La causa que investiga presuntos vínculos con fondos de la AFA seguirá en el fuero penal económico

La Cámara Nacional en lo Penal Económico resolvió que la causa continúe en la Ciudad de Buenos Aires.

La investigación analiza si fondos presuntamente vinculados a la AFA fueron utilizados para adquirir bienes millonarios.

La mansión de Pilar valuada en unos 17 millones de dólares es uno de los principales activos bajo análisis.

Luciano Pantano y Ana Conte figuran entre los principales imputados del expediente.

La pesquisa se amplió hacia un entramado de sociedades, movimientos patrimoniales y relaciones económicas ligadas al fútbol.

Los jueces consideraron que el fuero penal económico posee la especialización adecuada para continuar la investigación.

La investigación judicial que busca determinar si recursos presuntamente vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fueron utilizados para adquirir una lujosa mansión en Pilar y otros bienes millonarios continuará bajo la órbita de la Justicia Penal Económica de la Ciudad de Buenos Aires. Así lo resolvió la Cámara Nacional en lo Penal Económico, que rechazó el planteo de los principales imputados y ordenó que el expediente regrese al juzgado que intervino originalmente en la causa.

La decisión representa un paso importante para una pesquisa que, con el correr de los meses, dejó de enfocarse exclusivamente en una propiedad valuada en aproximadamente 17 millones de dólares para adentrarse en el análisis de sociedades comerciales, movimientos patrimoniales y presuntos vínculos económicos relacionados con dirigentes y personas cercanas al mundo del fútbol.

Los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio concluyeron que la investigación debe permanecer en el Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N° 10, a cargo de Verónica Straccia. Además, ordenaron que todas las actuaciones que habían sido enviadas al Juzgado Federal de Campana sean remitidas nuevamente a la Ciudad de Buenos Aires.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por Elisa Carrió y Facundo Del Gaiso. El expediente procura establecer si la adquisición de una mansión ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, junto con una colección de automóviles valuada en casi cuatro millones de dólares y otros activos patrimoniales, pudo formar parte de maniobras destinadas a ocultar el origen de fondos.

Los principales investigados son Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, vinculados a la firma Real Central SRL, propietaria del inmueble. La hipótesis judicial apunta a determinar si esa sociedad actuó como una estructura utilizada para canalizar recursos que tendrían relación con dirigentes de la AFA y si existió capacidad económica real para justificar operaciones de semejante magnitud.

Uno de los aspectos que más interés genera en los investigadores es la eventual conexión entre las operaciones patrimoniales bajo análisis y distintas personas relacionadas con la conducción del fútbol argentino. En ese marco, durante la instrucción aparecieron referencias a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, además de integrantes de su entorno familiar y comercial.

La resolución judicial destaca que la investigación evolucionó significativamente desde su inicio. Lo que comenzó como una pesquisa centrada en la compra de un inmueble pasó a transformarse en el análisis de un entramado societario y financiero de mayor complejidad, con múltiples actores y operaciones económicas bajo observación.

Precisamente por esa razón, la Cámara consideró que el criterio para determinar la competencia no debía estar dado por la ubicación física de la mansión en Pilar, sino por los lugares donde se habrían desarrollado las operaciones investigadas. Los jueces señalaron que gran parte de las actividades comerciales, societarias y financieras examinadas tuvieron lugar en la Ciudad de Buenos Aires.

También remarcaron que varias de las sociedades bajo investigación poseen domicilio en territorio porteño y que la escritura mediante la cual se concretó la compra de la propiedad fue firmada en una escribanía de la Capital Federal. Estos elementos fueron considerados determinantes para mantener la causa dentro del fuero penal económico.

Otro de los argumentos centrales del fallo fue la especialización técnica de ese fuero para investigar delitos vinculados con presunto lavado de activos y maniobras financieras complejas. La Cámara coincidió así con el criterio sostenido por el fiscal general Gabriel Pérez Barberá, quien había recomendado que el expediente regresara a Buenos Aires.

Además, los magistrados rechazaron la idea de que la investigación pudiera desarrollarse de manera más eficiente en Campana. Por el contrario, sostuvieron que el juzgado que originalmente intervino en el caso había impulsado numerosas medidas de prueba y mantenido un ritmo constante de trabajo hasta que fue desplazado por una decisión que posteriormente resultó anulada.

Con esta resolución, la investigación vuelve a concentrarse en el análisis de los presuntos vínculos entre las operaciones patrimoniales examinadas y personas relacionadas con la AFA. La Justicia buscará determinar si detrás de la adquisición de bienes millonarios existieron maniobras con relevancia penal o si los fondos utilizados tuvieron un origen legítimo y debidamente justificado.