Florencia López cuestionó a la Corte por el fallo sobre la Ley de Tierras

• Florencia López cuestionó a la Corte por su decisión sobre la Ley de Tierras
• La senadora sostuvo que el máximo tribunal está alejado de las posiciones expresadas por parte de la sociedad
• La Corte revocó un fallo de la Cámara Federal de La Plata por falta de legitimación de la entidad demandante
• El tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23
• El peronismo llevó nuevamente al Congreso su rechazo a la derogación de la Ley 26.737
• Florencia López planteó que la actuación de los magistrados podría justificar un juicio político

La decisión de la Corte Suprema sobre el artículo 154 del DNU 70/23 generó nuevos cuestionamientos dentro del peronismo y volvió a instalar en el Congreso la discusión sobre la derogación de la Ley de Tierras. La senadora Florencia López criticó con dureza al máximo tribunal y sostuvo que existe un distanciamiento entre sus decisiones y las posiciones expresadas por sectores de la sociedad y por el Congreso.

López afirmó que la Corte está “disociada” del pueblo argentino y sostuvo que sus cuestionamientos no están dirigidos específicamente contra el Gobierno nacional. Según planteó, se trata de una crítica más amplia a una serie de decisiones judiciales que, desde su perspectiva, afectan a la población.

La legisladora vinculó su posición con el conflicto generado alrededor de la Ley 26.737, derogada mediante el artículo 154 del DNU 70/23. En ese marco, recordó las movilizaciones que, según afirmó, habían expresado su rechazo a la extranjerización de tierras y que impidieron que el Senado avanzara con una iniciativa relacionada con esa cuestión.

El planteo de López se produjo luego de que la Corte Suprema revocara una decisión de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU y había frenado la derogación de la normativa sobre tierras rurales. La decisión fue adoptada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti a partir de una cuestión previa vinculada con la legitimación de la entidad que había iniciado la demanda.

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata había promovido la acción judicial y la Corte consideró que no tenía legitimación para hacerlo. Por ese motivo, el máximo tribunal no avanzó sobre el fondo de la discusión y no determinó si el artículo 154 del DNU 70/23 es constitucional o no.

La resolución tampoco implicó, según lo señalado en el propio fallo, una definición sobre la validez de la derogación de la Ley de Tierras ni una interferencia sobre las atribuciones del Congreso para tratar los decretos de necesidad y urgencia. La controversia, sin embargo, volvió a quedar en el centro de la discusión política.

La Ley 26.737 había sido sancionada en 2011 y establecía un límite del 15% para la titularidad o posesión extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental. También fijaba un límite de 1.000 hectáreas en la denominada zona núcleo, junto con equivalencias para otras regiones.

López cuestionó además el lugar que ocupa la Corte dentro de la estructura institucional y sostuvo que se trata del poder del Estado que, según su interpretación, cuenta con una peor valoración social. La senadora consideró especialmente cuestionable que tres integrantes del máximo tribunal hayan tomado una decisión diferente de la posición que, según afirmó, habían expresado movilizaciones y representantes del Congreso.

A partir de esa interpretación, la legisladora planteó que la actuación de los magistrados podría justificar un juicio político. Su crítica se sumó a los cuestionamientos expresados por otros dirigentes de la oposición, que llevaron nuevamente la discusión sobre el DNU al ámbito parlamentario.

El jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, anticipó que impulsaría el rechazo del decreto y cuestionó el alcance de la decisión judicial. Cecilia Moreau, por su parte, reclamó que la Cámara de Diputados adopte una posición similar a la que ya había tomado el Senado, mientras que Esteban Paulón pidió una sesión especial urgente para abordar el tema.

De esta manera, el fallo de la Corte volvió a vincular la discusión judicial con el debate político sobre el DNU 70/23. Mientras el máximo tribunal resolvió la causa a partir de una cuestión procesal, el peronismo y otros sectores opositores mantienen abierta la disputa legislativa sobre la derogación de la Ley de Tierras y el alcance de las modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional.