La designación del hijo de Rosatti como juez federal reavivó la disputa entre la oposición y el Gobierno

• El Gobierno oficializó la designación de Emilio Rosatti como juez del Tribunal Federal.
• El magistrado es hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
• La designación fue formalizada mediante el Decreto 445/2026 firmado por Javier Milei y Juan Bautista Mahiques.
• Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde cuestionaron la decisión desde el bloque Justicialista.
• La oposición vinculó el nombramiento con el debate sobre la denominada “casta” y las relaciones entre política y Justicia.
• La polémica reavivó las discusiones sobre los vínculos institucionales entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

La oficialización de Emilio Rosatti como integrante del Tribunal Federal generó una inmediata reacción del kirchnerismo, que cuestionó al Gobierno nacional por haber convertido su nombramiento en el primer pliego judicial aprobado por el Senado que recibió el correspondiente decreto presidencial. La decisión volvió a instalar el debate sobre los vínculos entre el poder político y el Poder Judicial, además de alimentar nuevas críticas de la oposición hacia la administración de Javier Milei.

La designación quedó formalizada a través del Decreto 445/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. De esta manera, Emilio Rosatti quedó oficialmente incorporado al Tribunal Federal de Juicio con asiento en la provincia de Santa Fe, luego de haber obtenido previamente el acuerdo de la Cámara alta.

Sin embargo, la decisión no pasó inadvertida debido a que el magistrado es hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, una circunstancia que fue rápidamente utilizada por dirigentes opositores para cuestionar la coherencia del discurso oficial respecto de la denominada “casta”.

Las primeras críticas llegaron desde el bloque Justicialista del Senado. La senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti fue una de las voces más contundentes al señalar que, de los 74 pliegos judiciales aprobados por la Cámara alta, el primero en recibir el decreto presidencial correspondió precisamente al hijo del titular del máximo tribunal del país.

La legisladora interpretó esa decisión como una contradicción respecto de los postulados que el oficialismo utilizó durante la campaña electoral y desde su llegada al poder. En ese marco, vinculó el nombramiento con las reiteradas referencias de La Libertad Avanza contra los sectores tradicionales de la política y del poder institucional argentino.

En una línea similar se manifestó el senador Mariano Recalde, quien también apuntó contra lo que considera una estrecha relación entre determinados sectores políticos y judiciales. Para el dirigente porteño, el episodio constituye una demostración de la influencia que determinados actores conservan dentro de las estructuras del Estado.

Las críticas del kirchnerismo se concentraron especialmente en la velocidad con la que avanzó la formalización de la designación. Si bien el pliego había sido aprobado por el Senado siguiendo los mecanismos institucionales previstos por la Constitución, los cuestionamientos se enfocaron en la decisión del Poder Ejecutivo de otorgarle prioridad frente a otros nombramientos que también aguardaban la correspondiente oficialización.

Dentro de la oposición consideran que el episodio refuerza las sospechas sobre la existencia de vínculos privilegiados entre sectores de la dirigencia política y algunos de los principales referentes del Poder Judicial. Bajo esa interpretación, la designación alimenta una discusión que desde hace años atraviesa el escenario político argentino y que suele resurgir cada vez que se producen nombramientos de relevancia dentro de la estructura judicial.

La participación del ministro de Justicia en la firma del decreto también fue objeto de observaciones por parte de sectores opositores. Desde el kirchnerismo sostienen que el caso vuelve a poner bajo análisis la relación institucional entre el Ejecutivo y los distintos actores del sistema judicial, un tema que históricamente generó fuertes controversias en la política nacional.

El debate adquiere una dimensión especial debido al rol que ocupa Horacio Rosatti al frente de la Corte Suprema. Como presidente del máximo tribunal, su figura suele ubicarse en el centro de las disputas entre el oficialismo y distintos sectores opositores, particularmente en cuestiones vinculadas al funcionamiento de la Justicia y a las decisiones institucionales de mayor impacto.

Mientras tanto, desde el Gobierno no hubo pronunciamientos específicos sobre las críticas formuladas por los legisladores justicialistas. La designación avanzó conforme al procedimiento establecido para los magistrados federales y quedó oficialmente consumada con la publicación del decreto correspondiente.

De todos modos, la polémica volvió a exponer las tensiones existentes entre el oficialismo y el kirchnerismo en torno al funcionamiento del Poder Judicial. En un escenario político atravesado por múltiples disputas institucionales, el nombramiento de Emilio Rosatti se convirtió en un nuevo motivo de confrontación entre quienes denuncian la persistencia de vínculos entre sectores de poder y quienes defienden la legalidad del procedimiento seguido para cubrir vacantes judiciales.