


La economía argentina logró derrotar a la inflación como principal preocupación de millones de personas, pero otro fenómeno comenzó a crecer silenciosamente hasta transformarse en una amenaza de enorme magnitud: la morosidad.
Los números ya no dejan lugar para interpretaciones. La cantidad de familias y empresas que no pueden cumplir con sus obligaciones financieras aumenta mes tras mes, encendiendo luces de alarma no sólo en los bancos sino también en los organismos internacionales.
En ese contexto, durante su reciente visita a la Argentina, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, dejó un mensaje que no pasó inadvertido. La titular del organismo sostuvo que el creciente nivel de mora requiere una respuesta coordinada y un compromiso para encontrar soluciones desde el Estado, entendiendo que el problema puede terminar afectando la estabilidad financiera y el proceso de recuperación económica.
La postura del FMI, sin embargo, contrasta con la visión del ministro de Economía, Luis Caputo.
El titular del Palacio de Hacienda viene sosteniendo desde hace meses que el incremento de la morosidad es una cuestión entre privados, en la que el Estado no debe intervenir directamente. Para Caputo, el fenómeno es consecuencia lógica de la reaparición del crédito luego de muchos años en los que prácticamente no existía financiamiento para el sector privado.
Su explicación es sencilla: los bancos volvieron a prestar, asumieron riesgos, concedieron algunos créditos de baja calidad y ahora enfrentan las consecuencias de esas decisiones.
Pero la realidad parece estar superando esa interpretación.
Los últimos datos publicados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) muestran un escenario mucho más delicado.
En mayo, el índice de irregularidad del crédito al sector privado alcanzó el 7,7%, aumentando 0,4 puntos respecto de abril y nada menos que 5,1 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado.
El deterioro tiene un claro protagonista: las familias.
La mora de los créditos familiares llegó al 12,8%, mientras que los préstamos personales alcanzaron un preocupante 15,9%, convirtiéndose en el segmento más comprometido del sistema financiero.
Las tarjetas de crédito tampoco escapan al problema, con una morosidad del 13,1%, mientras que los préstamos prendarios registraron un 7,7%. Los únicos que mantienen un comportamiento saludable son los créditos hipotecarios, cuya mora permanece en apenas 1,6%.
Detrás de esos porcentajes existen miles de historias.
Familias que comenzaron a utilizar nuevamente el crédito convencidas de que la estabilidad económica sería suficiente para sostener los pagos.
Trabajadores cuyos ingresos todavía no lograron recomponerse completamente.
Pequeñas empresas que venden menos de lo esperado y empiezan a financiar su funcionamiento con deuda.
La pregunta ya no es si la mora aumentará.
La pregunta es hasta dónde puede crecer antes de transformarse en un problema sistémico.
La diferencia conceptual entre Georgieva y Caputo es, en este punto, mucho más profunda de lo que parece.
Mientras el ministro entiende que la solución debe surgir del acuerdo entre bancos y deudores, el FMI advierte que cuando el volumen de incumplimientos alcanza determinados niveles deja de ser un conflicto privado para convertirse en un desafío macroeconómico.
No es una discusión menor.
Si el crédito comienza a frenarse por temor al aumento de la incobrabilidad, el consumo puede resentirse, la inversión perder dinamismo y la recuperación económica encontrar un nuevo obstáculo.
El propio Caputo reconoció meses atrás que muchas entidades financieras otorgaron créditos de mala calidad y luego reaccionaron restringiendo nuevos préstamos. Incluso cuestionó que algunos bancos intenten compensar el riesgo aplicando tasas demasiado elevadas, cuando —según su visión— deberían ofrecer mayores plazos y mejores condiciones para facilitar la cobranza.
Sin embargo, los datos muestran que el problema continúa profundizándose.
Y cuando los números empeoran mes tras mes, las explicaciones dejan de alcanzar.
Todo indica que el Gobierno nacional deberá revisar su estrategia.
No necesariamente para intervenir en la relación entre bancos y clientes, pero sí para generar condiciones que permitan contener una mora que comienza a expandirse con velocidad y amenaza con convertirse en uno de los principales desafíos económicos de los próximos meses.
Porque si algo quedó claro tras el mensaje de Georgieva es que el mundo financiero ya dejó de mirar la morosidad como un problema aislado.
Y en la Argentina, donde la recuperación económica todavía transita una etapa de consolidación, ignorar esa señal podría resultar mucho más costoso que enfrentarla a tiempo.








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