Modernización industrial: el Gobierno flexibiliza la importación de maquinaria usada para potenciar la competitividad

El Poder Ejecutivo Nacional implementó una profunda reforma en las reglas del comercio exterior orientadas al sector productivo. A través del Decreto 483/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, se oficializó la actualización del régimen de importación de maquinaria usada destinada a proyectos industriales. La medida busca modernizar un esquema que databa de 2016, con el propósito de reducir los tiempos administrativos, desburocratizar los trámites e incentivar la inversión privada para mejorar la inserción competitiva de las empresas locales.

Entre las principales novedades del nuevo marco normativo destaca la ampliación de los bienes permitidos. A partir de ahora, las empresas podrán ingresar al país líneas de producción completas que combinen equipos usados, sus accesorios indispensables y bienes destinados a la conformar "almacenes inteligentes", que combinan software y maquinaria automatizada. Asimismo, se autoriza la importación de tecnologías usadas para el tratamiento o eliminación de sustancias contaminantes en plantas fabriles o de generación eléctrica. Respecto a la antigüedad, el límite de fabricación se estira hasta los 20 años, alcanzando una tolerancia de hasta 30 años para aquellos equipos que hayan sido reconstruidos o actualizados tecnológicamente.

A pesar de las facilidades, la Secretaría de Industria y Comercio mantendrá exigencias de contrapartida para proteger el mercado interno. Las firmas beneficiadas tendrán la obligación de adquirir bienes nuevos de origen nacional por un valor equivalente al 10% del total importado, inversión que podrá direccionarse a la misma línea de producción o a sus proveedores directos. Además, se requerirá un dictamen técnico avalado por ingenieros matriculados o universidades públicas, y las obras deberán ponerse en marcha en un plazo máximo de un año.

Con el fin de agilizar la operatoria, las solicitudes se canalizarán digitalmente mediante la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCEA) y se mantendrá la Constancia de Expediente en Trámite (CET), un documento que permite retirar los equipos de la aduana bajo la constitución de garantías mientras se evalúa el proyecto. Finalmente, el decreto endurece los castigos para desalentar maniobras especulativas. Ante fraudes documentales o incumplimientos de inversión, el Gobierno aplicará multas del 20% de los impuestos evadidos e inhabilitaciones de hasta tres años para operar en el régimen, extendiendo estas nuevas reglas a todos los trámites que aún permanecen pendientes de resolución.