La caída de la coparticipación complica el respaldo provincial a la reforma laboral del Gobierno

• La coparticipación a provincias cayó 6,7% real en enero y encendió alarmas fiscales.
• La reforma laboral incluye una rebaja impositiva que afectaría ingresos provinciales.
• El Impuesto a las Ganancias, eje del conflicto, es un tributo coparticipable.
• Santilli busca apoyo político mientras Caputo resiste cambios en el proyecto.
• El IVA fue el principal factor de la caída en las transferencias automáticas.
• La tensión fiscal complica el armado de consensos entre Nación y gobernadores.

El inicio del año encontró a las provincias con menos recursos y con un margen de maniobra cada vez más estrecho frente a las iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional. En ese contexto adverso, el ministro del Interior, Diego Santilli, enfrenta serias dificultades para sumar apoyos entre los gobernadores a una reforma laboral que incluye una rebaja de impuestos a las empresas y que, por su diseño, impactaría de manera directa sobre los ingresos provinciales.

Los números de enero encendieron una señal de alerta temprana. Las transferencias automáticas desde la Nación hacia las provincias y la Ciudad de Buenos Aires registraron una caída del 6,7% en términos reales en comparación con el mismo mes del año anterior. El dato surge de un informe elaborado a partir de estadísticas oficiales y confirma que el deterioro fiscal subnacional no es un fenómeno aislado, sino parte de un escenario de estancamiento económico más amplio.

La baja en los envíos se produce, además, en simultáneo con el debate interno dentro del propio gabinete nacional. Según trascendió en las últimas semanas, Santilli habría advertido al presidente Javier Milei que la reforma laboral tendría mayores chances de ser aprobada si se retirara el artículo que reduce la carga del Impuesto a las Ganancias para las empresas. La razón es sencilla: se trata de un tributo coparticipable, por lo que cualquier modificación impacta de lleno en las arcas provinciales. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, se mantiene firme en su postura de no resignar ese punto clave del proyecto.

La tensión no es menor. Para las provincias, comenzar el año con una merma cercana al 7% en los recursos automáticos implica un golpe directo a su capacidad de gestión, especialmente en distritos que ya arrastran dificultades para sostener gastos corrientes y compromisos salariales. Para la Nación, en cambio, la rebaja impositiva aparece como una de las pocas herramientas disponibles para intentar reactivar una economía que muestra signos persistentes de parálisis.

Caputo viene sosteniendo que la etapa más dura del ajuste del gasto público está llegando a su fin y que, para preservar el superávit fiscal, será indispensable que la actividad económica vuelva a crecer. En esa lógica, la reducción de impuestos al sector privado es vista como un incentivo necesario para atraer inversiones. El problema es que ese objetivo choca con la realidad financiera de los gobernadores, que observan cómo se achican sus ingresos sin contar con mecanismos de compensación claros.

El detalle de las transferencias de enero muestra con precisión dónde se concentra el problema. La coparticipación federal de impuestos, que representa más del 90% del total de los envíos automáticos, sufrió una caída real del 8% interanual. La explicación principal se encuentra en el desempeño del IVA, que se retrajo cerca de un 12%, mientras que el Impuesto a las Ganancias prácticamente no mostró variaciones reales.

En contraste, los regímenes especiales y leyes complementarias tuvieron un comportamiento más favorable, con incrementos reales impulsados por el Monotributo y por fondos vinculados al sector energético. También se observó una mejora en las compensaciones derivadas del Consenso Fiscal, que crecieron por encima de la inflación. Sin embargo, estos aumentos no alcanzaron para revertir la tendencia general, dominada por la debilidad de la recaudación tributaria.

El panorama que surge de estos datos refuerza la posición de las provincias en la negociación política. Con menos recursos y sin señales claras de recuperación inmediata, los gobernadores cuentan con argumentos sólidos para resistir una reforma que, al menos en el corto plazo, profundizaría sus dificultades fiscales. Para el Gobierno nacional, en cambio, el desafío pasa por conciliar su estrategia de estímulo económico con la necesidad de sostener consensos mínimos en un sistema federal cada vez más tensionado.