Reforma constitucional: un juez propone reglas claras para la responsabilidad fiscal de municipios y comunas

• El juez federal Aldo Alurralde propuso reformar los artículos 5 y 107 de la Constitución santafesina.
• Busca fijar principios básicos para la administración tributaria municipal: acceso a la información, gobernanza de datos y equilibrio presupuestario.
• Plantea que la provincia garantice el equilibrio fiscal local sin afectar la autonomía.
• Propone obligación constitucional de administración ordenada y participación ciudadana en el control de recursos.
• Advierte que la autonomía debe ir acompañada de responsabilidades y controles.
• La propuesta se debatirá en la Comisión de Régimen Municipal antes de la etapa de dictámenes.

En el marco del intenso debate por la reforma de la Constitución de Santa Fe, el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, participó este miércoles en la audiencia pública convocada por la Comisión de Régimen Municipal de la Convención Constituyente, desarrollada en el Concejo Municipal de la capital provincial. Su intervención apuntó de lleno a un aspecto que suele encender alertas en la gestión local: el régimen tributario y la responsabilidad fiscal.

Alurralde propuso reformas concretas a los artículos 5 y 107 de la Carta Magna provincial, con el objetivo de establecer principios básicos que deben regir la administración tributaria de municipios y comunas. Antes de su exposición, en diálogo con AIRE, el magistrado adelantó el núcleo de su planteo: “Se trata de fijar criterios claros para el acceso a la información pública, la gobernanza de datos y el equilibrio presupuestario”.

Según explicó, la idea es que la provincia asuma un rol activo como garante del equilibrio fiscal en el nivel local, evitando que gestiones desbordadas en sus gastos terminen en situaciones de endeudamiento o en los tribunales por presunto mal manejo de fondos. “No se trata de coartar la autonomía municipal, sino de asegurar que esa autonomía se ejerza con responsabilidad y transparencia”, remarcó.

El juez hizo especial hincapié en la necesidad de que las comunas y municipios tengan la obligación constitucional de mantener una administración ordenada y sostenible, alineada con los principios de responsabilidad fiscal. En su propuesta, esta noción se complementa con un mecanismo de participación ciudadana que permita a los vecinos controlar y seguir de cerca cómo se administran los recursos.

“Las constituciones no cambian realidades, simplemente facilitan la gestión de las personas que son las que sí cambian las realidades”, reflexionó Alurralde, dejando claro que el texto normativo es una herramienta y no un fin en sí mismo. En esa línea, señaló que dotar al régimen municipal de reglas claras y modernas puede contribuir a mejorar la administración y prevenir conflictos legales o financieros.

La audiencia se desarrolló en un clima de intercambio técnico y político, como parte de un ciclo de exposiciones en el que convencionales, especialistas y referentes sociales acercan propuestas para la nueva Constitución. El capítulo sobre autonomía municipal es uno de los más debatidos dentro de la reforma: mientras algunos sectores reclaman ampliar las facultades de las ciudades y pueblos para decidir sobre su organización y recursos, otros advierten sobre los riesgos de una descentralización sin controles efectivos.

Alurralde se alineó con la idea de autonomía, pero advirtió que debe ir acompañada de obligaciones concretas y de un marco que permita a la provincia intervenir en casos de riesgo fiscal. A su juicio, la reforma constitucional es una oportunidad para “blindar” las finanzas locales contra manejos irresponsables y asegurar la transparencia en el uso de fondos públicos.

La Comisión de Régimen Municipal continuará recibiendo aportes en las próximas semanas, antes de pasar a la etapa de dictámenes que serán debatidos en el plenario de la Convención. Allí se definirá si las propuestas, como la de Alurralde, se incorporan al texto final que regirá la vida institucional de la provincia durante las próximas décadas.

Con esta intervención, el magistrado federal no solo llevó a la mesa un enfoque jurídico sobre el régimen municipal, sino que encendió la discusión sobre un tema sensible: cómo garantizar que la autonomía no sea sinónimo de desorden financiero. En un contexto en el que la reforma busca modernizar la Constitución después de 60 años, el equilibrio entre libertad de gestión y responsabilidad fiscal aparece como uno de los puntos clave para el futuro de Santa Fe.