El campo rechaza con dureza el decreto que restablece retenciones y reclama a Milei una promesa incumplida

• El decreto 439/2025 restablece retenciones a la soja (33%) y al maíz (12%) desde el 1 de julio, generando fuerte rechazo en el sector agropecuario.
• Ignacio Kovarsky (Carbap) critica que Milei incumplió su promesa de eliminar retenciones y considera que estos impuestos limitan el desarrollo del campo y del país.
• Nicolás Pino (SRA) llama a la prudencia y aclara que no es correcto decir que los productores venden menos, ya que son los exportadores quienes liquidan.
• El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defiende la medida por la necesidad de controlar el déficit fiscal y señala que estos impuestos no fueron creados por el actual Gobierno.
• El campo anticipó ventas por entre 6.000 y 7.400 millones de dólares para evitar el impacto del aumento de retenciones.
• La situación evidencia una brecha entre el discurso oficial, que promete menos impuestos, y la realidad de las medidas adoptadas, intensificando la histórica tensión entre el Estado y el agro.

El sector agropecuario argentino respondió con fuerte rechazo al decreto 439/2025 que restablece las retenciones a la soja en 33% y al maíz en 12% desde el 1 de julio, avivando el malestar por una promesa incumplida del presidente Javier Milei.

Ignacio Kovarsky, titular de Carbap, fue contundente en declaraciones a Radio Rivadavia: “Son y serán un robo con cualquier gobierno. El presidente dijo que al asumir las iba a sacar. No solo no lo hizo, sino que ahora posterga esa baja. Mientras tanto, el productor sigue sin margen. Tenemos paciencia, pero el bolsillo ya no aguanta más”. Para Kovarsky, estas retenciones son un freno al desarrollo agrario y una carga que limita el crecimiento del país.

Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA), su presidente Nicolás Pino llamó a la prudencia y reconoció que “tal vez no estén dadas las condiciones para eliminar las retenciones por completo”. Sin embargo, aclaró que “no es correcto afirmar que los productores estemos vendiendo menos; los exportadores son quienes liquidan”.

En respuesta, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, señaló que el déficit fiscal obliga a mantener ciertos impuestos y recordó que no fueron creados por el actual Gobierno, aunque manifestó comprensión por el malestar de las provincias agropecuarias.

En las semanas previas al aumento, el campo aceleró las ventas, con una liquidación de granos estimada entre 6.000 y 7.400 millones de dólares, en un claro intento de evitar el impacto del nuevo esquema tributario.

Este choque revela la brecha creciente entre el discurso oficial y las medidas concretas: mientras los productores exigen la eliminación total de las retenciones para recuperar competitividad, el Gobierno aduce restricciones fiscales que limitan su capacidad de maniobra. La relación entre el Estado y el campo, una historia marcada por tensiones, abre un nuevo capítulo.