sumario de investigación o, en su caso, aconsejar el rechazo a la solicitud. Este informe deberá ser considerado por el plenario de la Comisión.

Concluida la misma y cerrado el proceso informativo, si existen indicios ciertos o semiplena prueba de causales graves que hagan a la procedencia de juicio político, se abre la instancia mediante un sumario, en el que la “comisión” puede: realizar inspecciones de lugares, esta puede solicitar al Juez Federal que corresponda el registro del domicilio y el secuestro de todo aquello que puede servir como medio de prueba, siempre, se deberá acompañar las razones de tal solicitud, donde también deberá ser realizada por el juez que entienda en la causa.

También se podrá -cuando tenga relación al hecho investigado- llevar a cabo la intercepción de correspondencia como también de comunicaciones telefónicas de acuerdo a lo preceptuado por el Código Procesal Penal en tanto no vulnere la inmunidad del denunciando, se podrá interrogar a toda persona que conozca los hechos investigados, siempre respetando las las reglas establecidas en la regla de procedimiento mencionada. Asimismo, la Comisión podrá tomar declaración de testigos, practicar careos, solicitar informes, extraer fotocopias o testimonios y, toda medida que resultare idónea para la investigación. Terminada la actuación sumariales se citará al denunciado, quien podrá presentar un informe escrito, el que se agregará a lo actuado.

En definitiva, queda más que claro que el tan anunciado “juicio político” no tiene sustento alguno en las causales establecidas en el Art. 53 de nuestra Carta fundamental. Seguramente van a intentar exponer y buscar deslegitimar a los miembros de la Corte Suprema mediante este procedimiento ya que cuentan con mayoría en la comisión. Pero estoy convencido de que será un proceso teñido de parcialidad, ensombrecido por el fanatismo e intereses partidarios, ajenos a la búsqueda de la verdad, y como tal las consecuencias de éste verdadero desatino será el daño a las instituciones básicas de la república.

El jurista Joseph Story decía sobre el juicio político y las cualidades que debe reunir en cabeza del juzgador, que es fundamental la “imparcialidad, la integridad, el saber y la independencia”, por cuanto “Si una de estas cualidades llegare a faltar, el juicio será radicalmente malo”. Conociendo los argumentos y los protagonistas de éste ataque a la justicia está claro que este proceso tiene como único objetivo domesticar y amedrentar a nuestro Máximo Tribunal, pero solo provocará una degradación del sistema institucional, poniendo en jaque así al sistema republicano y la división de poderes.

* Para www.infobae.com