Cuando la autoridad se negocia: el alto precio político que pagó Pullaro

Por Carlos Zimerman

El conflicto policial en Santa Fe fue mucho más que una discusión salarial. Fue una prueba de liderazgo político que el Gobierno provincial no supo administrar a tiempo y que terminó dejando una herida profunda en la autoridad del gobernador Maximiliano Pullaro.

El decreto de recomposición salarial permitió normalizar el servicio, pero no puede presentarse como un triunfo. Fue, en los hechos, una salida de emergencia frente a un escenario que se había desbordado. No se cerró un conflicto: se evitó que la crisis se convirtiera en un colapso institucional.

La responsabilidad política es ineludible. El Gobierno dejó crecer un problema que era visible desde hacía meses. Salarios deteriorados, jornadas interminables, desgaste psicológico y malestar interno formaban parte de un diagnóstico conocido. Sin embargo, la respuesta inicial fue minimizar la protesta, endurecer el discurso y aplicar sanciones, como si se tratara de un conflicto menor. Esa lectura equivocada terminó amplificando la tensión.

Pero hay un punto que debe ser dicho con claridad: más allá de la legitimidad del reclamo, la conducta de la policía fue inadmisible.
La fuerza no puede actuar como un sindicato. No puede paralizar funciones ni condicionar al poder político mediante la presión. La seguridad pública no es una variable negociable. Ese límite fue cruzado y el Estado no puede mirar hacia otro lado.

Aceptar el reclamo salarial no implica convalidar el método. Si no existen sanciones concretas a quienes promovieron acciones ilegales, el mensaje será devastador: que el motín funciona. Y cuando un gobierno negocia desde la extorsión, su autoridad se debilita.

El daño político ya está hecho. Pullaro logró restablecer la normalidad, pero quedó instalada una sensación de fragilidad. La crisis dejó al descubierto falencias en la conducción y, sobre todo, en el equipo que rodea al gobernador. Hubo funcionarios que no supieron advertir la magnitud del conflicto ni anticipar sus consecuencias. Esa falta de reflejos políticos tuvo un costo que hoy paga el Ejecutivo.

Además, el episodio abre un frente peligroso: otros sectores del Estado observan lo ocurrido como un antecedente. Docentes, personal de salud y empleados públicos también arrastran reclamos salariales. El riesgo es que la provincia ingrese en una lógica de presiones sucesivas, donde cada conflicto se resuelva cuando ya es imposible ignorarlo.

Este escenario obliga a una revisión profunda de prioridades. La provincia necesita recortar gastos superfluos y dirigir recursos hacia donde verdaderamente importa: seguridad, salud, educación y trabajadores estatales. No se puede sostener un discurso de austeridad mientras persisten estructuras políticas costosas y poco eficientes.

En esta crisis se equivocaron muchos. Se equivocó la policía al cruzar un límite institucional. Se equivocó el Gobierno al reaccionar tarde. Pero quien más perdió fue el gobernador, porque quedó expuesto como rehén de una situación que debió ser anticipada y conducida.

Cerrar el conflicto no alcanza. Deben asumirse responsabilidades. Y eso implica decisiones políticas: sanciones dentro de la fuerza y también cambios en áreas del Ejecutivo que demostraron no estar a la altura de una crisis de esta magnitud.

La autoridad no se reconstruye con comunicados ni con anuncios tardíos. Se reconstruye con conducción, con firmeza y con coherencia. El conflicto policial terminó. La discusión política recién empieza.