La semana que confirmó el nuevo mapa de poder

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

Hay semanas que no se anuncian como históricas, pero terminan siéndolo. La que acaba de cerrarse dejó una señal política difícil de ignorar: el Gobierno logró convertir su impulso electoral en resultados concretos dentro del Congreso. La aprobación —con media sanción— de la reforma laboral en el Senado y del nuevo régimen penal juvenil en Diputados no fue solo un triunfo legislativo. Funcionó como demostración de capacidad política, coordinación estratégica y lectura del momento histórico.

Más que el contenido puntual de las iniciativas, lo que define la magnitud del episodio es el cambio de clima institucional. Durante décadas, cualquier intento de reformar el régimen laboral chocó contra barreras políticas casi infranqueables. Esta vez ocurrió lo contrario: el oficialismo consiguió articular apoyos suficientes, incorporar ajustes tácticos y sostener el núcleo de su programa. El mensaje fue inequívoco: aun sin mayorías propias, es posible construir gobernabilidad cuando existe decisión política y una estrategia clara.

La reforma laboral —presentada como un proceso de modernización— apunta a adaptar reglas que nacieron en otra economía, en otra cultura productiva y bajo otra lógica tecnológica. No se trata únicamente de flexibilizar estructuras, sino de reconocer que el mundo del trabajo cambió de manera irreversible. Plataformas digitales, nuevas formas de contratación y dinámicas globales exigen marcos regulatorios que acompañen la transformación. El Congreso, al otorgar media sanción, reconoció esa necesidad.

El mismo razonamiento atraviesa la reforma del régimen penal juvenil. La reducción de la edad de imputabilidad responde a una demanda social persistente vinculada a la seguridad y a la percepción de que ciertos delitos graves requieren respuestas proporcionales. El Gobierno interpretó ese clima social y lo tradujo en una iniciativa que logró respaldo parlamentario amplio. Más allá del debate técnico —que continuará—, la señal política es clara: existe voluntad de actualizar normas frente a realidades que la legislación vigente ya no cubre adecuadamente.

Estos avances también revelan un fenómeno político más profundo. El oficialismo desplegó una ingeniería parlamentaria basada en acuerdos puntuales, diálogo con gobernadores y apertura a sectores moderados. No se trata de una coalición formal, sino de una red de convergencias construida proyecto por proyecto. Esa modalidad —pragmática y flexible— permitió neutralizar resistencias históricas y transformar una minoría numérica en una mayoría funcional.

En contraste, la oposición mostró dificultades para sostener una estrategia unificada. El peronismo, tradicional eje de la política legislativa argentina, atraviesa un proceso de redefinición interna. Sectores con prioridades territoriales o productivas optaron por acompañar aspectos de las reformas, mientras otros mantuvieron posiciones más rígidas. La votación dejó expuesta esa diversidad de miradas que, lejos de ser anecdótica, refleja una transición estructural dentro del principal espacio opositor.

La semana, en definitiva, confirmó que el Congreso dejó de ser un terreno de bloqueo automático para convertirse en un espacio donde la negociación produce resultados. El Gobierno capitalizó ese cambio con eficacia, mostrando que la gobernabilidad puede construirse aun en escenarios fragmentados. Es una lección política que trasciende coyunturas: el poder parlamentario ya no depende exclusivamente de mayorías estables, sino de la capacidad de articular intereses diversos en torno a objetivos concretos.

Nada de esto garantiza inmunidad frente a errores futuros. Todo ciclo político exitoso enfrenta el desafío de administrar su propio impulso. Pero el cierre de la semana dejó una conclusión provisoria: el oficialismo logró instalar la idea de que sus reformas no son promesas abstractas, sino políticas capaces de atravesar el filtro legislativo.

Ese dato —más simbólico que jurídico— redefine expectativas. Para aliados y opositores, indica que el Gobierno no solo propone cambios, sino que tiene la habilidad de convertirlos en decisiones institucionales. Y en la política argentina, donde tantas iniciativas mueren en el camino, esa capacidad vale tanto como el contenido de las leyes.