Malvinas: el Gobierno defiende un proyecto unificado

• El Gobierno analiza crear una comisión bicameral para seguir el trabajo del Consejo de Seguridad Nacional.
• Unión por la Patria insiste en separar las disposiciones sobre Malvinas de las reformas de Seguridad, Defensa e Inteligencia.
• María Ibarzabal Murphy defendió mantener unificado el proyecto y destacó la protección de los recursos argentinos.
• El avance del proyecto petrolero Sea Lion fue presentado como un punto de quiebre para el reclamo argentino sobre Malvinas.
• Aliados y dialoguistas reclaman cambios en el artículo 111 y negocian modificaciones al proyecto.
• El oficialismo busca dictaminar el martes 13 de octubre y llevar la iniciativa al recinto el miércoles 21.

El Gobierno avanzó en Diputados con la defensa de un proyecto que reúne disposiciones sobre la defensa de la soberanía nacional, las Islas Malvinas y distintas reformas vinculadas con Seguridad, Defensa e Inteligencia. Durante el plenario de comisiones, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, confirmó que el oficialismo analiza incorporar una comisión bicameral destinada a realizar el seguimiento del Consejo de Seguridad Nacional.

La funcionaria sostuvo que la creación de ese organismo permitiría fortalecer el control parlamentario sobre cuestiones consideradas estratégicas y planteó que los temas relacionados con la seguridad nacional requieren coordinación entre los tres poderes del Estado. La propuesta aparece mientras Unión por la Patria insiste en separar del proyecto el régimen especial referido a Malvinas y discutir por separado las modificaciones en materia de Seguridad, Defensa e Inteligencia.

Ibarzabal Murphy rechazó esa posibilidad y defendió la permanencia del texto unificado. Durante su exposición, afirmó que el Título I es “vital” para el Gobierno y sostuvo que la iniciativa apunta a generar herramientas que permitan fortalecer las relaciones diplomáticas y evitar que el reclamo por la soberanía quede limitado a declaraciones. También vinculó el proyecto con la necesidad de proteger los recursos argentinos.

Uno de los principales puntos mencionados durante el debate fue la situación de los recursos hidrocarburíferos y pesqueros en las Islas Malvinas. La secretaria Legal y Técnica hizo especial referencia al proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, y lo definió como un “punto de quiebre” dentro del escenario que rodea la explotación de recursos en las islas.

Según explicó, el proyecto avanzó hacia la posibilidad de concretar la explotación petrolera durante los próximos meses. Para el Gobierno, ese desarrollo representa un perjuicio para el reclamo argentino de soberanía y también compromete recursos considerados estratégicos.

Ibarzabal Murphy cuestionó además la Ley 26.659, sancionada en 2011, al considerar que presenta deficiencias técnicas que dificultan su aplicación. Entre sus observaciones, señaló que la normativa no contempla delitos vinculados con la actividad pesquera y que presenta disposiciones demasiado generales.

Mientras el oficialismo intenta sostener la estructura original de la iniciativa, distintos sectores de la oposición reclaman modificaciones. El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro expresó su preocupación por lo que definió como una concentración del poder y pidió que el canciller Pablo Quirno, el ministro de Defensa Carlos Presti y organizaciones de la sociedad civil participen del debate parlamentario.

En paralelo, el oficialismo negocia cambios en otros artículos para obtener respaldo de aliados y sectores dialoguistas. Entre los puntos cuestionados aparece el artículo 111, que establece penas de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de entidades u organismos extranjeros, busquen alterar procesos electorales o instituciones democráticas, manipular la opinión pública mediante campañas de desinformación o promover violencia y sabotaje.

Los sectores opositores advierten que esa disposición podría afectar el trabajo periodístico y generar autocensura. También permanece bajo análisis una eventual restricción a la compraventa de tierras rurales, aunque todavía no existe una definición sobre ese punto.

La discusión parlamentaria se desarrolla además en paralelo con la estrategia del oficialismo para evitar que avance una sesión solicitada por la oposición para el 15 de octubre, destinada a tratar el rechazo del DNU 70/23. Ese decreto, considerado central dentro del programa económico de La Libertad Avanza, ya había sido rechazado por el Senado el 14 de marzo de 2024.

El plenario de comisiones volverá a reunirse el martes 13 de octubre. El oficialismo apunta a obtener dictamen y llevar el proyecto al recinto el miércoles 21, en una sesión que también podría incorporar iniciativas vinculadas con discapacidad y sobreendeudamiento familiar. De este modo, el debate sobre la soberanía de Malvinas quedará integrado a una negociación legislativa más amplia, en la que también se discuten cuestiones de seguridad nacional, funcionamiento institucional y prioridades parlamentarias.