SanCor: José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez procesados

Dos ex presidentes de la empresa láctea Sancor, José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, han sido procesados por la Justicia Federal. Se les acusa de haberse apropiado indebidamente de aportes sociales destinados a empleados, durante el periodo de 2020 a 2024.

La investigación comenzó a principios de 2024, tras denuncias de trabajadores de la planta en Sunchales, Santa Fe, quienes alertaron que la empresa no estaba realizando los depósitos correspondientes a los aportes de jubilación y salud. La denuncia se presentó el 9 de febrero, pero el caso fue trasladado al Juzgado Federal de Rafaela debido a su complejidad.

Simultáneamente, empleados de la planta de Don Torcuato, Buenos Aires, realizaron una denuncia similar en el Juzgado Federal de San Isidro. Ambos casos fueron unificados en Rafaela.

Los fiscales Jorge Gustavo Onel y Federico José Grimm encontraron suficiente evidencia para solicitar la indagatoria y posterior procesamiento de los acusados, cuyo trámite se concretó el 12 de noviembre. Gastaldi y Sánchez se abstuvieron de declarar.

El abogado de los imputados, Pablo Francisco Salvatori, argumentó que la presentación fiscal no demostraba de manera suficiente la responsabilidad penal individual de sus representados. Asimismo, solicitó la suspensión del proceso a prueba o "probation" y destacó que ya existe un concurso preventivo de la empresa en la justicia provincial, donde el fisco nacional está involucrado.

El juez Aurelio Cuello Murúa desestimó los planteamientos de la defensa, enfatizando que ambos ex presidentes, como líderes de Sancor, conocían sus responsabilidades como agentes de retención de los aportes sociales. El magistrado subrayó que existió una intención deliberada de eludir estas obligaciones, con un monto total evadido estimado en $1.644.440.882,68.

Los delitos en cuestión pueden acarrear penas de prisión de dos a seis años. A pesar del procesamiento, tanto Gastaldi como Sánchez permanecerán en libertad, pero deberán comprometerse a no obstaculizar la investigación y a informar sobre cualquier cambio de domicilio. Además, el juez impuso embargos sobre sus bienes por un valor de 90 millones de pesos cada uno.