El ajuste que ordena el tablero: Caputo recorta mientras Santilli busca votos

• El Gobierno profundiza el recorte del gasto para sostener el superávit y ajusta con fuerza las transferencias discrecionales a provincias.
• En noviembre, esas partidas cayeron 32,3% interanual en términos reales, el peor registro para ese mes desde 2005.
• La caída golpeó especialmente a la Ciudad de Buenos Aires, cuyos envíos se desplomaron 64% pese a la cautelar vigente de la Corte.
• Los principales desembolsos del mes se concentraron en la cautelar de CABA, educación, gas, hospitales y cajas previsionales.
• No hubo Aportes del Tesoro Nacional, un fondo que quedará virtualmente eliminado desde 2026 por ley.
• Mientras Caputo ajusta para cumplir la meta fiscal, Santilli busca apoyo político de gobernadores para el Presupuesto 2026.

Mientras el ministro del Interior, Diego Santilli, despliega un prolijo raid por las provincias para cosechar apoyos al Presupuesto 2026, la estrategia general del Gobierno transita por una avenida mucho menos diplomática. El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, continúa profundizando un ajuste que ya dejó números difícilmente comparables en las últimas dos décadas. La paradoja es evidente: mientras uno pide respaldo político, el otro recorta los fondos que permitirían construir esas mismas voluntades.

Según la consultora Politikon Chaco, las transferencias no automáticas —los llamados fondos “discrecionales”— alcanzaron en noviembre apenas $2,2 billones en el acumulado anual, lo que configura el segundo nivel más bajo desde 2005. Ese desplome no es accidental, sino parte de la arquitectura necesaria para sostener la meta fiscal. Caputo, atado a un sistema previsional indexado por inflación que limita su margen de maniobra, orienta la tijera hacia aquellos rubros donde el gasto sí puede tocarse: transferencias a provincias, subsidios, salarios y partidas sociales.

La hoja de ruta oficial busca cerrar el año con un superávit primario equivalente al 1,3% del PBI. El número, aunque algo inferior por décimas al objetivo indicativo del FMI, sigue dentro del rango aceptado, especialmente porque el acuerdo mide la meta en pesos y no como proporción del producto. Para noviembre, el techo estaba fijado en $10,4 billones; en octubre, Caputo había alcanzado los $12 billones. La señal es clara: el Gobierno está dispuesto a ajustar donde sea necesario para sostener el ancla fiscal.

En ese marco, noviembre mostró una caída del 32,3% interanual real en las transferencias no automáticas. Se trata del cuarto derrumbe consecutivo y del peor noviembre, medido en valores actuales, desde 2005. Con apenas $155.849 millones girados, los niveles están más próximos a la fase final de la crisis de la convertibilidad que a un período de estabilidad financiera. El ajuste es profundo, sostenido y, sobre todo, intencional.

Entre los datos más llamativos aparece la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La capital, amparada desde 2022 por una cautelar de la Corte Suprema que obliga al Estado Nacional a restituir parte de los fondos de coparticipación reducidos por un decreto de Alberto Fernández, venía recibiendo esos giros mediante mecanismos discrecionales. Jorge Macri había insistido en que el envío debía ser diario, a semejanza del sistema automático, pero la Corte nunca lo estableció. El resultado se verifica ahora: los giros a CABA se desplomaron 64% real en relación con noviembre del año pasado, ubicándose en apenas $48.627 millones.

La composición de los fondos enviados también ayuda a entender la lógica del recorte. En noviembre, el mayor desembolso correspondió justamente al cumplimiento de la medida cautelar de la Corte (unos $40.000 millones). Le siguieron programas como Universalización de la Jornada Extendida ($22.212 millones), Estímulo a la Producción de Gas Natural ($18.266 millones) y Funcionamiento de Hospitales ($17.019 millones), además de transferencias a cajas previsionales de Córdoba y Entre Ríos. El resto —una veintena de programas menores— sumó $47.352 millones. Todo dentro de un esquema de priorización quirúrgica: se conserva lo que resulta imprescindible para el funcionamiento estatal o para compromisos judiciales, y se desecha lo demás.

Lo que no estuvo en noviembre fueron los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Una señal política tan clara como contable: los ATN, la herramienta discrecional por excelencia para tejer alianzas en años electorales, están virtualmente congelados. Y su futuro es aún más acotado. Desde 2026, tras la sanción reciente —impulsada por sectores opositores con apoyo de gobernadores aliados al Gobierno— los ATN se distribuirán en forma automática, lo que elimina la discrecionalidad del Ejecutivo. El fondo, alimentado con el 1% de la recaudación impositiva, representaría unos $2 billones anuales a valores actuales. Una billetera menos en el menú político.

En paralelo, Santilli intenta cosechar respaldo para un Presupuesto que ya nace condicionado por la lógica del ajuste. Los gobernadores, cada uno con sus cuentas en rojo por la caída de transferencias, observan con cautela: apoyar el Presupuesto significa convalidar la continuidad del recorte que los afecta directamente. Pero enfrentarse al Gobierno implica desafiar la disciplina fiscal que Milei convirtió en su bandera.

La tensión, en definitiva, no es técnica sino política. Caputo sostiene el programa económico con la firmeza de quien considera que el déficit cero no es una meta sino una identidad. Santilli intenta construir mayorías en un Congreso fragmentado y con legisladores que sienten en tiempo real el impacto del ajuste en sus provincias. Entre ambos se despliega una pulseada sutil: ¿puede un Presupuesto obtener votos cuando esos votos provienen de jurisdicciones que han perdido recursos?

Esa pregunta, más política que contable, explicará gran parte de lo que ocurra en las próximas semanas en el Congreso. El ajuste ordena las cuentas, pero desordena el mapa de poder. El Gobierno apuesta a que, aun así, prevalezca la necesidad de previsibilidad. Los gobernadores, en cambio, evalúan cuánto margen tienen para acompañar sin asumir costos que luego deberán explicar en sus provincias.

Por lo pronto, el recorte avanza, silencioso pero decisivo. Y Santilli, carpeta en mano, deberá convencer a sus interlocutores de que el Presupuesto 2026 no será la continuidad del ajuste que ya están sintiendo. Una tarea que, a esta altura, parece más diplomática que técnica.