Argentina se suma al reclamo del G20 contra la sobrecapacidad industrial

• Argentina suscribió una declaración del G20 contra la sobrecapacidad en sectores industriales estratégicos
• El documento cuestiona políticas estatales que sostienen una producción superior a la demanda mundial
• Cinco sectores fueron identificados como prioritarios para analizar el problema
• Los países firmantes acordaron crear plataformas de trabajo específicas por sector
• Argentina también participó de una declaración contra el trabajo forzoso en las cadenas globales
• La propuesta incluye controles, cooperación internacional e intercambio de información para detectar bienes producidos bajo explotación laboral

Argentina quedó incorporada a una declaración conjunta de 15 países que cuestiona la sobrecapacidad estructural en sectores manufactureros considerados estratégicos y advierte sobre los efectos que generan las políticas estatales destinadas a sostener niveles de producción superiores a la demanda mundial. Aunque el documento no identifica a ningún país en particular, el planteo está dirigido hacia modelos productivos en los que la intervención gubernamental mantiene una oferta que, según los firmantes, no respondería a condiciones normales de mercado.

La declaración fue suscripta durante una reunión del G20 realizada la semana pasada en Milwaukee, Estados Unidos. Además de Argentina, participaron Australia, Canadá, la Unión Europea, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, la República de Corea, México, Polonia, Turquía, el Reino Unido y Estados Unidos.

El pronunciamiento advierte que la sobrecapacidad puede alterar los precios y los patrones de producción a nivel global, desalentar inversiones y afectar las exportaciones que se desarrollan bajo condiciones consideradas competitivas. En ese marco, los ministros expresaron especial preocupación por la evolución de cinco sectores: automóviles y vehículos eléctricos, baterías, productos químicos, semiconductores básicos y paneles solares.

La declaración sostiene que la falta de medidas frente a esas distorsiones podría provocar el desplazamiento de la producción local, la pérdida de puestos de trabajo y un debilitamiento de determinadas economías nacionales. También incorpora una dimensión vinculada con la seguridad económica, al advertir que la concentración de la producción en un único país incrementa la dependencia de sus socios comerciales.

Según el documento, esa dependencia puede generar una mayor vulnerabilidad frente a eventuales medidas de coerción económica, incluidas restricciones arbitrarias a las exportaciones. Por ese motivo, los países firmantes reclamaron el abandono de políticas y prácticas ajenas al funcionamiento del mercado que contribuyan a sostener situaciones de sobrecapacidad.

Como parte de la respuesta, los ministros acordaron crear plataformas de trabajo específicas para cada uno de los cinco sectores identificados. Los primeros intercambios entre funcionarios de alto nivel comenzaron al margen del Comité de Comercio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Antes de diciembre de 2026, los equipos técnicos deberán establecer los términos de referencia, intercambiar información no confidencial y detectar vacíos de datos relacionados con la sobrecapacidad y sus consecuencias.

El objetivo será evaluar medidas que permitan limitar los efectos de esas distorsiones sobre el comercio y el empleo. El debate recupera una discusión planteada por el propio G20 en 2016, cuando sus líderes habían advertido que los subsidios y otras formas de respaldo estatal podían alterar los mercados y contribuir al exceso de capacidad mundial. Una década después, los ministros consideraron que el problema se profundizó y extendieron la preocupación hacia industrias vinculadas con la transición energética y la tecnología.

En paralelo, Argentina suscribió junto con Estados Unidos y México una segunda declaración centrada en el trabajo forzoso dentro de las cadenas globales de suministro. Los tres países plantearon la necesidad de impedir que bienes elaborados mediante explotación laboral ingresen al comercio internacional, al considerar que esa práctica vulnera derechos humanos y genera ventajas artificiales de precios.

La declaración trilateral tomó como referencia una estimación de la Organización Internacional del Trabajo, según la cual 28 millones de personas se encontraban sometidas a trabajo forzoso en 2021. Los países señalaron que los productos elaborados bajo esas condiciones perjudican a las empresas que cumplen con las normas laborales y también afectan la confianza en la equidad del sistema comercial.

Como respuesta, propusieron reforzar las medidas nacionales y la cooperación internacional para impedir la comercialización de esos bienes. También plantearon que la Organización Mundial del Comercio abra discusiones específicas, facilite el intercambio de información sobre cadenas de suministro consideradas de riesgo y permita compartir mecanismos de control y verificación.