El costo político de las señales cruzadas

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

La política tiene una particularidad que rara vez falla: los escándalos no siempre destruyen a los gobiernos; muchas veces los desgasta más la forma en que reaccionan frente a ellos. El verdadero problema no suele ser la denuncia inicial sino las contradicciones posteriores, las señales cruzadas, las explicaciones que cambian según el interlocutor y las internas que terminan saliendo a la superficie cuando deberían permanecer detrás de una puerta cerrada.

Eso es lo que parece estar ocurriendo en el oficialismo alrededor de la situación que atraviesa Manuel Adorni. Más allá de la consistencia o debilidad de las acusaciones que enfrenta, lo que quedó expuesto durante los últimos días fue algo quizás más delicado para cualquier administración: la sensación de que dentro del propio Gobierno no existe una posición unificada sobre cómo administrar la crisis.

La escena fue reveladora. Mientras una parte del oficialismo transmitía la idea de que el funcionario debía evitar una exposición pública en el Senado para no convertir una sesión institucional en un espectáculo político, el propio involucrado se mostraba dispuesto a asistir y responder preguntas. El resultado fue desconcertante. No porque existan diferencias internas —algo absolutamente normal en cualquier gobierno— sino porque esas diferencias se expresaron públicamente y en tiempo real.

En política, la autoridad se construye tanto con decisiones como con mensajes. Y cuando los mensajes son contradictorios, la autoridad se resiente.

Lo llamativo es que la discusión dejó rápidamente de girar alrededor de la investigación y pasó a concentrarse en la conducta del propio Gobierno. ¿Quién tomó la decisión? ¿Fue una suspensión? ¿Fue una recomendación? ¿Fue una estrategia defensiva? ¿Fue una medida consensuada o una imposición de un sector sobre otro? Cuantas más preguntas aparecen alrededor de un episodio, más difícil resulta controlar su impacto.

El oficialismo llegó al poder exhibiendo una narrativa de verticalidad y conducción clara. La promesa era simple: terminar con las disputas permanentes que habían caracterizado a muchas administraciones anteriores. Sin embargo, los acontecimientos recientes muestran algo distinto. Aparece un entramado de dirigentes que envían señales diferentes, que construyen estrategias paralelas y que, en algunos casos, parecen competir por imponer una mirada sobre cómo enfrentar los problemas.

La tensión entre quienes consideran que un funcionario cuestionado debe exponerse y dar explicaciones inmediatamente y quienes entienden que conviene preservarlo hasta que baje la temperatura política no es nueva. Ha ocurrido en prácticamente todos los gobiernos. Lo novedoso es la visibilidad que adquirió esa discusión.

Porque cuando un oficialismo empieza a debatir sus diferencias frente a las cámaras, el problema deja de ser interno.

La oposición observa.

Los aliados toman nota.

Los mercados evalúan.

Y la opinión pública comienza a preguntarse quién conduce realmente las decisiones.

La situación adquiere además una dimensión institucional relevante. La obligación del jefe de Gabinete de concurrir al Congreso no es un detalle administrativo ni una cortesía política. Forma parte del mecanismo de control previsto por la Constitución. Por eso cada ausencia, cada postergación y cada discusión sobre la conveniencia de asistir termina adquiriendo una carga simbólica mucho mayor que la que podría parecer a primera vista.

Desde el oficialismo argumentan que existen razones procedimentales, que aún faltan pasos parlamentarios o que determinados requisitos no fueron cumplidos. Puede ser. Pero la política rara vez se mueve únicamente por reglamentos. También funciona a partir de percepciones.

Y la percepción que quedó instalada es incómoda.

Si un funcionario está convencido de su posición, la tendencia natural sería aprovechar cada instancia institucional para defenderse. Si decide no hacerlo, o si otros consideran que no debe hacerlo, inevitablemente se abre una discusión sobre las verdaderas razones de esa decisión.

Ese vacío es el que alimenta las especulaciones.

La otra consecuencia tiene que ver con la relación entre el Gobierno y sus socios legislativos. Los aliados suelen tolerar errores. Lo que les cuesta aceptar son las sorpresas. Cuando sienten que las reglas cambian sobre la marcha o que las decisiones se toman sin consulta previa, comienza un proceso silencioso pero peligroso: la pérdida de confianza.

Y la confianza, en un Congreso fragmentado, vale tanto como los votos.

Los dirigentes que hasta hace poco acompañaban disciplinadamente las iniciativas oficiales empiezan a recalcular. No necesariamente porque quieran romper con el Gobierno, sino porque buscan reducir riesgos propios. La política argentina está llena de experiencias donde los aliados fueron los primeros en advertir problemas que el núcleo de poder tardó demasiado en reconocer.

Por eso el episodio excede largamente la figura de Adorni.

Lo que está en juego no es solamente el futuro político de un funcionario ni la evolución de una investigación judicial. Lo que aparece en discusión es la capacidad del oficialismo para administrar una crisis sin multiplicarla, para sostener una estrategia común y para evitar que las diferencias internas terminen debilitando su posición pública.

Las crisis políticas no siempre nacen de los hechos. Muchas veces nacen de las respuestas.

Un gobierno puede atravesar denuncias, investigaciones e incluso escándalos si logra transmitir coherencia en su reacción. Lo que suele resultar más difícil de superar es la sensación de improvisación.

Porque cuando una administración parece discutir consigo misma, el debate deja de estar en los expedientes, en las pruebas o en las acusaciones.

Empieza a instalarse en otro terreno.

El de la confianza.

Y una vez que la confianza comienza a erosionarse, ninguna explicación alcanza por sí sola para recuperarla.