El Gobierno extendió hasta fines de 2027 la emergencia del sector eléctrico y busca consolidar la normalización del sistema

• El Gobierno prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia del sector eléctrico.
• La medida busca continuar el proceso de normalización del Mercado Eléctrico Mayorista.
• El Ejecutivo advirtió que persisten riesgos técnicos, financieros y regulatorios en el sistema.
• La infraestructura envejecida y la limitada capacidad de transporte figuran entre las principales preocupaciones.
• La prórroga permitirá avanzar con la reducción gradual de subsidios y la implementación del régimen focalizado.
• El Gobierno alineó la emergencia eléctrica con la vigente para el sistema de transporte y distribución de gas natural.

El Gobierno nacional resolvió prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia del Sector Energético Nacional en los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal. La medida fue oficializada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 585/2026 y extiende el régimen excepcional que se encontraba vigente desde diciembre de 2023 y que ya había sido prorrogado en oportunidades anteriores.

La decisión alcanza no solo a la declaración de emergencia, sino también a todas las medidas y mecanismos derivados de ese marco normativo, con el objetivo de mantener las herramientas que el Poder Ejecutivo considera necesarias para continuar el proceso de reorganización del sistema energético.

En los fundamentos del decreto, el Gobierno sostuvo que aún persisten las condiciones que motivaron la declaración de emergencia original. Si bien reconoció avances en distintos aspectos vinculados al funcionamiento del sector, advirtió que todavía existen riesgos técnicos, operativos, económicos, financieros y regulatorios que podrían afectar la prestación del servicio eléctrico.

Según el Ejecutivo, la continuidad del régimen excepcional permitirá avanzar en la normalización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), mantener los mecanismos regulatorios transitorios y profundizar las reformas previstas para el período de transición. Además, consideró que estas herramientas resultan necesarias para preservar la seguridad del abastecimiento y fortalecer la sostenibilidad económica y financiera del sistema.

Entre los principales argumentos expuestos, el decreto destaca que el sistema eléctrico argentino continúa operando con márgenes reducidos de reserva, una situación que limita la capacidad de respuesta frente a contingencias o aumentos de la demanda.

A ello se suma el envejecimiento de una parte importante de la infraestructura, especialmente en las redes de transporte y distribución. El Gobierno señaló que numerosas instalaciones presentan un alto nivel de utilización y que buena parte de las fallas registradas en el servicio se producen en equipamientos con más de 25 años de funcionamiento.

El texto también advierte que la expansión de la infraestructura eléctrica no logró acompañar el crecimiento de las necesidades del sistema, lo que obliga a mantener un esquema de monitoreo permanente y a continuar impulsando inversiones destinadas a mejorar la capacidad operativa.

Otro de los ejes de la prórroga está relacionado con la situación económica del mercado eléctrico. El Ejecutivo considera necesario consolidar la recomposición de la cadena de pagos entre los distintos actores del sector y continuar con la reducción gradual de los subsidios energéticos generalizados, reemplazándolos por mecanismos de asistencia focalizada dirigidos a los usuarios que realmente lo requieran.

En ese marco, la continuidad de la emergencia también permitirá avanzar con la implementación del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y con la actualización de los precios estacionales de la energía, dos instrumentos que forman parte de la estrategia oficial para reordenar el esquema tarifario.

El Gobierno también justificó la extensión de la medida por la estrecha relación existente entre el sistema eléctrico y el de gas natural. Debido a que una parte significativa de la generación eléctrica depende del abastecimiento de gas, ambas actividades mantienen una fuerte interdependencia operativa.

Por ese motivo, el plazo de la emergencia eléctrica fue alineado con el régimen excepcional vigente para el transporte y la distribución de gas natural, que también permanecerá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2027.

En la argumentación del decreto, el Poder Ejecutivo advirtió además que una interrupción del marco regulatorio extraordinario podría generar incertidumbre en el mercado, afectar la continuidad de los procesos de inversión y provocar dificultades en la planificación de las obras necesarias para fortalecer la infraestructura energética.

Finalmente, el Gobierno sostuvo que la utilización del instrumento del Decreto de Necesidad y Urgencia respondió a la urgencia de preservar la estabilidad del sistema y evitar demoras que podrían derivarse del procedimiento legislativo ordinario. Según el Ejecutivo, la continuidad del régimen excepcional constituye una condición necesaria para sostener el proceso de normalización del mercado eléctrico y garantizar el abastecimiento energético durante los próximos años, mientras se avanza en las reformas estructurales previstas para el sector.