Unidos se quedó solo para sacar la ley de emergencia de Aguas Santafesinas

El gobernador Maximiliano Pullaro logró que la Legislatura le apruebe el mensaje que declara la emergencia de Aguas Santafesinas S. (ASSA). Luego de una ola de aumentos muy fuertes, el gobierno planea cirugía mayor en las cuentas y marcha a un nuevo marco regulatorio. Objetivos: en el corto plazo achicar el déficit y en el largo refundar la empresa.

El nuevo régimen tarifario
La emergencia es hasta el 31 de diciembre de 2024, pero puede ser prorrogada por 12 meses. En ese lapso el Ejecutivo podrá alterar el régimen tarifario del servicio e aguas y cloacas. “Nos habilita a proponer un nuevo régimen que nos permita cobrar mejor de acuerdo al consumo, al uso (si es industrial o domiciliario) y de acuerdo a la situación económica de los usuarios”, le explicó a Letra P Darío Boscarol, uno de los directores de la empresa.
 
“Si queremos aumentar la tarifa tenemos que solicitarlo, el ente regulador lo estudia, llamar a audiencia pública y el ministerio debe aprobarlo, eso no cambia. Lo que sí cambia es la forma para calcular la tarifa”, especificó el funcionario y agregó que el nuevo régimen ya está en elaboración.

Si bien el Enress seguirá teniendo el mismo rol y no variará en la manera en que viene funcionando, la Casa Gris dice que es un buen momento para redefinir el rol de ese organismo, diseñado a medida del esquema de privatizaciones de los años 90. “Fue creado para controlar una empresa privada y hoy sigue siendo una sociedad anónima pero las acciones son del Estado provincial”, comentó Boscarol.
Déficit y suba de tarifas
La emergencia aprobada este jueves “tiene como fin atender en forma urgente la grave situación deficitaria que atraviesa Aguas Santafesinas”, según indica el artículo 1. Uno de los objetivos principales de Pullaro es reducir el rojo lo más rápido posible. Los aumentos que despertaron quejas en todos los ámbitos y llevaron las boletas a un piso, en promedio, de $30.000 mensuales, obedecen a ese fin.
Darío Boscarol le explicó a Letra P que a principios de año con los ingresos que generaba la tarifa solo cubría el 10% de los gastos operativos y el 90% restante lo financiaba el tesoro de la provincia. Actualmente, y luego de “aumentos de entre 300% y 500%”, la tarifa ya cubre el 50% de los gastos. “Se partía de una base muy baja”, justificó la suba el funcionario.

A pesar del sacudón inicial en los bolsillos, la escalada tarifaria no terminó. Las autoridades de la empresa quieren cubrir 65% o 70% de los gastos operativos con la recaudación propia, y estiman que lo lograrán con el aumento previsto para octubre, que será del 22% o 23% más. Aseguran que será el último del año. La “gran meta” para 2024 es que con la tarifa se llegue a saldar el 100% y que el Estado provincial no tenga que girar dinero para gastos corrientes.

El nuevo marco regulatorio y el control de los acueductos
El proyecto aprobado establece que antes de que se venza el plazo de emergencia, Pullaro deberá enviar a la Legislatura un nuevo marco regulatorio. Primero deberá definir el nuevo ADN de la empresa. Actualmente es una Sociedad Anónima, creada en 2006 para reemplazar a la concesionaria francesa, que tiene como socio con participación mayoritaria (51%) a la provincia de Santa Fe.

El abanico de posibilidades es amplio y en el seno del gobierno de Pullaro analizan distintas opciones. Podría ser continuar con la modalidad que viene funcionando, como sociedad anónima (de capital Estatal), como sociedad del Estado con incorporación de capital privado, o que sea una sociedad del Estado directamente. “Diría que la privatización en principio no está entre las variables posibles”, comentó Boscarol.

Por otra parte, la ley de emergencia le da a ASSA la administración y operación del sistema de grandes acueductos que la provincia viene construyendo desde 2007. Según Boscarol, esto ya ocurría de hecho, pero ahora se le da un marco normativo. Será potestad del Ejecutivo fijar el régimen tarifario de la provisión de agua potable a decenas y decenas de pueblos y ciudades a las que ASSA les deja el agua potable en la puerta de esas localidades.

Críticas de la oposición a la ley de Maximiliano Pullaro
A diferencia de la mayoría de las leyes aprobadas desde diciembre hasta ahora en la Cámara de Diputados, la ley de emergencia tuvo el estricto acompañamiento de la mayoría oficialista (la excepción fue el líbero Juan José Piedrabuena) y ninguno de los bloques de la oposición. Los 28 positivos de Unidos, 18 negativos y una abstención. El peronismo, la centroizquierda y el bloque Somos Vida se unieron en las críticas al proyecto oficialista.

“No tendríamos que estar votando una ley de emergencia sino iniciando un debate para tener un marco normativo”, declaró Lucila De Ponti que también presentó un proyecto de ley que busca regular los servicios sanitarios. La legisladora del Movimiento Evita cuestionó el “tarifazo” en las boletas y agregó que “no es de valientes declarar una emergencia que está direccionada a retener recursos de los vecinos”.

El diputado Omar Paredes de Somos Vida se quejó de que nunca recibieron la lista con las deudas que tienen los municipios y comunas con ASSA. “No se entiende la urgencia del Poder Ejecutivo por sancionar la ley”, dijo.

Marcos Corach del PJ se quejó de que “hagan solidariamente responsables a los municipios y comunas de la deuda que se acumule por la provisión, habilitando incluso a retenerles la coparticipación hasta un 5%”. Advirtió que a su entender es inconstitucional obligar a los municipios a conectarse a los acueductos de la provincia y calificó al tratamiento de ley como “apresurado e inconsulto”. También mencionó que la empresa está despidiendo personal. Algo que Boscarol admitió, aunque dijo que hasta ahora se registran “10 o 12 desvinculaciones”.

CON INFORMACION DE LETRA P.