Pullaro le saca a la Corte una atribución clave para controlar el dinero narco

Hace tres meses el gobierno de Santa Fe se propuso movilizar legajos dormidos durante años abiertos para determinar el destino final de inmuebles de los dos más emblemáticos grupos narcos de Rosario, los comandados por Esteban Alvarado y Los Monos. Los encargados de pesquisar descubrieron entre mayo y junio algo asombroso: en esas propiedades, algunas muy publicitadas tras los allanamientos ocurridos hasta diez años atrás, seguían viviendo personas vinculadas a las bandas. No se había hecho nada, en definitiva, para concretar los decomisos.

 Todos los bienes ahora sujetos a decomiso tienen una valuación conjunta estimada por el gobierno provincial en dos millones de dólares a valor de subasta. Entre los bienes había una vivienda de gran porte construida por Alvarado en el barrio privado Tierra de Sueños I de Roldán y a nombre de un testaferro, por el que ambos recibieron condena. También un célebre campo de tres hectáreas en Pérez requisado en 2013 a la familia Cantero, líderes de Los Monos. Allí encontraron hace pocos días caballerizas y trece perros galgos. En los dos inmuebles, según fuentes oficiales, vivían personas allegadas a los verdaderos dueños.

La determinación de generar trazabilidad para los bienes secuestrados al delito y en la detección de empresas legales del campo criminal, además de darles destino, produjo dos fuertes medidas políticas. Una de ellas es que el gobernador Maximiliano Pullaro le quitará por vía legal a la Corte Suprema el control de la inscripción de sociedades que hoy tiene el Registro Público de Comercio. Estas pasarán exclusivamente a la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), en el ámbito del Ministerio de Gobierno. Hasta hoy ambas reparticiones, en el caso de inscripción de empresas, tienen atribuciones.

 

 Eso para que las consultas de fiscales por ejemplo se simplifiquen y estos no deban apelar a dos organismos. En el Poder Ejecutivo santafesino explican que hoy toda la información de Asociaciones, Fundaciones y Sociedades Anónimas domiciliadas en la provincia pueden consultarse online en la IGPJ. Y así será con las sociedades de acción simplificada (SAS) y las SRL que, como se detectó en investigaciones a Los Monos y Alvarado, eran el rótulo legal de empresas montadas con fondos del delito.

Sacar atribuciones, en este caso administrativas, a la Corte es una señal política más de la decisión de Pullaro de avanzar hacia su próxima renovación.

La segunda medida para controlar el lavado tomada por la provincia será identificar por obligación legal a todo el que participe en un contrato de fideicomiso inmobiliario, para que a esa información tenga acceso el Estado, que hoy no tiene.

 

 

 

"Se identificará al que puso plata en un fondo para conocer quiénes son los verdaderos dueños del bien. Hoy esos contratos privados no se informan a ninguna esfera provincial", señaló un funcionario del Poder Ejecutivo. La iniciativa está en un proyecto de ley que la Legislatura santafesina tratará la semana próxima.

En Santa Fe, y especialmente en Rosario, fue notorio en las pesquisas penales desde 2013 advertir cómo el dinero de economías criminales, en especial el comercio de drogas, se infiltra en la economía legal, en especial en inmuebles y bienes raíces. Un ejemplo de manual es el caso de un departamento comprado por Alvarado en un fondo fiduciario en Condominios del Alto, un desarrollo ubicado frente al Shopping Alto Rosario, que levantó IRSA. Ese fideicomiso, se señaló en el trámite judicial en 2019, fue administrado por un particular que fue directivo en la Bolsa de Comercio de Rosario. Una muestra elocuente de las conexiones del narco rosarino para lograr impunidad es que en ese departamento residía el jefe de Inteligencia de Drogas Javier Makhat, quien por esto fue condenado en 2021 a tres años de prisión y a una multa de 50 millones de pesos.

 

 

 

En marzo pasado la APRAD, que es la agencia provincial que dispone de los bienes y efectos que se secuestran a la actividad criminal buscó saber el destino de los inmuebles requisados a Alvarado y a los Cantero. Advirtieron una morosidad notoria para darles destino final a propiedades del mundo criminal. Algunas de las cuales estaban en proceso de confiscación hacía diez años, pero todavía bajo el uso de allegados a imputados que aparecían como sus dueños.

En el caso de Alvarado advirtieron que el legajo de sus bienes estaba inmovilizado desde noviembre de 2022. Allí estaban tres propiedades en un barrio privado de Roldán y la vivienda rural del paraje Los Muchachos en Piñero, predio de cuatro hectáreas comprado por Alvarado mientras estaba detenido en la cárcel bonaerense de Urdampilleta, y puesta a nombre de sus hijos con su usufructo vitalicio. En esa vivienda fue asesinado en 2018 el prestamista Lucio Maldonado, por lo que Alvarado fue condenado a prisión perpetua como ideólogo en 2022.

 

 

 

También se detectó que desde marzo de 2023 estaba la orden de tomar posesión bienes relacionados con Los Monos que la provincia no ejecutó. Estaban incluidos el campo de tres hectáreas de Pérez, dos viviendas en Granadero Baigorria en Pasco 1038 y Viamonte al 100 más tres viviendas en la zona sur de Rosario. 

La APRAD presentó un escrito en febrero 2024 para tomar posesión de los bienes de Alvarado primero, medida que según fuentes oficiales se ejecutó el 7 de mayo pasado. En junio se presentó otro oficio para tomar posesión de los bienes de Los Monos, medida que se adoptó el 24 de junio último.

CON INFORMACION DE LA POLITICA ONLINE.