Diputados de Unión por la Patria pidieron citar al ministro de Defensa por la venta de inmuebles militares

• Diputados de Unión por la Patria impulsaron la citación del ministro de Defensa, Carlos Presti.
• La oposición reclama explicaciones sobre la desafectación y venta de inmuebles militares.
• El proyecto cuestiona los criterios utilizados para considerar prescindibles esos bienes.
• Los legisladores sostienen que las ventas afectan activos estratégicos para la defensa nacional.
• Entre los inmuebles mencionados figuran propiedades en Neuquén, La Plata, Corrientes y Ushuaia.
• La iniciativa vincula el debate con la soberanía nacional y la planificación de las Fuerzas Armadas.

Un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó un proyecto de resolución para convocar al ministro de Defensa, Carlos Presti, a brindar explicaciones ante la Cámara de Diputados sobre la desafectación y eventual venta de inmuebles pertenecientes a esa cartera, a las Fuerzas Armadas y a organismos descentralizados bajo su órbita. La iniciativa sostiene que esas operaciones implican una pérdida de activos estratégicos para la defensa nacional y reclama precisiones sobre los criterios utilizados por el Gobierno para avanzar con esas decisiones.

El proyecto fue impulsado por los diputados Agustín Rossi y Germán Martínez, quienes solicitaron que el titular de Defensa comparezca ante el Congreso para ofrecer un informe verbal sobre la política implementada respecto del patrimonio inmobiliario militar. Los legisladores consideran que el debate trasciende casos puntuales y requiere una explicación integral acerca del rumbo adoptado por la administración nacional.

Entre los principales interrogantes planteados en la iniciativa figura la necesidad de conocer cuáles son los parámetros utilizados para determinar qué inmuebles resultan prescindibles y cuál es la planificación estratégica que respalda esas desafectaciones. Según señalaron, no se trata únicamente de revisar actos administrativos específicos, sino de analizar el criterio general que orienta la política patrimonial del Ministerio de Defensa.

En los fundamentos del proyecto, los diputados opositores sostienen que existe una contradicción entre el discurso oficial de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la decisión de avanzar con la venta de bienes considerados relevantes para su funcionamiento operativo. A su entender, la reducción del patrimonio inmobiliario podría afectar capacidades logísticas y estratégicas que demandaron décadas de desarrollo.

Los legisladores afirmaron además que el proceso forma parte de una política más amplia de enajenación de bienes del Estado nacional. En ese contexto, remarcaron que los inmuebles vinculados con la defensa presentan características particulares debido a su ubicación geográfica, infraestructura y función dentro del despliegue territorial de las Fuerzas Armadas, por lo que consideran que no pueden ser evaluados únicamente desde una perspectiva económica.

El proyecto enumera distintos casos de inmuebles desafectados durante el primer semestre de 2026. Entre ellos figuran propiedades pertenecientes al Ejército Argentino en la ciudad de Neuquén, terrenos ubicados en La Plata, seis inmuebles situados en la provincia de Corrientes y un sector perteneciente a la Armada Argentina en Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego.

Para los autores de la iniciativa, esos bienes no constituyen activos ociosos ni recursos disponibles únicamente para obtener ingresos fiscales. Por el contrario, sostienen que integran la infraestructura que permite sostener la presencia territorial, la logística y la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas en distintas regiones del país.

En ese marco, Rossi y Martínez también hicieron referencia al Decreto 950/2024, mediante el cual el Poder Ejecutivo reactivó procedimientos para concretar operaciones de venta de inmuebles estatales que habían sido autorizadas durante administraciones anteriores, pero que no llegaron a ejecutarse.

Los diputados cuestionaron que, mientras el Gobierno sostiene públicamente la necesidad de fortalecer la política de defensa e incluso destinar parte de los recursos provenientes de privatizaciones a la adquisición de equipamiento militar, simultáneamente avance sobre activos que consideran esenciales para el funcionamiento de las instituciones castrenses.

Otro de los puntos señalados en el proyecto es el contexto presupuestario del área de Defensa. Según los legisladores, la reducción de recursos asignados al sector, sumada a la desafectación de inmuebles estratégicos, podría generar consecuencias de largo plazo difíciles de revertir. En ese sentido, advirtieron que la pérdida de infraestructura militar representa una decisión con impacto permanente sobre las capacidades del Estado.

Los impulsores de la convocatoria también sostuvieron que las desafectaciones responderían principalmente a objetivos fiscales o inmobiliarios antes que a una planificación vinculada con las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas. Por ese motivo, consideran necesario que el ministro explique cuáles son los estudios técnicos y estratégicos que respaldan cada una de las decisiones adoptadas.

Finalmente, los diputados afirmaron que el debate excede la administración del patrimonio estatal y se vincula directamente con la política de defensa y la soberanía nacional. En ese sentido, insistieron en que el Congreso debe conocer las razones que motivan la venta de inmuebles pertenecientes a la jurisdicción Defensa y evaluar el impacto que esas medidas pueden tener sobre la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas en el futuro.