El Gobierno busca destrabar la sesión en Diputados con un límite a la compra de tierras por extranjeros

• La Libertad Avanza analiza restringir la compra de tierras por extranjeros
• El oficialismo busca utilizar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para incorporar la discusión
• La oposición convocó a una sesión especial para el 15 de octubre
• Los bloques opositores reúnen cerca de 122 diputados y necesitan 129 para conseguir quórum
• Los diputados misioneros de Argentina Federal anunciaron que darán quórum y rechazarán el DNU 70/23
• El oficialismo evalúa llevar los debates sobre morosidad y discapacidad a una sesión propia el 21 de octubre

La Libertad Avanza analiza incorporar restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que deberá tratar la Cámara de Diputados. La iniciativa forma parte de una estrategia parlamentaria destinada también a modificar el escenario previsto para la sesión especial convocada por la oposición para el 15 de octubre.

Representantes del bloque libertario comenzaron a trabajar sobre la posibilidad el 6 de octubre, aunque todavía existen distintas alternativas en estudio. Una de ellas consiste en sumar un capítulo específico sobre la adquisición de tierras por extranjeros al proyecto que había sido impulsado por Federico Sturzenegger y que obtuvo media sanción del Senado, pero luego quedó sin avanzar.

La discusión cobró relevancia a partir de la situación generada por el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23. La oposición pretende incluir su rechazo entre los temas de la sesión especial, junto con cuestiones vinculadas al endeudamiento familiar, la morosidad y la emergencia en discapacidad.

El oficialismo considera que incorporar la cuestión de las tierras podría ofrecer una salida para los gobernadores aliados y los bloques dialoguistas que buscan fijar posición sobre la adquisición de propiedades rurales por extranjeros, pero que no necesariamente quieren votar en contra del decreto de Javier Milei.

La diferencia es importante porque el DNU debe ser considerado de manera integral y no permite una votación separada por capítulos. El decreto contiene más de 300 artículos y fue rechazado por el Senado el 14 de marzo de 2024, aunque todavía no fue tratado por la Cámara de Diputados y, por lo tanto, continúa vigente.

En ese contexto, la discusión por las tierras quedó nuevamente vinculada con la búsqueda de apoyos para definir el quórum de la sesión. Los ocho bloques opositores formalizaron la convocatoria con 32 firmas y reúnen cerca de 122 diputados, una cantidad que se encuentra siete bancas por debajo de las 129 necesarias para iniciar el debate.

La Libertad Avanza y sus aliados tampoco alcanzarían por sí solos el número requerido, ya que cuentan con alrededor de 120 bancas. Por ese motivo, los diputados vinculados con los gobiernos provinciales adquieren un papel relevante en las negociaciones previas a la sesión.

Los cuatro representantes misioneros de Argentina Federal ya anticiparon que concurrirán al recinto el 15 de octubre y que votarán en contra del DNU. La postura de ese bloque suma así un elemento concreto a una disputa en la que el oficialismo intenta evitar que la sesión opositora reúna los votos suficientes para avanzar con los distintos temas incluidos en el temario.

La situación de la propiedad rural también quedó condicionada por una decisión de la Corte Suprema. El 29 de septiembre, el máximo tribunal revocó el fallo que había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto. A partir de esa resolución volvieron a tener plenos efectos las modificaciones que habían eliminado los límites para la compra de tierras por extranjeros.

La Corte, además, convocó a dos conjueces para analizar un planteo de la Asociación Civil Árbol de Pie, que solicitó precisiones sobre los alcances de la decisión judicial y su impacto sobre un expediente en el que la entidad sostiene tener una legitimación diferente de la considerada en otro caso.

El oficialismo, mientras tanto, descartó trasladar la discusión sobre las tierras al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, alternativa que había sido mencionada para abordar la cuestión junto con Malvinas. La estrategia que toma fuerza apunta a utilizar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada como ámbito para introducir el debate y, al mismo tiempo, trasladar las discusiones sobre morosidad y discapacidad a una convocatoria propia prevista para el 21 de octubre.