La reforma laboral de Milei: desregulación, federalización y un nuevo equilibrio en el mundo del trabajo

• El proyecto propone mayor seguridad jurídica y límites a la litigiosidad laboral
• Se redefine el concepto de salario y el cálculo de indemnizaciones
• Se crea el Fondo de Asistencia Laboral para reducir costos y fomentar empleo
• Se elimina la ultraactividad de convenios y se federaliza la negociación colectiva
• Se introducen sanciones a prácticas sindicales consideradas desleales
• Se avanza en la digitalización integral de los registros laborales

El Gobierno presentó su Proyecto de Ley de Modernización Laboral como una de las piezas centrales de su programa económico y productivo. Con 71 páginas, la iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei y elaborada por los equipos de Capital Humano y del Ministerio de Desregulación busca redefinir aspectos estructurales del régimen laboral argentino, con el objetivo declarado de fomentar el empleo formal, reducir la litigiosidad y otorgar mayor previsibilidad a empresas y trabajadores. El texto propone cambios de fondo tanto en el derecho individual como en el colectivo, e introduce nuevas reglas para sectores como plataformas digitales, trabajo agrario y asociaciones sindicales.

El ministro Federico Sturzenegger detalló los principales ejes del proyecto, que incluye 16 puntos clave. Uno de los cambios más relevantes apunta a reforzar la seguridad jurídica. En ese marco, se redefine el principio de “duda a favor del trabajador”, que pasará a aplicarse solo ante dudas razonables de derecho y no como habilitación para interpretaciones amplias. Además, se fortalece la cosa juzgada: los acuerdos homologados no podrán reabrirse años después, una de las principales críticas empresarias al actual sistema.

Otro eje central es la delimitación de responsabilidades entre empresas en casos de subcontratación. El proyecto establece que la responsabilidad solidaria se limitará al período efectivo de prestación de servicios y aclara los deberes de control, al tiempo que pone fin a la aplicación extensiva de convenios colectivos fuera de su ámbito específico. En la misma línea, se redefine qué conceptos integran el salario: las propinas dejan de considerarse remuneración y se precisan los criterios para calcular indemnizaciones, manteniendo la regla de un sueldo por año trabajado, pero con parámetros más claros.

Para impulsar la creación de empleo, el proyecto introduce el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con un aporte del 3% sobre la base salarial que se compensa con una reducción equivalente de las contribuciones al sistema previsional. Según el Gobierno, este esquema permitirá bajar el costo laboral sin afectar derechos básicos y dará a las empresas mayor margen para reorganizarse sin estrés financiero.

La iniciativa también habilita nuevas modalidades de acuerdos laborales, como vacaciones fraccionadas, esquemas salariales más flexibles —incluso pagables en pesos o dólares— y amplía el acceso de los trabajadores a préstamos bancarios con código de descuento. En materia judicial, se modifican los criterios de honorarios de peritos y se introduce un baremo específico para discapacidades, con el objetivo de desalentar juicios inflados y reducir la litigiosidad.

Uno de los puntos más sensibles es el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos vencidos. Las condiciones de trabajo se mantendrán vigentes hasta la firma de un nuevo acuerdo, pero las cláusulas obligacionales caducarán y deberán renegociarse. Además, las empresas dejarán de ser agentes de retención de aportes obligatorios, que ya no podrán imponerse en ningún contexto. Este cambio se complementa con la redefinición de los servicios esenciales —que incluirán educación pública y transporte— y la tipificación de prácticas desleales, como bloqueos o daños a establecimientos, con sanciones severas que podrían llegar a la pérdida de personería jurídica.

El proyecto también propone una modificación sustancial en la prelación de convenios: los acuerdos por empresa, provinciales o regionales podrán prevalecer sobre los nacionales cuando las condiciones productivas lo justifiquen. El Gobierno define este punto como una “federalización del trabajo”, acompañada por la facilitación para crear sindicatos de empresa que acerquen la representación a los trabajadores. A ello se suma la creación de un registro laboral digital único en ARCA, que reemplazará libros y rúbricas y simplificará los trámites administrativos.

Desde Capital Humano sintetizan la iniciativa en cuatro pilares: crear empleo formal, mejorar salarios, reducir la litigiosidad y bajar los costos fiscales del trabajo sin eliminar derechos esenciales como indemnización, aguinaldo, vacaciones o jornada de ocho horas. El proyecto se completa con incentivos fiscales a la producción y a la inversión, incluyendo amortización acelerada, devolución de IVA y actualización de quebrantos impositivos.

La reforma abre así un debate profundo sobre el futuro del mercado laboral argentino. Mientras el oficialismo sostiene que se trata de una actualización necesaria para un sistema anclado en convenios de más de medio siglo, los sindicatos anticipan resistencias ante cambios que consideran regresivos. El tratamiento legislativo marcará el alcance real de una iniciativa que busca redefinir las reglas del trabajo en la Argentina.