El Senado avanza con la Ley de Inocencia Fiscal y abre un nuevo capítulo en la política tributaria

• El Senado se dispone a sancionar la Ley de Inocencia Fiscal tras el tratamiento del Presupuesto 2026.
• El proyecto busca incentivar la formalización de dólares obtenidos durante el cepo cambiario.
• Crea un Régimen Simplificado de Ganancias que elimina el control sobre variaciones patrimoniales.
• Eleva de manera significativa los montos mínimos para configurar delitos de evasión.
• Reduce de cinco a tres años el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias.
• El oficialismo destaca su potencial recaudatorio, mientras la oposición advierte sobre sus efectos en la equidad fiscal.

El Senado se encamina a convertir en ley este viernes el proyecto de Inocencia Fiscal, una de las iniciativas más relevantes del paquete económico impulsado por el Gobierno, orientada a incentivar el ingreso al circuito formal de los dólares acumulados durante los años de cepo cambiario. La discusión se dará en una sesión convocada para el mediodía, aunque el oficialismo prevé que el tratamiento se concrete luego de despejar el debate por el Presupuesto 2026, considerado la principal prioridad política del Poder Ejecutivo.

La iniciativa ya cuenta con media sanción y con dictamen favorable de un plenario de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, presidida por el senador Juan Carlos Pagotto. Ese aval fue otorgado tras un extenso debate que se prolongó hasta la madrugada del 18 de diciembre, en una señal del peso político que el Gobierno le asigna al proyecto. Con el respaldo de bloques aliados, el oficialismo confía en lograr la sanción definitiva sin mayores sobresaltos.

El armado de mayorías se apoyó en el acompañamiento de la Unión Cívica Radical, el PRO y legisladores provinciales de Misiones, Corrientes y Tucumán. En contraste, el peronismo decidió no participar del tratamiento en comisiones, en rechazo a la conformación de esos cuerpos asesores, y mantiene una posición crítica frente a la iniciativa, a la que cuestiona por su impacto en la equidad del sistema tributario.

El núcleo del proyecto es la creación de un Régimen Simplificado de Ganancias, que el Gobierno presenta como una herramienta para “blindar” a los contribuyentes que adhieran. El esquema estará disponible para personas con un patrimonio de hasta 10.000 millones de pesos y elimina la obligación de informar variaciones patrimoniales, así como el control sobre los consumos personales. En los hechos, el impuesto a las Ganancias se calculará únicamente sobre los ingresos facturados, sin que el crecimiento del patrimonio sea objeto de verificación por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Este diseño implica un cambio profundo en la lógica de fiscalización. Sobre la base imponible declarada, los contribuyentes podrán deducir consumos y quedarán liberados de justificar incrementos patrimoniales futuros. El artículo 39 del proyecto incorpora además el denominado “efecto liberatorio del pago”: una vez aceptada la declaración jurada propuesta por el organismo recaudador y cumplido el pago en término, el contribuyente quedará a salvo de reclamos posteriores, salvo que se compruebe la omisión de ingresos.

La Ley de Inocencia Fiscal también introduce modificaciones sustanciales en el régimen penal tributario. El umbral para considerar una conducta como evasión simple se eleva de 1,5 millones de pesos a 100 millones, mientras que la evasión agravada pasará a configurarse recién cuando el monto supere los 1.000 millones de pesos. Se trata de un salto significativo respecto de los valores vigentes, que redefine el alcance de la persecución penal en materia impositiva.

Otro punto clave es la reducción del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias, que se acorta de cinco a tres años. En ese marco, ARCA no iniciará acciones penales si el contribuyente regulariza su situación y cancela las deudas con los intereses correspondientes. Este beneficio podrá utilizarse una sola vez por persona, según establece el texto aprobado en comisión.

Desde el oficialismo, la defensa del proyecto se apoya en la necesidad de ampliar la base de contribuyentes y atraer al sistema formal los dólares que permanecen fuera del circuito legal. La apuesta es que la simplificación, junto con un menor riesgo penal, genere incentivos suficientes para la regularización voluntaria. Las críticas, en cambio, apuntan a que el esquema podría consolidar un trato diferencial en favor de quienes evadieron en el pasado y debilitar los mecanismos de control fiscal.

Con el debate del Presupuesto 2026 como telón de fondo, la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal marcaría un nuevo hito en la estrategia económica del Gobierno, con impacto directo sobre la recaudación, la relación entre el Estado y los contribuyentes y el diseño del sistema tributario en los próximos años.