Santilli defendió el Presupuesto 2026 y advirtió que, sin cambios en leyes clave, habrá ajustes en otras partidas

• Santilli defendió la necesidad de aprobar el Presupuesto 2026 tras tres años sin una ley vigente.
• Cuestionó las leyes de emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario por su impacto fiscal.
• Aseguró que el 85% del gasto previsto se destina a jubilaciones y áreas sociales clave.
• Advirtió que el marco actual de pensiones por discapacidad podría habilitar hasta 1,6 millones de nuevas prestaciones.
• Reconoció un debate interno entre derogar o corregir esas leyes para sostener el equilibrio fiscal.
• Defendió la postergación de la reforma laboral en el Senado por razones de agenda y negociación política.

En medio de un clima legislativo atravesado por tensiones políticas y negociaciones cruzadas, el ministro del Interior, Diego Santilli, salió a defender con firmeza la necesidad de que el Congreso apruebe el Presupuesto 2026. Para el funcionario, el debate excede una discusión técnica y se inscribe en una definición de rumbo: ordenar las cuentas públicas luego de tres años sin una ley de presupuesto y consolidar una hoja de ruta que exprese la visión económica y social del Gobierno.

Santilli cuestionó con dureza las leyes de emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario que la oposición sostuvo en la Cámara de Diputados y que el oficialismo intentó modificar a través del artículo 75 del proyecto. Según explicó, esas normas representan un “exceso de regulación” que impacta de manera directa sobre el equilibrio fiscal. El rechazo opositor a ese artículo, reconoció, abrió un nuevo escenario de negociación política que obligará al Ejecutivo a redefinir su estrategia.

El ministro subrayó que la aprobación del Presupuesto resulta indispensable para dotar de previsibilidad a la gestión. “El país necesita un presupuesto”, insistió, al recordar que en los últimos tres años la administración nacional funcionó con prórrogas sucesivas. En ese sentido, sostuvo que contar con una ley votada por el Congreso no solo ordena las cuentas, sino que también fija prioridades y permite transparentar las decisiones de política pública.

En defensa del proyecto enviado por el Ejecutivo, Santilli destacó que el 85% del gasto previsto para 2026 está destinado a jubilaciones, gasto social, salud, educación y discapacidad. Aseguró, además, que en esos rubros las partidas contemplan aumentos por encima de la inflación proyectada, en línea con el compromiso oficial de proteger el gasto social mientras se avanza en el equilibrio fiscal. Esa afirmación busca contrarrestar las críticas opositoras que acusan al Gobierno de impulsar un ajuste indiscriminado.

Sin embargo, el eje más sensible de sus declaraciones estuvo vinculado a las pensiones por discapacidad. Santilli advirtió que el marco normativo vigente, llevado al extremo, podría habilitar hasta 1,6 millones de nuevas prestaciones. A su juicio, ese potencial crecimiento del universo de beneficiarios genera un impacto fiscal significativo que obliga a revisar la legislación actual. “No se trata de quitar derechos, sino de corregir desvíos que hacen inviable el sistema”, deslizó el funcionario.

En ese punto, el ministro admitió que dentro del propio oficialismo existe un debate abierto respecto de la estrategia a seguir: avanzar hacia una derogación de las leyes cuestionadas o impulsar correcciones parciales que permitan limitar su impacto presupuestario. De todos modos, fue claro al señalar que, si no se logra modificar ese marco legal, el Gobierno deberá ajustar otras partidas para sostener el equilibrio de las cuentas públicas. El mensaje funcionó como una advertencia hacia la oposición: bloquear cambios en áreas sensibles puede trasladar el ajuste a otros sectores del gasto.

Santilli también se refirió a la demora en el tratamiento de la reforma laboral en el Senado, otro de los proyectos centrales para la agenda del Gobierno. En ese sentido, defendió la decisión de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de ampliar los plazos para su discusión. Explicó que la postergación respondió a problemas de agenda vinculados a las fiestas de fin de año y a la acumulación de pedidos de audiencias por parte de distintos sectores. Según el ministro, la estrategia apunta a ordenar el debate y evitar un tratamiento apresurado que complique la viabilidad política de la iniciativa.

Las declaraciones del titular de Interior reflejan el delicado equilibrio que el Gobierno busca sostener en el Congreso: avanzar con un presupuesto que garantice previsibilidad y disciplina fiscal, mientras enfrenta resistencias opositoras en leyes consideradas sensibles. Con la negociación aún abierta, el Presupuesto 2026 se perfila como una de las principales pruebas políticas del oficialismo en el inicio del próximo año legislativo.