China avanza en América Latina y abre una nueva disputa por el poder económico global

China consolidó durante las últimas dos décadas una presencia cada vez más profunda en América Latina y el Caribe, extendiendo su influencia mucho más allá del intercambio comercial. Puertos, minería, energía, infraestructura, telecomunicaciones, tecnología y financiamiento forman hoy parte de una extensa red de vínculos económicos que convirtió a la región en un espacio estratégico para Beijing.

El avance chino también empieza a ser observado desde otra perspectiva: la competencia económica y geopolítica que se desarrolla en el Indo-Pacífico. Las principales potencias de esa región cuentan con recursos y capacidades suficientes para equilibrar la expansión china, pero todavía enfrentan dificultades para coordinar esas fortalezas y proyectarlas de manera conjunta hacia otras regiones del mundo.

En ese escenario, América Latina adquiere una importancia creciente.

Una presencia que va mucho más allá del comercio

Durante años, empresas chinas ampliaron su participación en sectores considerados estratégicos para las economías latinoamericanas. El desembarco incluyó inversiones en puertos, energía, minería, agricultura, transporte, telecomunicaciones y obras de infraestructura, además de créditos y acuerdos comerciales.

La expansión permitió a Beijing construir relaciones de largo plazo con numerosos gobiernos de la región y obtener posiciones en sectores que tienen una importancia que trasciende el negocio puntual.

Un ejemplo emblemático es el puerto de Chancay, en Perú. La puesta en funcionamiento del complejo en 2024 modificó las rutas comerciales del Pacífico sudamericano y fortaleció los vínculos logísticos entre China y América del Sur.

El proyecto también abrió la puerta a nuevas discusiones sobre corredores ferroviarios y conexiones terrestres capaces de vincular la producción brasileña con el puerto peruano. Si esas iniciativas avanzan, podrían modificar parte de las rutas tradicionales utilizadas para transportar las exportaciones sudamericanas hacia Asia.

El caso peruano plantea así una pregunta de alcance regional: ¿hasta dónde llegará la participación china en las principales redes de transporte de América del Sur?

La inversión china y el factor seguridad

El debate no pasa únicamente por cuánto dinero ingresa a un país mediante inversiones extranjeras. También importa quién realiza la inversión, qué tecnología aporta, cuánto valor permanece en el territorio receptor y cuáles son las obligaciones que debe cumplir la compañía con el Estado de origen.

En el caso de China, este último punto genera especial atención debido a la relación existente entre el sector privado y las estructuras estatales.

La Ley de Inteligencia Nacional china de 2017 establece obligaciones de cooperación de organizaciones y ciudadanos con las actividades de inteligencia del Estado. Esa normativa alimentó las dudas de distintos gobiernos occidentales respecto del grado de independencia con el que pueden operar algunas compañías chinas cuando sus actividades involucran tecnologías o infraestructura considerada estratégica.

El caso de Huawei se convirtió en uno de los ejemplos más discutidos. Las controversias internacionales alrededor de sus redes de telecomunicaciones pusieron bajo la lupa el posible acceso a información sensible y la relación entre las empresas tecnológicas y las autoridades chinas.

También surgieron episodios que incrementaron las sospechas. En diciembre de 2024, un ciudadano chino fue detectado realizando tareas de vigilancia frente a una sede diplomática en Asunción, Paraguay. El vehículo en el que se desplazaba estaba registrado a nombre de Huawei, un hecho que generó interrogantes sobre las actividades desarrolladas y el vínculo entre empresas privadas y estructuras estatales.

Nuevas reglas para las inversiones chinas en el exterior

Las modificaciones regulatorias implementadas recientemente por Beijing agregaron otro elemento al debate.

El Decreto 835, vigente desde abril de 2026, establece mecanismos de respuesta frente a lo que las autoridades chinas consideran acciones de otros Estados que ejercen una jurisdicción extraterritorial considerada injustificada.

Por otra parte, el Decreto 837, que entró en vigor en julio, estableció nuevas reglas para las inversiones chinas en el exterior e incorporó la seguridad nacional entre los principios que deben ser considerados en esas operaciones.

El nuevo marco contempla mecanismos de evaluación y revisión de determinadas inversiones internacionales, además de obligaciones que alcanzan a empresas y ciudadanos involucrados.

Estas disposiciones se suman a una estructura legal mucho más amplia mediante la cual Beijing busca garantizar que sus intereses económicos y estratégicos permanezcan alineados con los objetivos del Estado.

Para los gobiernos latinoamericanos, el interrogante es entonces concreto: ¿qué ocurre si los intereses comerciales de una empresa china entran en conflicto con una obligación que Beijing considera vinculada con su seguridad nacional?

La cuestión excede las diferencias ideológicas. También involucra seguridad, previsibilidad jurídica, protección de información estratégica y autonomía económica.

El Indo-Pacífico frente al avance chino

La expansión de China plantea además un desafío para las principales potencias del Indo-Pacífico. Japón, Corea del Sur, Taiwán, India, Australia y Filipinas cuentan individualmente con capacidades económicas, tecnológicas, industriales y militares significativas.

Sin embargo, todavía no lograron convertir todas esas fortalezas en una estrategia económica coordinada capaz de competir con la profundidad de la presencia china en terceros mercados.

La oportunidad para esos países podría estar precisamente en América Latina.

Japón posee experiencia en infraestructura y tecnología; Corea del Sur cuenta con grandes empresas industriales y tecnológicas; India tiene un enorme mercado interno y capacidades en sectores digitales; Australia es una potencia minera y energética; mientras que Taiwán ocupa una posición central en la industria global de semiconductores.

Una estrategia conjunta podría ofrecer a los países latinoamericanos alternativas frente a la creciente dependencia de capital, tecnología e infraestructura proveniente de China.

América Latina, en el centro de una nueva competencia

La región podría convertirse así en uno de los escenarios donde se defina parte de la competencia económica entre China y sus principales rivales asiáticos.

Para los gobiernos latinoamericanos, la disputa también puede representar una oportunidad. La llegada de capital extranjero puede contribuir al desarrollo de infraestructura, energía, transporte y tecnología, pero requiere evaluar cuidadosamente las condiciones de cada inversión y sus posibles consecuencias estratégicas.

El desafío no consiste necesariamente en elegir entre China y el resto del mundo, sino en evitar que una sola potencia concentre posiciones determinantes en sectores esenciales.

Mientras Beijing continúa ampliando su presencia en América Latina, las potencias del Indo-Pacífico todavía tienen pendiente transformar su potencial individual en una propuesta económica común.

La competencia ya comenzó. La pregunta es quién logrará ocupar primero los espacios estratégicos que todavía permanecen disponibles.