



Tras un verano amargo y un gris comienzo de ordinarias, el Senado retomará el ritmo. Será con impulso de la oposición, empeñada en marcarle la agenda al oficialismo después de las derrotas sufridas en ese recinto. Hasta ahora no ha llegado a la Cámara alta el viento de cola que la Casa Rosada buscó capitalizar después de la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones porteñas del domingo pasado.
En Diputados consiguió debilitar a la oposición el miércoles pasado, que no llegó el quórum para sesionar. Sin embargo, en el Senado el escenario es distinto. El Gobierno no lo controla, porque la relación con la vicepresidenta Victoria Villarruel está congelada y la bancada oficialista tiene solo seis bancas. Una serie de fragilidades que serán puestas a prueba a partir del miércoles, cuando comience el debate en comisión de ocho proyectos presentados para ampliar la composición de la Corte Suprema de Justicia, que actualmente tiene cinco sillones: dos vacantes y otros tres ocupados por Horacio Rossati, Carlos Rozenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Con el destino de Ficha Limpia obturado, al menos por este año, el debate judicial volverá a recrudecer en torno a la composición del máximo tribunal. El Gobierno viene de afrontar el fracaso de las nominaciones del juez federal Ariel Lijo y del jurista Manuel García Mansilla. Cuando el Gobierno confirmó que no conseguía los dos tercios necesarios para el acuerdo del Senado, buscó designarlos en comisión por un año mediante un decreto. Con Lijo no pudo porque no renunció al juzgado federal 2 y la Corte le negó la licencia extraordinaria que le había otorgado la Cámara Federal porteña para poder mantener los dos cargos. García Mansilla aceptó la designación, pero solo estuvo cuarenta días en el cargo. La aventura se cortó el 4 de abril. Ese día el Senado rechazó los pliegos de ambos por una abrumadora mayoría que selló la derrota del oficialismo.
La sombra de esa sesión dejó un antecedente preocupante para el Gobierno y en especial para el asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de Justicia, Sebastián Amerio. Ambos fueron los garantes para las nominaciones de Lijo y García Mansilla. Fue la primera vez desde la recuperación democrática que el Senado rechazó el pliego de dos candidatos impulsados por el Ejecutivo. Es la marca más reciente de las mayorías que se pondrán en juego a partir de este miércoles. Hace cinco semanas, el pliego de Lijo cosechó 43 rechazos y 27 apoyos, mientras que García Mansilla llegó a los 51 votos en contra y 20 respaldos. En diálogo con PERFIL, en distintas bancas opositoras recuerdan ese momento como la demostración aritmética del error que le adjudican al Gobierno por enterrar la negociación más amplia que había explorado el año pasado con el peronismo y otros bloques. Había un diálogo que incluía designar al procurador, cargo que Ricardo Casal ocupa en forma interina desde el 31 de diciembre de 2017. El menú incluía ampliar la Corte y terminar con la histórica acefalía del Defensor del Pueblo. Se trabó todo cuando Caputo ordenó “los dos o nada”.
Uno de los conocedores de esa rosca tiró la primera piedra. El 7 de mayo el salteño Juan Carlos Romero presentó un proyecto para ampliar la Corte a siete miembros. El portavoz Manuel Adorni dijo que no era una iniciativa del Gobierno y despegó a la Rosada. Si bien se necesitan dos tercios para nombrar a los cortesanos, solo hace falta mayoría simple para aprobar un cambio en el máximo tribunal. En total hay ocho propuestas que plantean ampliar a 15, nueve y siete miembros.
La iniciativa de Romero tiene la mayor cantidad de respaldos dentro del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales que arrancará el miércoles. “Puedo dar fe que el peronismo lo apoyará”, aseguró uno de los autores de los proyectos. Apuestan a un debate rápido para llegar al recinto con velocidad.
También habrá otra reunión de comision para tratar la ampliación de los integrantes de Auditoría General de la Nación y el acortamiento de sus mandatos. Uno es de José Mayans, de UxP y tiene el mismo planteo que impulsa Martín Menem en Diputados, la cámara que preside. En esa arena también hay diálogos entre peronistas y libertarios.
Villarruel no entorpecerá esos movimientos pero transita días difíciles. Hace dos semanas impulsó la designación de Emilio Viramonte Olmos como secretario administrativo y consiguió los votos. Renunció esta semana. “Atento a la responsabilidad del cargo que me confirieron los senadores y viendo imposibilitado de cumplirlo, decido dar un paso al costado”, es la frase del portazo que le adjudican. El renunciante dejó entrever que no le dejan cumplir su función: administrar los fondos del Senado.
*Para www.perfil.com







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