El aumento de jubilaciones aprobado en el Senado costaría 0,7% del PBI y eleva la mínima a $441.564

• El Senado aprobó una ley que aumenta las jubilaciones un 7,2% y eleva el bono de $70.000 a $110.000, con ajuste por inflación.
• El haber mínimo subiría a $441.564 y el máximo a $2.231.111.
• También se restituye la moratoria previsional por dos años.
• El presidente Milei anunció que vetará la ley por su impacto fiscal (0,7% del PBI).
• La oposición incluyó fuentes de financiamiento para sostener el gasto.
• Crece la tensión entre el Congreso y el Ejecutivo.

El Senado convirtió en ley este jueves el proyecto impulsado por la oposición que establece un aumento del 7,2% en las jubilaciones y una suba del bono previsional de $70.000 a $110.000, monto que además se actualizará por inflación. De aplicarse la norma, el haber mínimo escalaría a $441.564 mensuales, mientras que el haber máximo pasaría a $2.231.111.

La medida busca corregir el desfasaje provocado por la inflación de enero, que alcanzó el 20,6%, frente al incremento del 12,5% otorgado por decreto en abril pasado. El ajuste también impactaría en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que subiría de $247.436 a $317.436. En tanto, para la jubilación promedio, estimada por el Gobierno en $900.000, el nuevo esquema llevaría el ingreso a $964.800.

Sin embargo, el presidente Javier Milei ya anticipó que vetará la ley. “Nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el déficit cero”, escribió en sus redes sociales, y calificó la medida como “demagogia populista”. Si el Congreso logra reunir los votos para rechazar el eventual veto, el Gobierno recurriría a la Justicia.

El proyecto también repone por dos años la moratoria previsional, un mecanismo que había quedado sin efecto en marzo y que permite jubilarse a personas que no cuentan con los 30 años de aportes. Según la oposición, sin este sistema 7 de cada 10 personas no podrían acceder a la jubilación mínima.

A diferencia de iniciativas anteriores, esta ley incorpora mecanismos para financiar el aumento del gasto previsional. Entre ellos, propone eliminar exenciones de IVA a directores de empresas, quitar beneficios impositivos a sociedades de garantía recíproca, redireccionar fondos de registros automotores y reasignar partidas otorgadas por decreto a la ex SIDE.

El costo fiscal de la suba, según estimaciones oficiales, sería del 0,7% del PBI acumulado entre 2025 y 2026. En Casa Rosada sostienen que no hay margen para desvíos presupuestarios. La oposición, por su parte, argumenta que se trata de una medida de reparación urgente frente al deterioro del poder adquisitivo de los adultos mayores.

Mientras tanto, la ley avanza y la tensión entre el Congreso y el Ejecutivo sigue escalando, con el futuro de millones de jubilados en juego.