Cuando las diferencias internas terminan bloqueando al propio Gobierno

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

Hay disputas políticas que permanecen detrás de las puertas cerradas de los despachos y otras que terminan condicionando el funcionamiento mismo de un gobierno. La relación entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la conducción política del oficialismo en el Senado hace tiempo que dejó de pertenecer al primer grupo. Ya no se trata de diferencias personales, de estilos de conducción o de desacuerdos tácticos. Se convirtió en un problema institucional que comienza a impactar sobre la capacidad del Gobierno para convertir sus proyectos en leyes.

La reunión que mantuvieron Villarruel y Patricia Bullrich durante el receso parlamentario no debe interpretarse únicamente como un intento de reconciliación entre dos dirigentes que atravesaron días de extrema tensión. Constituye, sobre todo, el reconocimiento implícito de que la estrategia oficial empezó a mostrar fisuras en uno de los terrenos donde más necesita fortaleza: el Congreso.

Las fotografías de un encuentro cordial pueden aliviar el clima durante algunas horas. Lo que no modifican es una realidad mucho más compleja. Las heridas políticas no desaparecen porque dos dirigentes compartan una conversación. Mucho menos cuando detrás existe una acumulación de desconfianzas, operaciones cruzadas y cuestionamientos sobre la forma en que se construyen las mayorías parlamentarias.

El episodio protagonizado por la frustrada aprobación de la ley sobre propiedad privada dejó expuesta una dificultad que trasciende el contenido de un proyecto específico. Lo que quedó al descubierto fue una metodología de trabajo que varios senadores, incluso cercanos al oficialismo, comenzaron a cuestionar abiertamente.

Ningún parlamento serio puede funcionar sobre la base de borradores que cambian de manera permanente mientras la discusión ya está en marcha. Cuando los propios legisladores llegan al recinto sin conocer cuál será la versión definitiva del texto que deberán votar, el problema deja de ser político para convertirse en una deficiencia de gestión.

La velocidad con la que el Gobierno pretende avanzar muchas veces choca con la lógica inevitable de la construcción parlamentaria. Las leyes no se aprueban únicamente porque el Poder Ejecutivo las considere prioritarias. Requieren negociación, tiempo, consensos y, sobre todo, previsibilidad.

Ese parece ser uno de los principales déficits del oficialismo. La administración de Javier Milei continúa mostrando una notable capacidad para instalar temas en la agenda pública, pero todavía encuentra enormes dificultades para traducir esa centralidad política en mayorías legislativas estables.

La situación resulta aún más llamativa si se considera que el Gobierno necesita de sus aliados prácticamente para cada votación relevante. Esa condición de minoría debería convertir al diálogo político en una herramienta cotidiana. Sin embargo, con frecuencia parece ocurrir exactamente lo contrario.

Cada conflicto interno agrega una dificultad adicional a una negociación que ya de por sí resulta compleja. La tensión permanente entre distintos sectores del oficialismo termina debilitando la autoridad de quienes luego deben convencer a gobernadores, bloques dialoguistas o senadores independientes de acompañar iniciativas sensibles.

La disputa entre Villarruel y Bullrich simboliza precisamente ese problema. Ambas representan espacios decisivos dentro de la estructura oficialista y, al mismo tiempo, encarnan visiones diferentes sobre la administración del poder parlamentario.

Mientras algunos sectores privilegian una conducción centralizada desde la Casa Rosada, otros entienden que el Senado exige una dinámica mucho más flexible, basada en acuerdos permanentes y concesiones inevitables.

La política, después de todo, nunca fue el arte de imponer posiciones absolutas. Siempre consistió en administrar diferencias.

Quizá por eso las filtraciones de conversaciones privadas, los mensajes cruzados y las operaciones que se sucedieron durante las últimas semanas terminaron siendo mucho más dañinas que cualquier derrota legislativa puntual. Porque transmitieron la sensación de un oficialismo más preocupado por resolver sus conflictos internos que por consolidar una estrategia parlamentaria.

Lo paradójico es que el Gobierno encara ahora uno de los períodos legislativos más exigentes desde el inicio de la gestión.

La agenda que espera al Senado no admite improvisaciones. La ley de propiedad privada volverá al recinto. También aparecerán la reforma de sociedades, las modificaciones al régimen de zonas frías, el denominado súper RIGI, proyectos vinculados con salud mental, ludopatía y etiquetado frontal, además de otras iniciativas económicas consideradas prioritarias por el Poder Ejecutivo.

Cada una de ellas exigirá acuerdos políticos delicados.

Ninguna podrá aprobarse únicamente con la voluntad del oficialismo.

Y allí aparece otro dato que la Casa Rosada parece comenzar a comprender. Los bloques dialoguistas ya no están dispuestos a acompañar automáticamente la agenda del Gobierno. Después de meses de respaldar proyectos estratégicos, ahora reclaman reciprocidad. Pretenden que también avancen iniciativas propias y buscan participar con mayor protagonismo en la definición de las prioridades parlamentarias.

Se trata de una lógica absolutamente previsible.

Las alianzas legislativas nunca son gratuitas ni permanentes.

Se construyen sobre intereses compartidos y se sostienen mientras ambas partes perciben beneficios políticos.

El oficialismo enfrenta entonces un doble desafío. Por un lado, recomponer la convivencia interna dentro de su propio espacio. Por otro, reconstruir los puentes con aquellos sectores que hasta ahora permitieron sostener la gobernabilidad parlamentaria.

Ninguna de esas tareas parece sencilla.

Porque el principal problema no radica solamente en las diferencias personales entre dirigentes. El verdadero conflicto es cultural.

Existe todavía dentro del Gobierno una mirada que supone que la legitimidad otorgada por las urnas debería alcanzar para disciplinar automáticamente al resto del sistema político.

La experiencia demuestra exactamente lo contrario.

El Congreso posee tiempos, reglas y equilibrios propios que ningún gobierno puede ignorar, independientemente del respaldo electoral que haya obtenido.

Las mayorías se construyen voto por voto.

Proyecto por proyecto.

Artículo por artículo.

Esa fue siempre la esencia del parlamentarismo.

La reunión entre Villarruel y Bullrich probablemente haya servido para disminuir momentáneamente la temperatura de una relación deteriorada. Es una buena noticia si contribuye a recuperar racionalidad en un ámbito donde las diferencias habían escalado hasta niveles innecesarios.

Pero el verdadero examen comenzará cuando finalice el receso legislativo.

Será entonces cuando el oficialismo deba demostrar si aprendió de sus errores o si continuará transitando un camino donde las urgencias políticas siguen desplazando a la construcción de consensos.

Porque las internas pueden ocupar titulares durante algunos días.

Las leyes, en cambio, son las que finalmente determinan la eficacia de un gobierno.

Y ningún proyecto de transformación profunda puede sostenerse durante demasiado tiempo si quienes deben impulsarlo dedican más energía a resolver sus propios conflictos que a construir las mayorías necesarias para hacerlo realidad.