La neutralidad judicial y el mito de la asepsia ideológica

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

Cada cierto tiempo reaparece, en ámbitos académicos y judiciales, una pregunta que parece sencilla pero que encierra una discusión de fondo: ¿puede un juez ser completamente ajeno a cualquier ideología? La respuesta protocolar sostiene que el magistrado se limita a aplicar la ley. La respuesta menos ceremonial admite que, como todo individuo, posee convicciones y una determinada visión del mundo. Entre ambas posiciones se despliega un debate que no es menor para la salud institucional.

Durante décadas se consolidó la idea de un juez casi ascético, abstraído de las corrientes políticas, económicas o culturales. Esa concepción aspiraba a garantizar una justicia inmune a presiones externas, sostenida únicamente en normas, precedentes y criterios técnicos. El modelo ofrecía una ventaja evidente: reforzaba la confianza en la objetividad del sistema. Sin embargo, también construía una imagen difícil de sostener en términos humanos.

Ningún magistrado llega a su cargo desprovisto de historia personal. Ha transitado una formación académica, ha desarrollado una carrera, ha vivido experiencias que inevitablemente influyen en su manera de interpretar los hechos. Esa influencia no implica, por sí misma, parcialidad. El problema surge cuando se confunde la existencia de convicciones con la legitimidad de imponerlas por encima del orden jurídico.

La clave no reside en exigir una neutralidad absoluta —que sería, en rigor, imposible— sino en demandar un compromiso estricto con la ley. El juez no está llamado a expresar preferencias personales ni a corregir el rumbo de la política desde el estrado. Su función es aplicar el derecho vigente, interpretarlo con coherencia y fundamentar sus decisiones con argumentos verificables. Allí se juega la verdadera imparcialidad.

La independencia judicial, tantas veces invocada en el debate público, no consiste en la libertad para decidir según simpatías o antipatías ideológicas. Por el contrario, supone la capacidad de sustraerse a presiones externas —políticas, mediáticas o corporativas— y también a inclinaciones internas que puedan desviar el análisis jurídico. Es una disciplina que exige rigor intelectual y autocontrol.

En ese marco, resulta necesario distinguir entre ideología y arbitrariedad. Que un juez posea una determinada cosmovisión no invalida su tarea, siempre que esa perspectiva no sustituya al marco normativo. El derecho establece límites claros y procedimientos precisos. Cuando esos límites se respetan y las decisiones se fundan en razones jurídicas consistentes, la credibilidad del sistema se fortalece.

También es cierto que las sentencias no se dictan en el vacío. Se producen en un contexto social e histórico concreto. Pero reconocer ese contexto no equivale a adaptar la ley a criterios subjetivos ni a convertir al juez en un actor político. Significa, más bien, comprender adecuadamente los hechos y valorar las pruebas con realismo, sin perder de vista que la función jurisdiccional tiene reglas propias.

El riesgo mayor no está en admitir la dimensión humana del magistrado, sino en desdibujar la frontera entre interpretación y militancia. Cuando la argumentación jurídica se sustituye por posicionamientos ideológicos explícitos o implícitos, la autoridad del fallo se resiente. La Justicia no puede transformarse en un espacio de confrontación partidaria sin deteriorar su legitimidad.

Por eso, la discusión debería desplazarse del plano abstracto —si los jueces tienen o no ideología— hacia uno más concreto: cómo garantizan que sus decisiones respondan al derecho y no a preferencias personales. La transparencia en la fundamentación, el respeto por los precedentes y el apego a los procedimientos son herramientas esenciales en ese sentido.

En una democracia constitucional, el Poder Judicial cumple un rol delicado. Debe controlar la legalidad de los actos de los otros poderes sin sustituirlos. Debe proteger derechos sin invadir competencias. Ese equilibrio exige prudencia y, sobre todo, conciencia de los límites institucionales.

Negar que los jueces tengan convicciones sería desconocer su condición humana. Pero aceptar esa condición no implica relativizar la exigencia de objetividad. El desafío es precisamente armonizar ambas dimensiones: humanidad y rigor normativo. La fortaleza del sistema judicial dependerá de esa capacidad de autocontención.

En definitiva, la neutralidad judicial no es ausencia de ideas, sino primacía de la ley sobre ellas. Cuando esa jerarquía se respeta, la Justicia conserva su autoridad. Cuando se invierte, el sistema entero comienza a tambalear.