Juego clandestino: 4 abogados y un ex piloto de F1 implicados junto a Traferri

"Una imagen que remite a los años en los que Traferri y el exgobernador Perotti mostraban una estrecha cercanía política."

JUEGO CLANDESTINO: CUATRO ABOGADOS Y UN EX PILOTO DE FÓRMULA 1 IMPLICADOS EN LA TRAMA QUE SALPICA A TRAFERRI

La investigación sobre el juego clandestino en Santa Fe volvió a sacudir a la política provincial con una nueva batería de imputaciones que alcanzan a reconocidas figuras del ámbito jurídico, político y empresarial. Entre los acusados aparecen el ex diputado provincial Darío Scattaglini y el ex piloto de Fórmula 1 Oscar "Popi" Larrauri, señalados por integrar una presunta organización destinada a proteger y expandir negocios vinculados al juego ilegal.

Los fiscales Marisol Fabbro y José Luis Caterina expusieron ante los jueces que la estructura tenía como eje central al senador Armando Traferri, a quien describieron como el principal conductor de una asociación ilícita que habría operado durante años con ramificaciones políticas, judiciales y económicas.

Según la acusación, el grupo garantizaba cobertura institucional al empresario del juego Leonardo Peiti, permitiéndole desarrollar una extensa red de apuestas y máquinas tragamonedas distribuidas en distintos puntos de la provincia. La protección habría alcanzado tanto el plano legislativo como el judicial, evitando controles y obstaculizando investigaciones.

Además de Scattaglini y Larrauri, también fueron imputados los abogados José Francisco Fernández Chemes, Fernando Moschini, Alberto Tortajada y Aníbal Porri, todos señalados por haber desempeñado funciones específicas dentro de la organización.

Una estructura con funciones definidas

La hipótesis fiscal sostiene que la organización operaba mediante diferentes áreas. Un sector estaba encargado de administrar el negocio del juego y sus ganancias; otro concentraba la recaudación política; mientras que un tercer brazo se ocupaba de asegurar protección dentro del sistema judicial.

En este último segmento aparecen involucrados el ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal, ya condenado por hechos vinculados a la misma trama, el ex fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad y los abogados Porri y Tortajada.

Los investigadores también describieron un mecanismo destinado a ocultar el origen de los fondos obtenidos mediante el juego clandestino. En ese esquema ubicaron a Scattaglini, Fernández Chemes y Larrauri, quienes habrían participado en maniobras societarias para encubrir la verdadera titularidad de empresas utilizadas para canalizar recursos provenientes de actividades ilegales.

El rol político y la sucesión de Paulichenco

Uno de los aspectos más sensibles de la investigación se relaciona con la presunta utilización de dinero proveniente del juego para financiar actividades políticas y garantizar favores dentro del Ministerio Público de la Acusación.

En ese contexto, los fiscales volvieron a mencionar al fallecido Ricardo Paulichenco, histórico secretario legislativo del Senado santafesino, a quien describieron como una figura clave en la recaudación de fondos para el sector político.

La acusación sostiene que, tras la muerte de Paulichenco, parte de esas responsabilidades habrían sido asumidas por Scattaglini, quien pasó a tener una influencia creciente dentro de la organización. Los investigadores lo consideran una pieza fundamental del denominado "brazo político", encargado de transmitir directivas y gestionar cuestiones relacionadas con el negocio del juego dentro de la Cámara de Diputados.

Empresas, testaferros y lavado de activos

Otra de las maniobras bajo sospecha involucra a la firma Southgame SRL. Según la investigación, Fernández Chemes y Larrauri habrían figurado como propietarios formales de la empresa para ocultar a los verdaderos beneficiarios del negocio.

Los fiscales sostienen que la sociedad era utilizada para canalizar recursos provenientes tanto de actividades legales como ilegales vinculadas al juego. En septiembre de 2020, afirman, Peiti transfirió la firma a ambos imputados mediante una operación simulada valuada en 200 mil dólares.

La acusación remarca que los involucrados conocían el origen de los fondos y la finalidad de las maniobras destinadas a disimular la procedencia del dinero.

La polémica imputación contra Moschini

Uno de los capítulos más delicados de la audiencia estuvo relacionado con el abogado Fernando Moschini, a quien se le atribuye haber intervenido para conseguir beneficios procesales para Leonardo Peiti.

Según la Fiscalía, Moschini habría gestionado contactos con profesionales de la salud mental para obtener informes psiquiátricos que facilitaran una internación médica del empresario, permitiéndole abandonar la prisión preventiva y cumplir una medida alternativa en una clínica de Rosario.

La investigación sostiene además que, posteriormente, una asociación civil de Casilda vinculada a quienes participaron en esos trámites habría recibido subsidios gestionados desde el Senado provincial. Para los fiscales, esos aportes constituyeron una contraprestación por los servicios prestados en favor de Peiti.

Por este motivo, Moschini fue imputado por presunto peculado de caudales públicos.

Destrucción de pruebas y pagos a funcionarios

La lista de acusaciones también alcanza al abogado Aníbal Porri. Los investigadores sostienen que le recomendó a Peiti eliminar evidencia comprometedora, incluyendo su teléfono celular, para evitar que pudiera ser utilizada en futuras investigaciones.

Además, indicaron que Porri acompañó personalmente al empresario cuando entregaba dinero a los entonces fiscales Serjal y Ponce Asahad, pagos que, según la acusación, tenían como objetivo garantizar protección judicial y evitar el avance de causas vinculadas al juego clandestino.

Con estas nuevas imputaciones, la causa vuelve a colocar bajo la lupa a dirigentes políticos, ex funcionarios judiciales y empresarios que habrían formado parte de una compleja red destinada a sostener uno de los mayores esquemas de juego ilegal investigados en la historia reciente de Santa Fe. El avance del expediente promete abrir nuevos capítulos en una trama que continúa generando fuertes repercusiones institucionales y políticas en toda la provincia.