Avanza la ley contra trapitos y cuidacoches: Diputados dio media sanción a un régimen con sanciones y programas de inclusión

La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó una iniciativa que busca reforzar el control sobre la actividad de cuidacoches y trapitos en todo el territorio provincial. El proyecto, que ya contaba con media sanción del Senado, fue modificado durante su tratamiento en la Cámara baja y deberá regresar ahora a la Cámara alta para su revisión definitiva.

La propuesta introduce cambios en el Código de Convivencia provincial y establece nuevas contravenciones para quienes exijan pagos por el estacionamiento, el cuidado o el lavado de vehículos en espacios donde dichas actividades estén prohibidas.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que su aplicación quedará supeditada a la adhesión de municipios y comunas, que deberán decidir si incorporan el nuevo régimen dentro de sus jurisdicciones.

Además de endurecer las sanciones, el proyecto incorpora herramientas de carácter social destinadas a ofrecer alternativas laborales a quienes actualmente desarrollan estas tareas de manera informal.

Entre las modificaciones más relevantes figura la incorporación del artículo 66 bis al Código de Convivencia. Allí se establece que las personas que soliciten o exijan una retribución económica de manera intimidatoria por el cuidado o lavado de vehículos podrán ser sancionadas con una prohibición de concurrencia de hasta 60 días a determinados sectores o espacios públicos.

La pena podrá agravarse y extenderse hasta los 120 días cuando la actividad se realice en áreas de estacionamiento medido o en zonas cercanas a eventos masivos, donde habitualmente se registra una mayor concentración de vehículos y de personas.

El texto también contempla la posibilidad de sustituir esas sanciones por trabajos comunitarios, incorporando una alternativa que combine el carácter correctivo de la medida con una función de integración social.

Otro aspecto novedoso de la iniciativa es la creación de una figura específica destinada a sancionar a quienes organicen, coordinen o administren este tipo de actividades de manera irregular. En esos casos, se prevé una pena de arresto de hasta diez días y restricciones para acercarse al lugar donde se desarrollaban las actividades por un plazo que podría extenderse hasta los 240 días.

Junto con las sanciones, el proyecto incorpora un abordaje social que apunta a ofrecer herramientas de inclusión para las personas alcanzadas por la normativa. En ese sentido, obliga al Gobierno provincial y a los municipios que adhieran a implementar programas orientados a la capacitación laboral, la inserción en el mercado de trabajo y la asistencia integral.

Las acciones previstas incluyen cursos de formación en oficios, programas de intermediación laboral y acompañamiento en situaciones vinculadas a problemáticas de salud mental o consumos problemáticos, con el objetivo de brindar alternativas concretas a quienes dependen de esta actividad para generar ingresos.

La iniciativa también contempla una reforma en la estructura judicial provincial. Para garantizar una respuesta más rápida en este tipo de infracciones, se propone la creación de dos nuevos cargos de jueces de primera instancia, uno con asiento en Rosario y otro en la ciudad de Santa Fe. Ambos se incorporarán a los Colegios de Jueces Penales.

El proyecto original aprobado por el Senado establecía una prohibición total de la actividad de los trapitos. Sin embargo, durante el debate en Diputados se introdujeron modificaciones que combinaron sanciones con mecanismos de reinserción social, una decisión que obligará a una nueva revisión por parte de la Cámara alta.

Ahora será el Senado el encargado de definir el futuro de la iniciativa. Los legisladores podrán aceptar los cambios realizados por Diputados y convertir el proyecto en ley, proponer nuevas modificaciones o rechazar las reformas incorporadas durante el tratamiento.

Mientras continúa el debate legislativo, la propuesta se instala como uno de los temas más relevantes de la agenda provincial, en medio de las discusiones sobre seguridad, convivencia urbana y políticas de inclusión social en las principales ciudades santafesinas.