Reforma laboral y sistema de salud: el recorte que pone en tensión a las obras sociales

• La reforma laboral reduce del 6% al 5% el aporte patronal a las obras sociales.
• El recorte implicaría una pérdida mensual estimada de más de $100.000 millones para el sistema.
• Especialistas advierten que la medida agravará la crisis financiera de las obras sociales.
• El Fondo Solidario de Redistribución destina hoy la mayor parte de sus recursos a discapacidad.
• Sindicatos alertan que más empleo formal con menos aportes haría inviable la cobertura.
• El debate expone tensiones entre la baja del costo laboral y la sostenibilidad del sistema de salud.

La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei avanza con cambios estructurales en la Ley de Contrato de Trabajo bajo el objetivo declarado de reducir el “costo laboral” y promover el empleo formal. Sin embargo, más allá de la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), el proyecto incorpora una modificación que encendió fuertes alertas en el sistema sanitario: la reducción de un punto porcentual en el aporte patronal a las obras sociales, una decisión que podría generar un recorte superior a los $100.000 millones mensuales y profundizar una crisis financiera ya existente.

La iniciativa prevé bajar del 6% al 5% la contribución patronal destinada a las obras sociales, mientras se mantiene sin cambios el aporte del trabajador, que continúa en el 3%. De acuerdo con especialistas y referentes del sector, esta medida tendría un impacto directo sobre la recaudación del sistema solidario de salud, en un contexto en el que las prestaciones aumentan por encima de los ingresos y la estructura de financiamiento se encuentra al límite.

“El recorte implicará una caída aproximada del 11% en la recaudación de las obras sociales”, advirtió el médico y exdirector ejecutivo del PAMI, Carlos Regazzoni. Según sus estimaciones, la reducción de la alícuota patronal significaría una pérdida mensual cercana a los $16.500 millones para el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), el mecanismo que equilibra recursos entre las distintas obras sociales, y hasta $90.000 millones mensuales para el conjunto del sistema. En total, el impacto rondaría los $106.000 millones por mes.

Desde el Gobierno sostienen que la baja del costo laboral permitirá ampliar el empleo registrado y que ese crecimiento compensará la merma inicial de recursos. No obstante, Regazzoni cuestiona esa premisa desde un punto de vista técnico. “La recaudación per cápita por afiliado será menor, y eso agrava la crisis. Si hay más afiliados, también habrá más enfermedades y mayores costos, pero con menos aportes para afrontarlos”, explicó.

El recorte llega en un momento de extrema fragilidad para las obras sociales. No existen cifras oficiales actualizadas sobre el costo del Programa Médico Obligatorio (PMO), aunque estimaciones privadas lo ubican entre $65.000 y $70.000 mensuales por afiliado. Ese nivel de cobertura, comparable al de sistemas de países desarrollados, se sostiene mayoritariamente sobre trabajadores de bajos ingresos, ya que los asalariados con salarios más altos suelen derivar sus aportes a empresas de medicina prepaga.

La presión sobre el Fondo Solidario de Redistribución es otro de los puntos críticos. Según datos del sector, cerca del 90% de los recursos del FSR se destinan hoy a prestaciones vinculadas a la discapacidad, como transporte y apoyos educativos. “Eso deja muy poco margen para cubrir al resto de los afiliados”, señaló José Luis Lingieri, secretario de Acción Social de la CGT, quien fue más contundente en su diagnóstico: “Las obras sociales están quebradas. El sistema está quebrado. Esta reforma está orientada a quebrar a los sindicatos”.

Lingieri también cuestionó el enfoque del Gobierno sobre el costo laboral. “El verdadero costo laboral son impuestos como Ganancias, Ingresos Brutos, tasas municipales o el impuesto al cheque. Eso no lo tocan. Esta reforma fue diseñada por grandes estudios empresarios y sectores del poder político”, afirmó. Según explicó, muchos gremios ya están utilizando recursos propios para sostener sus obras sociales, una dinámica que consideran insostenible en el mediano plazo.

Una de las principales contradicciones que señalan los críticos del proyecto es que, si la reforma efectivamente logra ampliar el empleo formal, el sistema de obras sociales no estaría en condiciones de absorber a una mayor cantidad de trabajadores con menos financiamiento disponible. “Si hay más trabajadores, que es lo que busca el Gobierno, no los podemos atender. Fundimos”, resumió Lingieri, quien advirtió que ese escenario implicaría, en los hechos, trasladar la atención sanitaria de los asalariados al Estado.

El dirigente puso como ejemplo el régimen de monotributo, donde actualmente se pagan alrededor de $20.000 mensuales por una cobertura integral. Con las actualizaciones previstas para 2026, la categoría más baja aportará $22.485, de los cuales el 90% se destina a salud y el 10% al FSR. Para el sector sindical, ampliar este esquema sin refuerzos financieros solo profundizaría los desequilibrios.

Desde la CGT también cuestionan la falta de instancias formales de diálogo. Aseguran que no fueron convocados a discutir alternativas y que existía voluntad de negociación. En paralelo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la reforma y volvió a poner en discusión el rol de los sindicatos y la cuota sindical, al considerarlos parte del denominado “costo argentino”.

Mientras el proyecto avanza en el Congreso, la reforma laboral abre así un debate de fondo que excede el mercado de trabajo y alcanza al sistema de salud. El interrogante central es si la reducción del costo laboral puede sostenerse sin erosionar un esquema sanitario que, según advierten sus protagonistas, ya se encuentra al borde del colapso.