Santa Fe declaró la emergencia hídrica: habrá $10.000 millones y asistencia extraordinaria a municipios

La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó este jueves la ley que establece la emergencia hídrica en todo el territorio provincial, una medida que permanecerá vigente hasta el 30 de abril de 2027 y que busca acelerar la respuesta del Estado frente a los problemas derivados de las lluvias, anegamientos y daños en infraestructura.

El proyecto fue tratado sobre tablas y consiguió el respaldo de los diferentes bloques que integran la Cámara baja. De esta manera, Diputados convirtió en ley el texto que había sido aprobado una semana antes por el Senado provincial.

Entre las principales herramientas previstas se encuentra la creación de un fondo de $10.000 millones, destinado a atender las necesidades más urgentes vinculadas con la emergencia. La norma también contempla recursos extraordinarios para municipios y comunas, con el objetivo de facilitar la ejecución de obras y tareas necesarias en las localidades afectadas.

Otro de los puntos centrales es la conformación de una comisión bicameral, que tendrá la función de realizar un seguimiento de las medidas adoptadas durante la emergencia. El organismo deberá controlar además el avance de las obras y las contrataciones que se realicen en el marco de la ley.

Durante el debate, el diputado oficialista José Corral fue el encargado de defender la iniciativa y destacó la necesidad de contar con herramientas excepcionales para afrontar las consecuencias de los eventos climáticos y mejorar la capacidad de respuesta provincial.

La oposición acompañó mayoritariamente el proyecto, aunque el tratamiento no estuvo exento de cuestionamientos. Entre las voces críticas se encontraron el legislador justicialista Marcos Corach y la diputada de Vida y Familia Natalia Armas Belavi, quienes plantearon reparos sobre distintos aspectos de la implementación de la emergencia.

Con la sanción definitiva, el Gobierno provincial contará ahora con un marco legal específico para disponer de recursos y acelerar intervenciones vinculadas con el manejo del agua, el mantenimiento de infraestructura y la asistencia a las administraciones locales.

La emergencia permanecerá vigente hasta abril de 2027, período durante el cual la Legislatura deberá realizar un seguimiento de las medidas implementadas y del destino de los fondos extraordinarios previstos por la nueva normativa.